Por Victoriano Martínez
La indolencia de las autoridades para apoyar a los familiares de personas desaparecidas no sólo se traduce en nuevos agravios en contra de las víctimas colaterales de ese atroz delito, sino que es tal que no les importa mantener una violación permanente a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
“La Fiscalía y las Fiscalías y Procuradurías Locales deben contar con Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, las que deberán coordinarse y dar impulso permanente a la búsqueda de Personas Desaparecidas”, ordenó esa ley en su artículo 68 desde su aparición en el Diario Oficial el 17 de noviembre de 2017.
El artículo tercero transitorio de esa Ley estableció que las fiscalías especializadas tendrían que entrar en funcionamiento “dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto”. Ese plazo se venció el 17 de diciembre de 2017, es decir, la fiscalía especializada estatal debió comenzar a funcionar desde hace siete años y nueve meses.
Durante su periodo gubernamental, Juan Manuel Carreras López mantuvo la violación a la Ley General en materia de desapariciones durante mil 378 días. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha incurrido en ese ilícito por mil 476 días (98 días más que su antecesor)… y contando.
Gallardo Cardona le ha dado continuidad a la criminal omisión que heredó, con la complicidad de dos Legislaturas que se han caracterizado por una vil sumisión a sus caprichos, que ha redundado en que los diputados de los últimos cuatro años compartan responsabilidad en la violación del artículo 68 de la Ley General en materia de desapariciones.
“Las Entidades Federativas deberán emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto”, se estableció en el artículo transitorio noveno de esa Ley.
A pesar de que ese plazo venció desde el 16 de mayo de 2018, las Legislaturas LXI, LXII y LXIII cumplieron sus periodos sin atender esa disposición, en tanto que la actual está por completar su primer año de ejercicio sin cumplir con esa obligación.
Lo más cercano que se tuvo a la posibilidad de que se cumpliera con la armonización legislativa y con la creación de la fiscalía especializada fue cuando el diputado Luis Fernando Gámez Macías recibió de las familias de personas desaparecidas corazones de papel como símbolo del dolor que cargan, ante lo que, casi al borde del llanto, se comprometió a impulsar la creación de la fiscalía.
“Recibió nuestros corazones rotos en sus manos, temblando, comprometiéndose a hacer todo lo que fuera necesario. Hoy no ha hecho nada. Fue una ofensa terrible, un compromiso roto más”, denunció Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros.
Este miércoles, el colectivo presentó un amparo indirecto en contra del Congreso del Estado por la criminal omisión que se da en dos aspectos: no haber modificado la Ley Orgánica de la Fiscalía para crear la fiscalía especializada, y no realizar la armonización legislativa.
“Es el reflejo de un Estado indolente, insensible e incapaz de responder a la crisis de desapariciones que vive San Luis Potosí. Mientras se legisla con rapidez para negocios, intereses políticos o reformas menores, se condena a las familias buscadoras a más dolor, más incertidumbre y más impunidad”, señaló Voz y Dignidad por los Nuestros en un comunicado.
Indicó que la Fiscalía Especializada en Desapariciones es una obligación, no una opción, y “su ausencia niega nuestro derecho a la verdad, impide investigaciones serias y perpetúa la impunidad en delitos de lesa humanidad”.
“Aunque este amparo lo presentamos contra el Congreso del Estado, sabemos bien dónde se toman realmente las decisiones: en Palacio de Gobierno. Desde ahí tampoco ha salido la instrucción para que este tema avance”.
A 11 días de que Gallardo Cardona presente su cuarto informe anual, el colectivo de personas buscadoras describe lo que considera el verdadero rostro de San Luis Potosí: “un Estado que presume logros en sus informes de gobierno, pero calla su deuda más dolorosa: la indiferencia ante las desapariciones. Ojalá también tengan el valor de ponerlo en sus discursos oficiales”.
Gallado Cardona presentará su cuarto informe el próximo 22 de septiembre. ¿Se atreverá a presumir que ya superó por más de 100 días a Carreras López en la violación permanente de la Ley General en materia de desapariciones? En sus términos, ¿se proclamará como el más chingón para ignorar los derechos de las víctimas colaterales de las desapariciones forzadas?
