Óscar G. Chávez
Señaló el gobernador hace unos días que el gobierno federal ya no aportará los recursos que, según él, ya estaban asegurados para la construcción de la carretera que unirá la prolongación de avenida Juárez con la zona industrial. La vía alterna, como se le ha llamado, parece ser que de momento no va, aunque pudiera ser que el propio gobierno del estado acicateado, impulsado, apoyado y manipulado por algunos empresarios, tome en sus manos la empresa de construirla.
Existen dos ópticas que obligan a analizar en el asunto desde dos parámetros distintos: el trasfondo de su construcción a partir de una supuesta importancia y el origen de la negativa del gobierno federal para la asignación de recursos. Ambos, perfectamente comprensibles.
La idea de construcción de la llamada vía alterna no es cosa nueva. Entre los años 2003 y 2007, las tierras ejidales de El Aguaje fueron compradas en cantidades irrisorias por un grupo de empresarios organizados por el entonces director de la Comisión Estatal del Agua. A principios de 2007 una asamblea ejidal logró que se modificara el uso para poder fraccionar las tierras; luego, los dos años posteriores se buscó la aprobación de un plan parcial de desarrollo que permitiera incorporarlas a la expansión urbana de la ciudad.
Las inconsistencias y disparates en su redacción impidieron su aprobación, cosa que hubiera sido vergonzosa, y quedó abandonado el proyecto; de manera casi paralela se logró concretar la aprobación de la presa El Realito, curiosamente la red de conducción de agua obligaba a construir un tanque de almacenamiento en terrenos de lo que hoy es Gran Peñón.
Fue hasta 2014, durante la administración de Mario García Valdez, cuando se obtuvieron los permisos de cambio de uso de suelo en dos mil hectáreas de la Sierra de San Miguelito insertas en el mencionado ejido. Es pertinente mencionar que esta superficie se encontraba dentro un espacio denominado Área natural de protección al paisaje y de recarga del acuífero.
Es entonces cuando se concibe la construcción de la vía alterna, para lo cual los fraccionadores adquieren casi la totalidad de los 10 kilómetros de extensión de la pretendida carretera, sin embargo es durante la presidencia de Xavier Nava cuando se convirtió en proyecto prioritario la dotación de uso de suelo a ese espacio, ya que durante la administración anterior (la de Ricardo Gallardo Juárez) el proyecto se había detenido derivado de la confrontación con el principal inversor, Marcelo de los Santos.
También es el ayuntamiento xavierista el que otorga los permisos de uso de suelo para el trazo de la Vía Alterna, ya que además de generarle plusvalía a los fraccionamientos se convirtió en un punto central en torno al cual también giraban los intereses de los empresarios que promueven el proyecto Cañadas en San Juan de Guadalupe.
Pero no sólo eso, este pequeño eje carretero se convertiría en la interconexión de la nueva gran vía de 82 kilómetros que vincula los intereses de Immsa con la zona industrial y el corredor guanajuatense.
No sólo es El Aguaje, los intereses inmobiliarios también van sobre tierras del Ejido San Juan de Guadalupe, también con conexión a la vía alterna, espacio que desgraciadamente derivado de maniobras corruptas se encuentra en la más absoluta indefensión. Recordemos que debido a cuestionables maniobras de pseudoambientalistas se logra que en 2019 fuera anulado en 1,200 hectáreas el Decreto de 5 de junio de 1996, que contemplaba a la zona como parque ecológico urbano. Nada de lo anterior hubiera sido posible de no contar con la complicidad de instituciones como la UASLP, IPICYT, ITAM-SLP, políticos panistas y priístas, la Segam y (mención especial merecen) el pillo de Manuel Barrera Guillén y su inescrupulosa consorte.
Como puede verse, la verdadera angustia que genera la suspensión de la vía alterna no es finalmente el deseo de contar con una línea alterna de traslado y desfogue hacia la zona industrial, sino porque en realidad representa la cereza en el pastel de la comercialización del suelo social.
Hay algo que no ha sido considerado, y al parecer ni siquiera existe como supuesto, el señalar que el verdadero motivo de la cancelación de recursos por parte del gobierno federal es el compromiso presidencial contraído con diversos grupos ambientalistas para proteger la sierra de San Miguelito. De resultar cierta esta hipótesis, sería ya imposible que los recursos tuvieran esa procedencia.
Existe no obstante una posibilidad, si a pesar de todo el gobernador se empeña en construir la vía alterna, puede recurrir al mismo personaje que –al parecer– generosamente facilitó varios millones de pesos para destrabar el asunto de los terrenos ejidales del periférico.
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