Fernanda Durán
Dos juzgados federales concedieron suspensiones provisionales relacionadas con las medidas impuestas por el Consejo Técnico Consultivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí contra profesoras de la Licenciatura en Criminología, en medio del conflicto interno que desde mayo enfrenta a estudiantes, docentes y autoridades universitarias.
De acuerdo con resoluciones emitidas el pasado 2 de junio dentro de los expedientes 938/2026 y 838/2026, los juzgados Tercero y Cuarto de Distrito analizaron las medidas preventivas dictadas por el Consejo Técnico luego de las denuncias estudiantiles presentadas contra docentes señaladas por presuntas irregularidades académicas, hostilidad y conflictos dentro del aula.
En el caso del expediente 938/2026, el Juzgado Tercero de Distrito concedió una suspensión provisional a una profesora investigadora al considerar, de manera preliminar, que la separación total de sus actividades académicas “no es proporcional” y que incluso afecta “la honra de la quejosa al sin que a la fecha haya sido encontrada responsable de las conductas que denuncian”.
La resolución ordena suspender parcialmente la ejecución de las medidas emitidas el 26 de mayo por el Consejo Técnico y establece que la UASLP deberá emitir una nueva determinación provisional donde se delimite específicamente cuáles actividades implican contacto con las y los estudiantes denunciantes, suspendiendo únicamente esas funciones mientras continúa el procedimiento interno.
Además, el acuerdo fija un plazo de 24 horas para cumplir con la determinación judicial y señala que la suspensión surtirá efectos inmediatos mientras se resuelve si se concede o no la suspensión definitiva.
En contraste, el expediente 838/2026, resuelto por el Juzgado Cuarto de Distrito, negó la suspensión provisional solicitada por otra profesora para dejar sin efectos las medidas preventivas impuestas por la Facultad de Derecho, al considerar que detener el procedimiento administrativo podría afectar el interés social y el orden público.
La resolución sostiene que las medidas preventivas implementadas por el Consejo Técnico buscan salvaguardar el entorno educativo y garantizar condiciones objetivas para el desarrollo imparcial del procedimiento, sin prejuzgar sobre la responsabilidad de la docente involucrada.
Sin embargo, el mismo juzgado también determinó que no era procedente suspender totalmente el pago de salarios y prestaciones de la profesora mientras continúa el procedimiento, por lo que concedió una suspensión provisional para garantizar el acceso al “mínimo vital”, equivalente al 30 por ciento de sus percepciones.
Los documentos judiciales señalan que el conflicto se originó después de que estudiantes de Criminología presentaran diversas inconformidades contra profesoras de la carrera, relacionadas con presuntas prácticas hostiles, temas ajenos a la currícula, condicionamiento de evaluaciones, conflictos por tesis y dinámicas dentro del aula.
Las resoluciones también dejan ver diferencias de criterio entre ambos juzgados respecto al alcance de las medidas cautelares implementadas por la universidad. Mientras uno de los órganos jurisdiccionales consideró que la separación total de funciones podría vulnerar principios como la presunción de inocencia y el debido proceso, el otro sostuvo que la continuidad del procedimiento administrativo tiene un interés público que debe preservarse.
El conflicto escaló públicamente en días recientes, luego de que estudiantes de Criminología realizaran una manifestación en el Edificio Central de la UASLP para exigir la permanencia de docentes como José Luis Carpio Domínguez y César Hernández Mier, así como acciones contra profesoras vinculadas a la colectiva Las 6N: Elia Edith Argüelles Barrientos, Carla Monroy Ojeda y Xóchitl Guadalupe Rangel Romero.
Durante ese encuentro, el rector Alejandro Zermeño Guerra reconoció la existencia de tensiones internas entre grupos docentes dentro de la Facultad de Derecho y afirmó que las decisiones definitivas dependerían de las resoluciones y valoraciones del Consejo Técnico Consultivo.
