María Ruiz
Durante las audiencias realizadas los días martes 13 y jueves 15 de enero, el juez de control negó diversas solicitudes presentadas por la defensa de los imputados en el caso de la tragedia ocurrida en el antro Rich, en la Plaza Alttus, donde dos jóvenes perdieron la vida tras caer de un barandal al interior del establecimiento que operaba de manera irregular como centro nocturno.
El martes 13 de enero, se llevó a cabo una audiencia en la que se abordó la posibilidad de una salida alterna y juicio abreviado con reparación del daño, propuesta que fue rechazada por el juez.
Posteriormente, el jueves 15 de enero, se realizaron dos audiencias acumuladas. En la primera, la defensa de Nancy N. solicitó el sobreseimiento del proceso, argumentando irregularidades; sin embargo, el juez negó la petición.
En la segunda parte de la audiencia, los imputados Nancy N., Ulises N. y Francisco N., solicitaron una salida alterna, proponiendo arraigo domiciliario mediante el uso de un brazalete electrónico con monitoreo las 24 horas, los siete días de la semana.
No obstante, no presentaron garantías de funcionamiento ni de seguridad del dispositivo, además de exponer argumentos poco creíbles, por lo que el juez negó nuevamente la solicitud.
Con ello, el proceso avanzó a la audiencia intermedia, programada para el viernes 23 de enero a las 10:00 horas.
Tras las audiencias, Ramón Infante, padre de uno de los jóvenes fallecidos, expresó su preocupación por la falta de actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE), al considerar que ha dejado pasar el tiempo de manera omisa.
Infante advirtió que el plazo legal para fincar responsabilidades contra funcionarios públicos estatales y municipales es de dos años, por lo que existe el riesgo de que los delitos prescriban, mientras el tiempo continúa corriendo.
El padre de la víctima señaló que, hasta el momento, no se percibe que la Fiscalía haya llamado a comparecer a funcionarios estatales, municipales ni a los propietarios de la plaza, a quienes considera los principales responsables de la tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en el establecimiento conocido como Antro Rich.
Aseguró que existen pruebas documentales, incluyendo informes de la Contraloría Municipal de San Luis Potosí y de la Contraloría del Gobierno del Estado, que acreditan irregularidades graves en la operación del negocio.
Infante señaló que presuntamente la Secretaría General de Gobierno del Estado estaría entorpeciendo el avance del proceso judicial, pese a que las solicitudes para proceder legalmente contra los funcionarios responsables ya han sido presentadas en varias ocasiones.
“Vamos a seguir caminando poco a poco hacia adelante, pero es urgente que la Fiscalía actúe antes de que el plazo legal se agote”, concluyó.
