Por Victoriano Martínez

La controversia constitucional del INAI en contra de la Ley de Archivos estatal, publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado 19 de julio, no sólo exhibe al Congreso del Estado, sino también a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) que, a pesar de tener muy acreditada su inutilidad, operó para retener atribuciones que ni siquiera cumplía.

La diputada María Isabel González Tovar, presidenta de la Comisión de Transparencia, al salir en defensa de la Ley de Archivos cuestionada, dijo que “se trabajó en todo momento con la CEGAIP”, y reveló el argumento que le vendieron para terminar con una mezcla incongruente de instancias reguladoras de los archivos: “la Ley aprobada atiende a la realidad de San Luis Potosí”.

No le mintieron, pero tampoco le explicaron que no se referían a la realidad de las condiciones en que la ley local debía armonizarse con la general, sino a los intereses reales y pequeños cotos de poder que estaban interesados en mantener formalmente, aunque con sus actos los menospreciaran.

Desde el 8 de octubre de 2014 la CEGAIP incumplió ininterrumpidamente el artículo 21 de la Ley de Archivos vigente hasta el pasado 19 de junio, al mantener a un encargado del despacho en el Sistema Estatal de Documentación y Archivos (SEDA) tras la renuncia de Claudia Josefina Contreras Páez, la primera y única directora de esa instancia nombrada conforme a la Ley.

Luego de seis años y el paso de Yolanda Camacho, Alejandro Lafuente y Paulina Sánchez como presidentes, que al dejarlo sin titular dieron cuenta del poco respeto que como CEGAIP le tuvieron al SEDA, ahora resulta que en el esquema de organización del Sistema Nacional de Archivos metieron con calzador el organismo ignorado.

Tan burda resultó la maniobra, que –como las hermanastras de Cenicienta, Drizella y Anastasia– desparramaron fuera de la zapatilla del Sistema Nacional de Archivos los juanetes, uñas y callos de un forzado e incoherente papel de la figura del SEDA, bajo el control de la CEGAIP, para inmiscuirse de más en el Sistema Estatal de Archivos.

Una simple revisión a la Ley General de Archivos basta para detectar que en la ley estatal se le dan a la CEGAIP facultades que van mucho más allá de su papel de garante del derecho de acceso a la información Pública:

Al INAI sólo se le menciona en dos ocasiones en la Ley General, una como integrante del Consejo Nacional de Archivos y la otra como la instancia que define el procedimiento para acceder a documentos con valor histórico que no hayan sido transferidos a archivos históricos.

A la CEGAIP se le menciona en la ley estatal para esos dos fines, pero agregaron 19 alusiones directas y otras 16 a través del SEDA como un órgano dependiente de la Comisión, para que el órgano garante local prácticamente se vuelva una especie de personificación del Sistema Estatal de Archivos, en una confusión entre lo que es el sistema y lo que es una simple área administrativa.

Destaca, en ese afán de mantener dentro del feudo que la CEGAIP atribuciones que desatendió desde la ley anterior, alguna que son naturalmente propias del Sistema Estatal de Archivos, a través del Consejo que la nueva ley crea como, por ejemplo, la administración del Registro Estatal de Archivos (artículos 78 y 79).

En un exceso de reconocimiento a la CEGAIP como organismo efectivo para hacer valer los derechos que está obligada a garantizar, se le dan las facultades para sancionar las violaciones a la nueva ley y prácticamente trasladan el procedimiento sancionatorio de la Ley de Transparencia.

¿Cuántas sanciones aplicadas hasta ahora por la CEGAIP han sido determinantes para que los solicitantes de información vean satisfecho su derecho de acceso a la información pública?

La CEGAIP no ha logrado buenas cuentas como garante de transparencia, por lo que la controversia constitucional que promoverá el INAI no sólo le enmendará la plana al Congreso del Estado, sino que rescatará al Sistema Estatal de Archivos de darle un papel preponderante a un organismo que hasta ahora sólo ha demostrado que es cada vez más disfuncional.