Fernanda Durán
Una jueza Federal negó amparos a dos experitos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) acusados de alterar y perder un resto óseo, durante las indagaciones sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Las personas señaladas son Mauricio Cerón Solana y Patricia Gómez Ramírez, las cuales impugnaron la vinculación a proceso que enfrentan desde octubre de 2021, por el probable delito contra la administración de la justicia dentro de la causa penal 586/2021.
La jueza Ruby Castellanos Barradas determinó que la vinculación a proceso no atenta contra los derechos de los implicados, por lo que no hay causa legal para cancelar el proceso en su contra.
La sentencia señala que Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de control en el reclusorio oriente y quien vinculó a proceso a los presuntos responsables, valoró correctamente los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal que demuestran que se cometieron hechos que atentan contra la administración de justicia.
La Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) imputó a los peritos por haber llevado a cabo, sin mandamiento ministerial ni justificación legal, una diligencia de búsqueda de los restos de los 43 normalistas, en el Río San Juan, en Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), ambos peritos se encontraban en el Río San Juan, Cocula por orden del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.
No obstante, sin indicación alguna removieron sedimentos y evidencia hasta localizar una alforja negra de la que extrajeron al menos una pieza ósea. Dicha evidencia nunca fue procesada ni analizada por la Coordinación de Servicios Periciales de la PGR y hasta ahora se desconoce el paradero de la muestra sustraída.
