Estela Ambriz Delgado
El presidente del Consejo Hídrico Estatal (CHE), Jonathan Abraham Quintero García, consideró que cuando el acceso al agua depende cada vez más de resoluciones legales, se evidencia una falla más profunda: la incapacidad de las instituciones para garantizar este derecho mediante una gestión pública efectiva.
La opinión se da en relación al surgimiento de propuestas ciudadanas y la organización que se inició en colonias de la zona norte para exigir por la vía jurídica el cumplimiento del derecho humano al agua, así como el análisis que hace Interapas de implementar igualmente medidas jurídicas para el cobro de cartera vencida a deudores del sector industrial y comercial.
El también investigador del Colegio de San Luis (Colsan) indicó que ambas posturas coinciden en que la respuesta a los problemas del agua gira hacia el uso de mecanismos legales, lo que en principio puede parecer positivo, dado que implica reconocer que el acceso al agua es un derecho que se puede exigir y que también deben existir consecuencias para quienes no cumplen con sus obligaciones, como los grandes deudores.
Sin embargo, puntualizó que convertir las disputas legales en el eje principal para enfrentar la crisis hídrica tiene límites y contras importantes. Los procesos jurídicos suelen ser lentos, costosos y atienden casos específicos, no el problema de fondo.
“Una demanda puede resolver la situación de una colonia o recuperar un adeudo, pero no corrige las causas estructurales del desabasto, como la sobreexplotación del agua, el crecimiento urbano desordenado o la desigual distribución del recurso”.
Quintero García señaló que a lo anterior se suma el riesgo de omisión de las autoridades responsables como en el caso de Puerto La Descubridora en San Nicolás Tolentino, donde la Comisión Estatal del Agua (CEA) lleva casi un año sin acatar la resolución de un juicio de amparo emitido por un juzgado federal, y la comunidad continúa sin acceso al agua de manera asequible, continua y segura.
Además de que existe el riesgo de que este enfoque aumente las desigualdades porque no todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceder a la justicia, por lo que quienes cuentan con más recursos pueden defender mejor su derecho al agua, mientras que los sectores más vulnerables quedan en desventaja.
Por otro lado, afirmó que cuando el acceso al agua depende cada vez más de resoluciones legales, se evidencia una falla más profunda, como lo es la incapacidad de las instituciones para garantizar este derecho mediante una gestión pública efectiva.
“La judicialización no es una solución de fondo, sino un síntoma de que el sistema no está funcionando adecuadamente. La vía legal puede ser una herramienta válida de presión y de exigencia de responsabilidades, pero no puede sustituir la necesidad de políticas públicas integrales”.
En ese sentido reiteró a las autoridades que la crisis del agua sólo puede enfrentarse atendiendo sus causas estructurales, que en el caso del estado y su zona metropolitana son el acaparamiento del recurso por sectores extractivos y mercantiles; el modelo urbano especulativo y sin planificación sostenible; el crecimiento acelerado e insostenible de actividades de alto consumo hídrico; y la mercantilización del agua.
Además de que entre dichas causas destacó un modelo de gestión marcado por el corto plazo, el desinterés por obras hídricas prioritarias, la arbitrariedad en el abasto del recurso, la opacidad, la limitada participación social, la influencia de intereses partidistas-electorales y un enfoque predominantemente tecnocrático, con frecuentes procesos de captura por intereses privados.
El presidente del CHE concluyó que, frente a ello, es indispensable impulsar una transición hacia un modelo de gestión hídrica basado en la planeación de largo plazo, la regulación efectiva, la participación social particularmente de la comunidad académica y de los sectores más vulnerables, un enfoque multidisciplinario, transparencia en el manejo financiero y del agua, y una distribución más equitativa del recurso.
“Sin estos elementos, los conflictos seguirán trasladándose a los tribunales sin resolver de fondo la problemática”.
