Por Victoriano Martínez

A las denuncias por la fiesta fantasma y la nómina secreta, la Auditoría Superior del Estado (ASE) sumó ahora una más por el desvío de las cuotas de pensiones de sus trabajadores, en un acto que antes que ser un indicador de que se combate la corrupción, parece más un recordatorio de que se favorece la impunidad.

Han pasado más de dos años de que se dio la sacudida en la ASE tras la revelación de la ecuación corrupta, y apenas se presenta una tercera denuncia, sin que en el caso de las dos anteriores haya habido sancionados.

No hay que olvidar que los ex funcionarios denunciados renunciaron o fueron destituidos tras el escándalo por el presunto lavado de cuentas públicas dejaron la ASE con su respectiva liquidación.

El caso más avanzado de las denuncias anteriores es el correspondiente a la fiesta fantasma, cuyo daño al erario se señala por 600 mil pesos. Esta denuncia es la primera que ya se tramita ante un juez después de dos años de investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La segunda denuncia, por la nómina secreta, en la que se señala un posible daño patrimonial de poco más de dos millones 700 mil pesos, es una más de las que se mantienen congeladas en la FGE, a cargo de la sobreviviente Visitaduría General de la entonces Procuraduría.

La denuncia sobre la que informó la ASE este miércoles, vía comunicado, trata del desvío de 34.4 millones de pesos de las cuotas que quincena a quincena se les descontó a los empleados sindicalizados de esa dependencia entre 2015 y 2017.

Se trata de una más de las irregularidades en la ASE durante la gestión de José de Jesús Martínez Loredo con el mayor monto de daño conocido al patrimonio de la institución y, aun así, a más de dos años, apenas se logra completar el expediente para integrar la denuncia penal.

Sobre el desvío de las cuotas de pensiones existen antecedentes desde marzo de 2015, todavía durante la administración de Martínez Loredo, cuando Bernardina Lara Argüelles, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), solicitó a Elías Pesina, entonces Oficial Mayor de gobierno, interviniera, pero nada ocurrió.

Entre los primeros temas que debió atender Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, hoy titular de la ASE, fue un requerimiento por parte de Osiel Yudiche Lara, director de Pensiones, por un atraso en el pago de 34.4 millones de pesos de las cuotas, lo que hasta ahora, dos años tres meses después, se convierte en denuncia.

Los funcionarios que en su momento fueron señalados como responsables son el propio Martínez Loredo, Abraham Payán Torrescano, Abraham Reinhardt Guerrero y los directores administrativos Pedro Almendárez Robledo, Abraham Reyes y Gloria Raquel Rivera.

Hoy la ASE en su comunicado oficial no señala ni monto del desvío ni responsables. Si tardó más de dos años en perfeccionar una investigación en sus propios archivos, los entes fiscalizables seguro festejan el margen de maniobra que tienen para no los agarren con las manos en la masa.

Justicia que tarda no es justicia.

Peor aún, activar con tanto retraso una investigación formal ante el Ministerio Público para que una Fiscalía –que ha retenido los casos derivados de la ecuación corrupta y otros relevantes como una veintena de denuncias contra ex diputados y dos contra el ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez– los tramite, describe más un tortuguismo cómplice para una prolongada impunidad.