La crisis hídrica

Por Victoriano Martínez

Habrá quienes, por aludidos, la consideren una mera opinión o un juicio que no merece ser atendido, pero lo preocupante, por grave, es que se trata de una descripción:

No existe un verdadero interés de las autoridades estatales por resolver el problema de escasez de agua potable en la zona metropolitana de San Luis Potosí, sino únicamente se pretende solventar desde los intereses políticos, partidistas y económicos.

No se trata de un dictamen expresado por algún personaje inscrito en el viciado terreno de la politiquería electoral que, en temporada de cacería de votos, busque que unos terminen descalificados para que otros resulten beneficiados.

Se trata de una descripción hecha por Jonathan Abraham Quintero García, presidente del Consejo Hídrico Estatal, que –como nunca– en su conformación actual se ha tomado en serio el papel que le corresponde, ha dejado de ser un organismo de ornato y, paradójicamente, comienza a parecer una voz que clama en el desierto.

Históricamente, explicó, conforme se desarrollaron diagnósticos más puntuales que apuntaban a problemas en la gestión del recurso hídrico y quienes encabezaban las administraciones se sentían desfavorecidos, se percibió una segregación de ese tipo de análisis por parte de las autoridades, incluidas las actuales.

Los últimos alcaldes, que a su vez encabezan la gestión del abastecimiento de agua potable a la ciudad en su carácter de titulares de la Junta de Gobierno del Interapas, han sido de prácticamente todo el abanico de partidos y grupos políticos, incluida la gallardía. Ninguno queda libre de culpa para responsabilizar al otro.

Así, la descripción hecha por Quintero García queda por encima de los intereses políticos, partidistas y económicos que irresponsablemente pretenden solventar quienes, antes que poner atención a su responsabilidad con la población, optan por buscar capitalizar perspectivas parciales del problema para mantenerse en el poder.

La postura del Consejo Hídrico Estatal que derivada de ese diagnóstico histórico resulta lógica: la crisis hídrica que se vive en la ciudad no es tanto porque no haya fuentes para conseguir el agua, sino que es producto de una gestión deficiente de funcionarios que anteponen otros intereses a enfocarse en soluciones reales.

Se trata, pues, de una situación que debe ser atendida técnicamente, pero que se ve viciada por decisiones de carácter político que desvían la atención y, antes que contribuir a una solución, se vuelven parte del problema.

Técnica y científicamente, la academia ha tratado de aportar a la solución y, en la actual crisis, se ha manifestado con iniciativas como el grupo Agua y Sociedad del Colegio de San Luis (Colsan), el Grupo Universitario del Agua de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), e investigadores del Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ).

Los estudios, diagnósticos y propuestas de esos grupos no han sido considerados por quienes, desde la administración pública, estarían obligados por lo menos a escucharlos para su toma de decisiones. Si no los escuchan menos los toman en cuenta.

Todavía peor. Las autoridades son incapaces de escucharse entre sí en los distintos niveles de gobierno para coordinar acciones que favorezcan a la población. El motivo: otra vez poner por delante los intereses políticos, partidistas y económicos por encima incluso de una necesidad de la población tan básica como contar con agua potable.

Las iniciativas académicas y ciudadanas siguen ahí, con el esfuerzo por interesar a las instancias gubernamentales y de la iniciativa privada en una búsqueda real de soluciones.

La iniciativa Agua ConSCiencia Colectiva tiene programada una reunión con la iniciativa privada el 11 de julio, y con organismos gubernamentales el 12 de septiembre.

Se trata de una convocatoria a quienes históricamente han segregado esa perspectiva de atención al problema hídrico que –hoy que tiene meses de haber hecho crisis–pondrá a prueba una vez más si se mantienen en la postura de anteponer los intereses políticos, partidistas y económicos a los del bienestar de toda la población.

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