Astrolabio

Abelardo Medellín

Enjuiciar ex presidentes no será el motivo ni la consecuencia directa de la consulta que se celebrará el próximo 1 de agosto en todo el país, así lo informó esta mañana en rueda de prensa el delegado en San Luis Potosí del Instituto Nacional Electoral (INE), Pablo Sergio Aispuro Cárdenas.

El funcionario comentó a medios que la consulta en puerta ha provocado desconcierto y confusión entre la población, puesto que actores políticos han aseverado que dicha consulta busca enjuiciar ex mandatarios del ejecutivo federal.

“Eso es falso, es mentira, eso no es cierto. Si los ex presidentes se ubican en el contexto de esto y violaron derechos humanos o quebrantaron el estado, quizá entrarían en esto”, indicó.

Aispuro Cárdenas afirmó que si el presidente Andrés Manuel López Obrador pretendía que esta fuese una consulta para enjuiciar ex presidentes, este ejercicio ya no lo será. Esto luego del cambio que realizó a la pregunta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que determinó así:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Según el delegado, la pregunta anterior, que sí señalaba la posibilidad de un juicio a ex presidentes era violatoria de derechos (como el de acceso a la justicia) y del principio de presunción de inocencia.

Aispuro Cárdenas puntualizó que el INE no se ha retrasado en la promoción de la consulta como se ha señalado desde la población civil, sino que la normativa que dispuso el órgano electoral indica que la organización del ejercicio consultivo iniciaría hasta el 15 de julio.

Dicha fecha, también marcará un período de veda consultiva en el que las entidades de gobierno, partido y funcionarios, no podrán promocionar trabajos gubernamentales ni tampoco posturas a favor o en contra, con uso de recursos públicos.

La autoridad electoral, reveló que serán mil 262 mesas receptoras, cada un de ellas podrá recibir hasta dos mil ciudadanos que vayan a emitir su voto.

De igual forma, comentó que a diferencia del procesos electoral del 6 de junio, el próximo 1 de agosto se contarán con menos lugares donde emitir la opinión. Esto derivado, principalmente, por la falta de recurso económico para cubrir más territorio con las mesas receptoras, situación que podría afectar en su mayoría a las zonas rurales.

Por último, Pablo Sergio remarcó que de acuerdo con la Constitución, es atribución exclusiva del INE promocionar este ejercicio, consideración que también contempla que el órgano electoral evite que los partidos “desnaturalicen la consulta popular, politizándola o aprovechándola para llevar agua a su molino con una propaganda que le dé a la pregunta una naturaleza doctrinaria o propagandística en favor de una de las fuerzas”.

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