Por Victoriano Martínez
Quedan 112 días para que el Congreso del Estado emita las leyes secundarias en materia de transparencia y protección de datos personales con los que concluye el proceso de extinción de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y aún no se ha presentado una sola iniciativa.
Por el tema del que se trata, lo menos que se podría esperar –a pesar de lo corto del plazo– es que se abriera un ejercicio de verdadero parlamento abierto que contribuyera a la elaboración de las leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales.
No obstante, si la actual exhibe más indicadores que las Legislaturas anteriores de no tener idea de cómo realizar las consultas que le ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy poco se puede esperar a que se abra a la participación ciudadana el proceso de elaboración de las leyes secundarias pendientes.
Máxime que han exhibido su idea de “parlamento abierto” cuando los días 3 y 4 de diciembre organizaron el Foro de Parlamento Abierto sobre Inteligencia Artificial (IA) y su Regulación Ética después de que ya habían aprobado reformas para penalizar determinados usos de la IA.
Y es que el proceso para el que les quedan 112 días para concluir no es un asunto menor: el principio de progresividad establecido en el artículo primero constitucional los obliga a proteger los mayores avances que se tienen en transparencia en San Luis Potosí en comparación con otros estados y la propia Ley General de la Materia.
En cuanto a las obligaciones de transparencia, se tiene que evitar cualquier retroceso y para hacerlo deben mantener el catálogo de la información pública que se debe difundir de oficio (109 conceptos más que en la Ley General) o, incluso, incorporar documentos con denominación específica que no están señalados en la actual Ley estatal.
Uno de estos documentos, por ejemplo, son las Cuentas Públicas, que se podrían difundir como parte de la obligación de publicar los informes que se presentan por Ley, pero que no lo hacen por quedar a voluntad del sujeto obligado. Señalarlo de manera específica favorecería mayor transparencia en un tema muy trascendente.
Sobre la atención a las solicitudes de información, los diputados están obligados a mantener los plazos para las respuestas que en la ley local son más cortos (a la mitad) que los establecidos en la Ley General.
En tanto que se trata de una homologación con la legislación federal, los diputados deben cuidar no incurrir en interpretaciones o “armonizaciones copy-paste” que los podrían llevar a enfrentar una nueva corrección desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación como acaba de ocurrir con la Ley de Transparencia de Puebla.
La SCJN invalidó las porciones normativas que en esa Ley le atribuían al Organismo Público Local Electoral la función de órgano garante del acceso a la información sobre los partidos políticos locales y al Tribuna de Arbitraje estatal sobre los sindicatos.
El garante de transparencia para los partidos políticos es el Instituto Nacional Electoral (INE) y para los sindicatos el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo con la resolución de la Controversia Constitucional 217/2025.
A 112 días de que deban aprobarse las leyes secundarias que harán efectiva la extinción de la CEGAIP es de esperar que los diputados tengan claro los derechos adquiridos en la legislación actual y en su puesta en práctica, como por ejemplo la existencia de la Plataforma Estatal de Transparencia, para que no incurran en retrocesos… a los que seguramente están más que tentados.
