Por Victoriano Martínez

El ocultamiento de información que debe ser difundida de oficio es cosa de todos los días y de prácticamente todos los sujetos obligados por la Ley de Transparencia.

Si ahora la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ordena al Ayuntamiento de Ciudad Valles publicar información relativa a las remuneraciones bruta y neta de los servidores públicos no es para celebrar, sino para cuestionar por qué sólo a Ciudad Valles, y porqué sólo por ese apartado si incumple en muchos otros.

Se puede aventurar una respuesta con todas las posibilidades de acertar: porque hubo de por medio una denuncia ciudadana de una organización como Ciudadanos Observando que, como la CEGAIP es incapaz de vigilar que se cumpla con la difusión de oficio de información pública, sólo así se percata de los incumplimientos y reacciona… ¡siete meses después!

Ciudadanos Observando presentó la denuncia el 12 de julio del 2019 y es hasta febrero de 2020 que apenas la resuelve y emite la orden para que se publique correctamente la relación de ingresos de los servidores públicos del Ayuntamiento de Ciudad Valles.

Si se toma como ejemplo el cumplimiento de la fracción XI del artículo 84 de la Ley de Transparencia, relativo a los ingresos de los servidores públicos, para mostrar que no sólo Ciudad Valles incumple con esa obligación legal, y se revisa lo hasta la madrugada de este 18 de febrero publicado en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET), el incumplimiento en la publicación de los formatos, sin revisar su contenido, llega casi al 50 por ciento.

En la PET aparece un registro de 237 sujetos obligados, de los cuales sólo 126 han publicado los ingresos de sus servidores públicos durante el mes de enero, a pesar de que el plazo para hacerlo se les venció hace ocho días.

Entre los incumplidos aparece la Fiscalía General del Estado, ubicada entre los organismos autónomos, y el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que tiene un apartado especial y que –una prueba más de su acreditadísima inoperancia– se encuentra totalmente vacío.

Además de esos dos casos, hay 32 municipios incumplidos, 29 organismos descentralizados, 23 dependencias del Poder Ejecutivo, 21 sindicatos y cuatro partidos políticos. Eso si se toman en cuentan sólo los sujetos obligados que aparecen en la PET, porque en el Periódico Oficial del Estado del 15 de junio de 2019 la CEGAIP enlista 340 sujetos obligados en total, sin que aparezca el SEA.

Los 108 sujetos obligados que no aparecen en la PET son 100 “Instituciones Educativas y Culturales con Subsidio” y ocho “Personas Físicas o Morales que reciban y ejerzan recursos públicos”.

Que la CEGAIP ordene hoy a un Ayuntamiento cumplir con una fracción de las 53 que tiene el artículo 84 de la Ley de Transparencia porque lo incumplió hace más de siete meses es más una acción ridícula cuando 111 sujetos obligados incumplen totalmente esa misma obligación ahora, y eso que el derecho de acceso a la información pública debe cumplir con ser oportuno.

Se debe tener en cuenta que sólo se trata de una de las 53 obligaciones comunes a los sujetos obligados, por lo que hay que tener en cuenta que hay nueve artículos adicionales que imponen obligaciones específicas por tipo de sujeto obligado. La CEGAIP actúa no sólo sobre uno de 237 sujetos obligados, sino también sólo sobre una de un mínimo de 53 obligaciones.

El caso de Ciudad Valles sólo exhibe lo inoportuno y lo insignificante que resulta el trabajo de la CEGAIP para garantizar el derecho de acceso a la información pública… y como reacción a una denuncia ciudadana.