Adriana Ochoa
El Congreso de San Luis Potosí vive uno de esos momentos donde las máscaras caen sin disimuloy se desvela la ajada moral corrosiva de quien las porta.
Un legislador de Morena, Carlos Artemio Arreola Mallol, se convirtió en el inesperado arquitecto de una hipoteca multimillonaria para municipios y estado. El diputado local propuso cuatro iniciativas para autorizar un endeudamiento que, en total, asciende a 13 mil 404 millones de pesos.
Al atardecer de ayer, ante el enojo de su dirigencia y las críticas, hizo circular su solicitud de desistimiento al coordinador de Servicios Parlamentarios. La propuesta cuyo retiro solicitó cuadruplica la deuda actual del estado y compromete las arcas futuras por décadas. Una fiebre repentina de gasto con visos de pánico.
Lo paradójico es que esta maniobra legislativa de un morenista resolvía la desesperación financiera del gobiernoverde de Ricardo Gallardo Cardona. Para nadie medianamente informado en San Luis Potosí es un secreto que las arcas estatales están agujereadas, parchadas de manera temporal a golpe de quirografarios.
Hará un semestre que bancos echaron números, enlazaron coordenadas para delinear contexto y sus consejos internos recomendaron cerrar la llave a los préstamos “temporales” al gobierno estatal. Públicos ahora son los adeudos críticos e injustificables a la UASLP y al IMSS Bienestar.
Desde el inicio de la administración, el fondo de Pensiones del Estado entró a una opaca labor de desfonde. No hay una forma clara y transparente de saber cuánto hay en ese fondo, cuánto dinero ha salido y cuánto fue descontado a los trabajadores del Estado en cuatro años.
Mientras tanto, los recursos se han evaporado en obras de relumbrón, aficiones personales del gobernador y espectáculos gratuitos. El morenista Arreola Mallol con sus iniciativas actuó como un tránsfuga de facto, un diputado que cambia los principios de su bancada por el favor del Palacio de Gobierno. No lo avisó a sus compañeros, no le dijo nada a su partido. De nada, se convirtió en el diputado providencial de Gallardo Cardona.
La justificación del paquetazo hipotecario fue retórica: “más desarrollo, infraestructura, movilidad y reducir el rezago social”. En realidad, planteó un asalto a los fondos federales con un barniz social. De ahí el enojo de su dirigencia y de muchas opiniones con alcance en medios.
Arreola propuso que los municipios se endeuden con cargo al FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social).La lista de montos permitidos de su iniciativa gritó sus conveniencias, encabezados lo más altos montos por municipios gobernados por el PVEM: Tamazunchale, Aquismón, Ciudad Valles y Xilitla.No es coincidencia; es la entrega de capital político a la base electoral del gobernador. Una jugada que huele a 2027.
El mecanismo propuesto para el endeudamiento es una trampa centralizadora: facultar a la Secretaría de Finanzas para crear y operar un fideicomiso irrevocable de pago. Los recursos federales, destinados a la pobreza, quedarían comprometidos hasta la liquidación total de la deuda. Así, el Estado, vía Finanzas, se convierte en el administrador supremo, reduciendo la autonomía de los ayuntamientos a una mera figura decorativa.
La segunda iniciativa fue aún más audaz: una línea de crédito general por 2 mil 378 millones de pesos con cargo al Fondo General de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal (participaciones de libre disposición).
Este esquema permitiría el endeudamiento múltiple y simultáneo de los 59 ayuntamientos sin necesidad de nuevas aprobaciones legislativas por cada crédito. Una jauja del crédito con el control de las operaciones centralizado en el Ejecutivo del Estado, es decir, Ricardo Gallardo Cardona.
San Luis Potosí y Soledad concentrarían los techos más altos, toda una facilidad en el uso de los fondos para proyectos de alto impacto político a corto plazo. A Villa de Pozos también le concedió un tope alto, cuando no logra ahora ni definir su estrategia de recaudación como nuevo municipio.
El corazón del riesgo latió desbocado en la tercera iniciativa: un crédito estatal de 7 mil 140 millones de pesos. Una cifra que duplica la deuda pública actual. Su plazo de 20 años abarcaría tres periodos de gobiernos posteriores al de Ricardo Gallardo Cardona y lo que a éste le falta para concluir el suyo. Una deuda intergeneracional para la ciudadanía potosina hasta 2046.
Las alarmas elevaron volumen con la vaguedad que se invocó como destino de ese dineral: la “inversión pública productiva”, sin detalle de proyectos concretos, ni rentabilidad social. Una ambigüedad perfecta para el desvío hacia gasto corriente o, peor aún, gasto político-electoral en un contexto preelectoral. En algún punto hizo una hueca promesa de “niveles de endeudamiento sostenible”, sin un análisis actualizado de proyecciones de flujo a 2046. Rotos los principios básicos de planeación, el destino de la deuda puede ser cualquiera.
El diputado Arreola, al entregar esta herramienta financiera, regalaba un cheque en blanco a un gobierno que desde el primer día oculta el gasto y pone todo tipo de pretextos para no hacer públicas las licitaciones, si es que las hay. Para los morenistas, Arreola actuó como “topo”, el término usado en política para la persona que se infiltra en una organización o partido para trabajar en beneficio de un rival. El paquete hipotecario arrelista proponía reducir el margen de maniobra de los próximos tres gobiernos estatales. Y los próximos cinco de los municipales.
El Congreso potosino tiene una bancada verde borrosa y domesticada, el erial perfecto para la aritmética legislativa; no cabría esperar de los verdes otra cosa que la aprobación sin leerla siquiera. El gobernador tendrá que retomar él mismo, con sus diputados y diputadas, el proyecto hipotecario que salve su desbarajuste financiero. A ver con qué sale.
El desistimiento de Arreola Mallol aduce la necesidad de hacer un replanteamiento técnico y financiero de sus propuestas. Solicita retirarlas del orden del día del martes próximo para fortalecer el análisis y el acuerdo con criterios hacendarios y de instancias competentes. De qué tamaño serían las reprimendas.
Y aunque no se hubiera llevado un solo regaño, hay un costo del que no escapa ningún tránsfuga, ni siquiera los exitosos: su evidenciada falta de convicción ideológica y facilidad para alinearse a proyectos ajenos a su formación política, ajenos a la representación popular que ostenta.
Sí, desde luego, cabe preguntarse a cambio de qué.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
