Por Frida Castillo
El delito de desaparición es uno de los crímenes más graves y brutales que pude sufrir una persona, su familia y la comunidad. El duelo no encuentra su cierre, se congela. Las familias no pueden despedirse, velar a sus muertos, dar sepultura. La angustia de no saber sobre el paradero de alguien y sobre su integridad, transforma cada minuto que pasa sin tener noticias en un profundo agujero sin salida, la única luz es la esperanza de encontrarle con vida.
La desaparición forzada se define como la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer la privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida; que colocan a esa persona fuera de la protección de la ley.
Nuestro país atraviesa desde hace ya unos años una crisis severa de desapariciones a lo largo del territorio. Según cifras de la Secretaría de Gobernación, hoy en México hay 131.857 personas desaparecidas. En todas las entidades federativas se han presentado desapariciones, encabezando esta cifra los estados de Jalisco, Estado de Mexico, Tamaulipas, Veracruz y Michoacán.
Si bien existen múltiples casos que presuntamente involucran a autoridades como responsables directas, la delincuencia organizada se ha convertido en el autor principal de desapariciones. Ello no significa que el Estado no tenga responsabilidad o quede exento de cumplir con sus obligaciones de garantizar y proteger derechos humanos, por el contrario, frente a esta situación alarmante debería redoblar esfuerzos para combatir este crimen.
Con una vinculación directa al delito de desaparición, en la última década han sido descubiertas alrededor de 5600 fosas clandestinas en todo el país, en las cuales cientos de restos humanos permanecen sin ser identificados. En marzo del año pasado, en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, fue descubierto un campo de entrenamiento, tortura y exterminio del Carte Jalisco Nueva Generación, organizado en fosas repletas de restos óseos y cantidades importantes de ropa, zapatos y pertenencias de personas desaparecidas y asesinadas en el sitio.
El Estado mexicano, si bien ha tomado iniciativas para atender el delito de desaparición a través de la expedición de leyes, la creación de Comisiones de Búsqueda, de Fiscalías Especializadas, de un Centro Nacional de Identificación Humana y de llevar a cabo acciones de colaboración internacional, no ha tenido la capacidad de enfrentar este fenómeno, ni garantizar el derecho a la vida, a la integridad, a la verdad, a la justicia y a la memoria.
En 2022-2023, el Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas activó por primera vez un procedimiento especial contra México, sobre la base de denuncias recibidas, peticiones de acción urgente, comunicaciones individuales e indicios fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en México.
Concluyó que el marco normativo mexicano es formalmente robusto, sin embargo, el problema de la persistencia del delito de desaparición se basa en la efectividad estructural: judicialización baja, escazas sentencias firmes, débil investigación de cadenas de mando y falta de consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses.
De cara a este fenómeno delictivo y la incapacidad gubernamental para atenderlo, las familias de las víctimas han integrado colectivos de búsqueda para localizar a sus seres queridos. Madres Buscadoras en diversas regiones del país se organizan para montar anuncios, realizar trabajo de campo, visitar morgues, hospitales, prisiones, hacer excavaciones, conseguir investigadores forenses, solicitar información al público, hacer manifestaciones, reunir pistas.
En San Luis Potosí, en donde existen alrededor de 1300 personas desaparecidas, el Colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros realizan diferentes acciones de búsqueda. En los últimos meses localizaron alrededor de 15 fosas clandestinas en Ciudad Valles, con hallazgos de restos óseos y prendas de vestir. Han impulsado alrededor de 200 carpetas de investigación e insistido en la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del delito de Desaparición Forzada y Desaparición por particulares ante el Poder Legislativo, la cual finalmente fue autorizada hace pocos días.
A pesar del activismo coordinado que realizan estas organizaciones, reciben hostilidad por parte de distintas autoridades y enfrentan un alto riesgo por su labor de búsqueda. Amnistía Internacional ha documentado que las personas buscadoras y particularmente las mujeres buscadoras en México, realizan sus actividades en medio de amenazas y atentados a su vida e integridad. De 2011 a 2025, 24 familiares de personas desaparecidas (14 mujeres) fueron asesinadas.
En este contexto y de cara a la complejidad que representa el crimen de desaparición, ¿qué retos enfrenta la nueva Fiscalía Especializada en San Luis Potosí?
La creación de la Fiscalía en sí misma implica dar cumplimiento a una obligación prevista en la Ley, el verdadero reto será que su operatividad se apegue a estándares de derechos humanos y actúe bajo el principio de debida diligencia.
La nueva Fiscalía deberá implementar la búsqueda y localización con vida como prioridad, establecer líneas de colaboración efectiva con las comisiones de búsqueda y las fiscalías locales para compartir información esencial, realizar un diagnóstico oportuno sobre la crisis forense e identificación de restos humanos localizados en San Luis Potosi, diseñar procedimientos de investigación que agoten todas las líneas de investigación, incluyendo la participación de agentes estatales.
Además, la capacitación de las personas servidoras públicas sobre prevención de la revictimización a las familias, resultará fundamental, así como establecer parámetros de investigación con perspectiva de género e interseccionalidad para prever enfoques diferenciales en casos de desaparición de mujeres, niñas, niños y personas migrantes.
Todo ello a partir de una asignación presupuestal basada en criterios objetivos, la integración de un equipo de trabajo con capacidad técnica, un liderazgo que cuente con autonomía y garantice una verdadera participación de los familiares de las personas desaparecidas en los procesos de búsqueda e investigación.
Aunque el reto es mayúsculo, esta nueva Fiscalía debe poner manos a la obra en el diseño de cursos de acción estratégica para ejercer sus funciones de forma coordinada y articulada. Debe evitar que el sentir de la impunidad se acrecenté y que las miles de víctimas de este crimen y sus familias continúen librando una batalla que parece no terminar.
P.D. La Guía ¿qué hacer frente a la desaparición de una persona? de la organización IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C., brinda información de utilidad para actuar de forma inmediata: https://www.idheas.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/brochure-idheas-ok-1sep.pdf
