Por Victoriano Martínez

Con la renuncia de Jorge Vera Noyola –aún con un encargado del despacho en su lugar– regresa la parte relativa a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción como elemento del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) al 25 de mayo de 2017, cuando se publicó la reforma constitucional que creó ese órgano que se conoce como Fiscalía Anticorrupción.

Entre la entrada en vigor de la reforma constitucional que creó la Fiscalía Anticorrupción y el día en que se nombró al primer titular de esa área pasaron ocho meses.

El gobernador Juan Manuel Carreras López, como en todo lo que tiene que ver con el SEA, difirió el envío de la terna al Congreso del Estado seis meses con una primera propuesta presentada el 7 de noviembre de 2017.

El 30 de noviembre de ese año, los diputados regresaron la terna al Ejecutivo al no lograr la votación necesaria para el nombramiento. Juana María Castillo Ortega obtuvo 11 votos, María Angelina Acosta Villegas 4 y Geovanna Hernández Vázquez 2 votos. Hubo 10 votos nulos.

En la lógica de Carreras López, logró acumular más tiempo de rezago en la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción sobre el que todo indica que busca terminar el sexenio sin que funcione.

Para la segunda terna, Carreras López dejó pasar el mes de diciembre y fue en los primeros días de enero de 2018 cuando volvió a enviar su propuesta, en la que incluyó a Vera Noyola, quien resultó nombrado el 26 de enero. Habían transcurrido ocho meses desde la creación de la Fiscalía especializada.

A poco más de una semana de la renuncia de Vera Noyola, la Fiscalía Anticorrupción ya tiene un encargado provisional, y las voces sobre el nombramiento del nuevo fiscal se comienzan a oír, como en aquellos seis meses que tardó el gobernador en enviar la primer propuesta.

Desde el pasado 27 de noviembre se incorporó un aspecto adicional al tema de la Fiscalía Anticorrupción, con la iniciativa del diputado Rolando Hervert Lara de dar autonomía constitucional a ese organismo.

A poco más de dos meses de esa propuesta, ya con la renuncia de Vera Noyola, el debate sobre la reforma por la autonomía y el nombramiento de quien supla al renunciante forman una ecuación que le viene muy oportuna a un Carreras López, quien siempre aprovecha las coyunturas que favorezcan su ya legendaria obstrucción al Sistema Estatal Anticorrupción.

Los diputados que hoy argumentan que antes de generar las ternas para nombrar nuevo fiscal se debe hacer la reforma por la autonomía, en los hechos le ofrecen a Carreras López un largo periodo para retrasar ese nombramiento: el tiempo que tarden las comisiones de Puntos Constitucionales y Justicia en dictaminar, más el requerido para la aprobación por parte de al menos 30 cabildos.

Para cuando llegue la declaratoria de validez de esa reforma constitucional pudieron haber pasado unos cinco meses o más. A partir de ese momento, con la experiencia del nombramiento anterior, seis meses después podría llegar una terna al Congreso que podría ser rechazada o no, pero que tendría un gran potencial para retrasar el nombramiento por un buen tiempo.

Si Carreras López tomó la bandera anticorrupción desde su primer día como gobernador, resulta que, como van las cosas, llegará al final de su sexenio con esa bandera muy en alto, pero exactamente igual que el primer día: como un mero discurso que en los hechos sólo es simulación.