Por Victoriano Martínez
La aplicación de adecuaciones presupuestales para gastos por “situaciones extraordinarias” no es ninguna novedad y existe en la legislación desde hace muchos lustros con mecanismos para su ejercicio. La novedad es que diputados sumisos al Ejecutivo realicen autorizaciones para esos ajustes “a toro pasado”.
La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado contemplaba, desde el 21 de diciembre de 2006, una Comisión Gasto Financiamiento integrada por diversas dependencias del Ejecutivo, entre ellas la Oficialía Mayor, encabezadas por la Secretaría de Finanzas que era la encargada de revisar y autorizar esas adecuaciones.
Se trataba de una Comisión a la que las dependencias del Ejecutivo sometían sus adecuaciones y transferencias entre rubros de sus presupuestos y le solicitaban ampliaciones presupuestales, cuyas solicitudes se analizaban en sesiones mensuales en las que se podía o no autorizar el movimiento.
Un ejemplo. En la “Minuta de la 7ª Reunión Ordinaria de la Comisión Gasto Financiamiento, de fecha 30 de Julio de 2010” (página 10), se niega la autorización de una “suficiencia presupuestal” (ampliación) por 3 millones 355 mil 755.76 pesos a la Secretaría de Turismos para realizar la Fiesta de la Luz 2010 y el programa Turismo para Todos 2010.
Al final de cada acta se presentaba una tabla con la reducción de transferencias, ampliaciones y reducciones líquidas y modificaciones de calendario en la entrega de los recursos. Es decir, una descripción clara de todas las adecuaciones que se le hacían a la aplicación del presupuesto estatal durante su ejercicio.
La Comisión Gasto Financiamiento desapareció cuando, el 3 de marzo de 2016, se publicó la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios. Ya no se le mencionó en tanto que sus facultades al ser señaladas en diversos artículos se le atribuyeron a la Secretaría de Finanzas con la misma justificación: “Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores del gasto”.
Un esquema de administración que en esas actas y en la relación de movimientos dejaban una clara huella del orden (o desorden) con el que el Ejecutivo del Estado cumplía con la aplicación del Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del Estado, al que estaban obligados a enviar reportes mensuales.
Una Comisión que en los hechos determinaba el uso de los recursos públicos, aunque con un mecanismo por el que se dejaba registro de tales modificaciones. A partir de marzo de 2016 ese mecanismo de control desapareció y se abrió paso a un esquema discrecional a cargo del mandatario en turno con la Secretaría de Finanzas como su ejecutor.
Un control que, al ser dejado al arbitrio del gobernador en turno con la Secretaría de Finanzas como ente que autoriza las adecuaciones presupuestales, resultó el mecanismo ideal para que un gobernador derrochador con el grado de irresponsabilidad de Ricardo Gallardo Cardona realice los ajustes que le vengan en gana hasta para caprichos tan personales como tres torneos nacionales charros.
Con las reformas a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de este año para dar facultades qua ya tiene a la Secretaría de Finanzas para realizar adecuaciones presupuestarias y cubrir pagos derivados de “situaciones extraordinarias” los diputados del Congreso del Estado confirman el grado de sumisión a Gallardo Cardona en lugar de exigir cuentas por su desorden financiero.
Tanta es la sumisión, que las reformas aprobadas este martes en sentido estricto avalan y disfrazan de adecuaciones presupuestales las omisiones y falta de previsión del gobierno de Gallardo Cardona, así como la perversión de sus prioridades al disponer del erario, cuando adecuar tiene que ver con adaptar algo a las necesidades de una cosa y no con justificar fallas consumadas.
Lo realizado por los diputados es tan grave que deja plasmado en blanco y negro la explicación del por qué Gallardo Cardona puede hacer y deshacer sin respetar la legalidad: es más fácil que los diputados le ajusten las leyes a sus omisiones, imprevisiones y caprichos, que llamarlo a cuentas.
