Por Victoriano Martínez
Desde el pasado 5 de agosto, dos circunstancias se han vuelto indicadores de alerta sobre la amenaza latente del fracking para extracción de hidrocarburos en el país, que afectaría a siete municipios de la Huasteca potosina:
(1) El Plan Estratégico 2025-2035 de PEMEX incluye un apartado sobre “producción a partir de yacimientos de geología compleja” (página 30), eufemismo de fracking, y (2) la prohibición del fracking en la Constitución es una de las 20 propuestas presentadas en paquete por Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024 que no se realizó.
Si en el arranque reformista que tuvo el actual Congreso de la Unión hubiera aprobado la propuesta de prohibición del fracking como lo hizo con la mayoría de las propuestas de López Obrador, hoy no existiría ninguna duda sobre el uso de esa práctica contaminante en los proyectos contemplados en el Plan Estratégico de PEMEX.
Así, la primera condición para que se considere la existencia del riesgo del uso del fracking es que no hay nada que lo prohíba, y todo quedó en la intención de incluir su prohibición en la Constitución que incluso establecía sanciones a las personas que realicen cualquier actividad relacionada.
Aquella intención de prohibir el fracking advertía que se trata de una técnica en la que “se usan hasta 750 diferentes productos químicos altamente tóxicos y cancerígenos, como metanol, benceno y tolueno. El uso excesivo de líquido provoca una gran cantidad de agua residual sin que existan tratamientos efectivos para poder reutilizarla”.
Ese es el riego latente para las cuencas de Tampico-Misantla, Sabinas-Burro Picachos y Burgos, pegadas al Golfo de México, que incluyen los municipios de Tanquián, Tanlajás, Tamuín, San Antonio, San Vicente Tancuayalab, Ébano y Ciudad Valles, de la Huasteca Potosina.
Un riesgo que se vuelve más real cuando esas cuencas forman parte de la descripción de la zona en la que, de acuerdo con el Plan Estratégico de PEMEX, es la parte de México que “tiene un potencial muy importante para la producción de hidrocarburos a partir de nuevos esquemas de desarrollo de gas y aceite en yacimientos de geología compleja”.
Según declaraciones de Gustavo Hernández, ingeniero petrolero con amplia trayectoria y exdirector general de Pemex Exploración y Producción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la explotación de “yacimientos de geología compleja” sí implica el uso de técnicas de fractura hidráulica.
Desde agosto del año pasado, ni el Congreso de la Unión han reaccionado para garantizar la prohibición del uso del fracking prometida por López Obrador, ni la propia Presidencia de la República ha aclarado el alcance de lo que representa que se hable de la potencial producción de hidrocarburos en “yacimientos de geología compleja”.
En tanto no haya una prohibición expresa del fracking y se hable de manera sospechosa de nuevos esquemas de yacimientos de geología compleja (que activistas contra en fracking lo consideran una forma de disfrazarlo) no puede considerarse más que real el riesgo de que se use esa tecnología contaminante y la alerta que lanza el Colectivo Jól Dhut’–Timél Ja’ a la población debe ser atendida.
