Por Victoriano Martínez

Karla del Carmen Pontigo Lucciotto murió el 29 de octubre de 2012 y hoy, poco más de siete años después, la verdadera investigación sobre su asesinato apenas comenzará.

Su muerte no fue accidental, fue un feminicidio.

Pero los responsables de esclarecerlo se encargaron de simular la procuración de justicia y, con ello, le violaron a la familia de Karla los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a una vida libre de discriminación y violencia basada en el género.

Fernando Toranzo Fernández, Cándido Ochoa Rojas y Miguel Ángel García Covarrubias desde sus posiciones como gobernador, secretario de gobierno y procurador de justicia, respectivamente, hoy también deben ser puestos bajo investigación para establecer su grado de responsabilidad en la negligencia que por siete años atormentó a la familia de Karla.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo a la madre y al hermano de Karla, dentro del expediente 1284/2015, porque les violaron sus derechos fundamentales al impedirles participar activamente en la investigación del homicidio.

La violación a sus derechos, como parte de la familia de la víctima, afecta a toda la sociedad. Al considerarlo así, la SCJN ordenó iniciar los procedimientos para sancionar administrativa, e incluso penalmente, a las autoridades que intervinieron.

Toranzo Fernández, Ochoa Rojas y García Covarrubias no pueden quedar fuera de la investigación, sin perder de vista que en la recomendación 55/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se señalan ocho funcionarios con responsabilidades.

Sobre todo porque la Corte estableció que “la inacción y la indiferencia estatal ante las denuncias de violencia de género, reproducen la violencia que se pretende atacar, e implica una discriminación en el derecho de acceso a la justicia”.

Un señalamiento del que no escapa la ahora Fiscalía General de Justicia, a cargo de Federico Garza Herrera, quien acaba de reconocer que no cuenta con servicio las 24 horas para atender casos de violencia sexual. Un preocupante indicio de que la inacción y la indiferencia ante la violencia de género no ha variado.

“Lo más probable es que se establezca un fiscal especializado para que lleve a cabo el cumplimiento de todas las determinaciones que se hayan dado por parte de los ministros de la Suprema Corte”, como si anunciara que se tomará con mucha responsabilidad la determinación de la SCJN.

Garza Herrera no se percata de que su declaración se acerca más a una confesión de que, en las condiciones en las que se encuentran, no tienen capacidad para emprender una investigación con las características ordenadas por la Corte (garantizar una investigación diligente, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género), y por ello requieren especializar a alguien.

Sobre todo porque el caso de Karla no es el único en el que se deben garantizar esas características en las investigaciones. En los primeros nueve meses de este año se tenía registro de 16 feminicidios, y la violencia contra las mujeres no para.

La sentencia de la Corte hoy le devuelve la esperanza por conocer la verdad y que se aplique justicia al hermano y a la madre de Karla, quien describe los últimos siete años como una pesadilla, ante lo que hace un justo llamado a luchar porque la violencia feminicida “no pase ya. Hay que hacer algo” (video de Amnistía Internacional México en YouTube).

En la gravedad de la situación reside la trascendencia de la resolución a favor de los familiares de Karla: No más un gobernador, un secretario de gobierno y un fiscal (antes procurador) en la inacción y la indiferencia que alientan la violencia feminicida, pero también muchos otros perjuicios que la inseguridad le acarrea a toda la sociedad.

Juan Manuel Carreras López, Alejandro Leal Tovías y Federico Garza Herrera, como sus antecesores, no han dado las mejores señales como para pensar que la situación ha cambiado.