Adriana Ochoa
El fardo de la historia de cada gobierno se hace más pesado con cada decisión que se toma en las altas esferas del poder. A veces toca llevar encima sombras aferradas no sólo a permanecer, sino a acrecentar su dominio. Habrá quien se deje, habrá quien no.
Claudia Sheinbaum llegó a la Presidencia con una herencia implícita en la fórmula de sucesión que impuso su antecesor: los “acuerdos” y pactos de lealtad de los aspirantes presidenciales descartados. Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López, a controlar el Senado; Ricardo Monreal a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
En su aparente astucia, el esquema fue exitoso para unificar el movimiento en torno a la sucesora como candidata presidencial, pero dejó cabos sueltos que no tardaron en enredarse. La herencia no solicitada de dorada lealtad no tardó en revelar su verdadera alma de peltre: sus competidores, con el control de las mayorías en el Legislativo, se volcaron a trabajar para sus proyectos, personales, familiares, de alianzas “estratégicas” y controles regionales.
El más notorio de estos episodios de desdén a la jefa política del país fue el aplazamiento de la reforma electoral anti nepotismo, porque afectaba directamente en el 2027 las aspiraciones de un hermano de Ricardo Monreal y de la esposa del gobernador y aliado Verde en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona.
La temporada veraniega regaló a la presidenta un par de aparatosos accidentes políticos para dos de estos ex aspirantes presidenciales, Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Las dos figuras, como se sabe, tienen orígenes en el PRI y saltaron de esa nave cuando ya no les garantizó crecimiento. Los dos, uno desde Zacatecas y el otro desde Tabasco, han sido siempre pragmáticos, oportunistas.
El zacatecano se fue a Europa a celebrar su aniversario de bodas. Lo captaron no en un desayunador típico de los viajes clasemedieros en paquete, con jugo de garrafa plástica, café de dispensador y huevo líquido de Tetrapak, sino en el Flor y Nata del Rosewood Villa Magna, en Madrid, una cafetería con catadora para los tés e infusiones. El hombre salió a decir en su descargo, con esposa a un lado, que no se hospedó en ese hotel, pero ya era carne de críticas por su contradictoria idea de la “austeridad” que preconiza Morena.
Monreal es una lisa enjabonada; volverá nadar en las aguas que le pongan. El golpe de mayor consideración se lo llevó Adán Augusto López. Su feudo político ha sido abollado: Hernán Bermúdez Requena, el secretario de Seguridad que él impuso cuando era gobernador de Tabasco, huyó para no enfrentar la investigación como presunto operador del cártel La Barredora, dedicado al tráfico de migrantes, la extorsión y el narcomenudeo en varios estados del sureste.
El ex secretario de Gobernación intentó la clásica: que no lo sabía. El pasado, ese fardo sin eliminación posible, confirmó que su relación con Bermúdez Requena era de data anterior a la gubernatura, como notario, y posterior a ella, como secretario de Gobernación.
Pero en el feudo del ex priista Adán Augusto López, hay una complicidad con otro oportunista de la política mexicana, el senador Manuel Velasco Coello, figura de mando en el PVEM. Velasco, en la misma línea de Monreal y Adán Augusto, dejó la gubernatura de Chiapas con una historia de desvíos millonarios, “factureras” y empresas fantasmas.
La Auditoría Superior de la Federación en un principio había señalado un desvío de 685 millones de pesos en el gobierno de Velasco (2012-2018). Luego se arrepintió y perdonó. Ya en el régimen de López Obrador, en 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) halló operaciones irregulares por 500 mdp a la administración de Velasco en auditorías realizadas entre el 2019 y el 2020. Ubicó seis empresas oficialmente enlistadas como simuladoras de operaciones, también conocidas como firmas “fantasma” o “factureras”, según reveló con documentos Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Al concluir su sexenio, Manuel Velasco dejó un “boquete financiero” o una deuda similar a la que contrató en su administración. El pasado enero, el actual gobierno de Chiapas, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, obtuvo autorización para contratar una deuda de $12 mil millones de pesos para “tapar el boquete financiero que dejó la gubernatura del verde-ecologista Manuel Velasco Coello (2012-2018)”. Aunque esta cifra se refiere a lo que el siguiente gobierno tuvo que pedir para sanear las finanzas, da una idea del impacto de la gestión de Velasco en la deuda.
En febrero de 2022, Velasco Coello se reuniría con Monreal, entonces líder del Senado, y Adán Augusto López, secretario de Gobernación, para confirmar que seguirían caminado juntos en la agenda legislativa que se ofreciera y, por lo que se ha visto, como fuere que viniera. La historia de siempre: el pacto de la impunidad.
Pero ese acuerdo no es con la jefa del Ejecutivo federal que sí, recibió un poder fragmentado, pero que ha visto mejorar sus condiciones respecto de la mochila de la vergüenza que recibió como carga, el caso de Adán Augusto López.
La abolladura a Adán Augusto le corta el impulso, por más que le pongan suavizante al tema “La Barredora”. Más cuando Washington acusa de conexiones profundas a las autoridades mexicanas con los cárteles. Y un feudo golpeado ya no tiene el mismo “glam” para sus aliados, en este caso el PVEM. Quizá algo de eso hay en la cita que tanto Velasco como Gallardo tuvieron con Sheinbaum hace días, los llamados al tiempo, los dos subieron fotos con una avidez extraña por atajar comentarios.
Gallardo Cardona llega al cuarto año de gobierno con obras, programas y eventos aceptados, pero también con un limbo de cifras y presupuestos, un desierto de millones de pesos que se evaporan en el aire sin explicación suficiente.
Del lado financiero, los quirografarios empiezan a encontrar desaprobación de los bancos habituales de la administración. Ni por monto, cada vez más alto, ni por contexto: se le debe a todo el mundo. A los proveedores que suplican por un pago. A los trabajadores que ven cómo su sueldo se retrasa o prestaciones desaparecen. A los jubilados de distintos sectores del servicio público, hasta las policías, a quienes les racanean finiquitos y pagos.
La deuda con la UASLP no para; la Federación ya se hartó de reconvenirlo a que cumpla su parte del convenio anual. No cumple ni en efectivo ni en especie. Al Colegio de San Luis le suspendieron apoyos desde el primer año. Pretexta, acusa y se escabulle para no cumplir su parte con los convenios federales, con ninguno. La presidenta lo tiene claro.
Es la historia de siempre: la del boquete financiero de un gobierno que gastó como quiso y hoy no halla la puerta. En el Congreso ya algunos diputados esperan o imaginan la solicitud de cargar el boquete a deuda pública. Se ha agotado el fondo. Se han secado las fuentes. Ya no hay quirografarios que valgan. Finanzas del Estado de San Luis Potosí es un cementerio amurallado de facturas que nadie paga.
Con Velasco se negoció impunidad; le conocen todo el expediente y su valedor tabasqueño se devalúa, aunque sus corifeos en Morena le canten que “no está solo”. La abolladura tal vez se note hasta San Luis.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
