María Ruiz
La Huasteca Potosina se ha convertido en la región donde con mayor frecuencia se registran delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, una problemática que la jueza penal Gloria Elvia Olguín Torres calificó como crítica y de graves afectaciones para las infancias.
Con más de diez años de experiencia jurisdiccional, Olguín Torres advirtió que, a diferencia de la capital del estado, en la Huasteca los agresores suelen ser familiares directos de las víctimas.
“De manera muy lamentable, lo que he advertido es precisamente que está relacionado con familiares directos, y en la mayoría de los casos las víctimas son mujeres”, señaló.
En la capital potosina los casos también son frecuentes, pero los agresores suelen estar en el entorno social cercano: conocidos, vecinos o figuras de confianza.
“En la Huasteca prevalece la violencia sexual dentro de los hogares, lo que lo hace aún más grave”, sostuvo.
La jueza subrayó que existe un patrón reiterado: en algunos procesos judiciales se detecta que los agresores fueron víctimas de violencia en el pasado.
“Es una cadena. Eso no justifica ni excluye la conducta, pero sí es un elemento que debe considerarse al momento de individualizar las penas”, afirmó.
Respecto a las denuncias, Olguín Torres indicó que, aunque los menores son las víctimas, las madres suelen ser quienes presentan la querella. Sin embargo, recordó un caso donde fue el personal educativo el que denunció, ya que la madre, aun conociendo la situación, se negó a hacerlo.
“Este tipo de delitos se persigue de manera oficiosa. Cualquier persona que tenga conocimiento puede denunciar”, puntualizó.
Al ser cuestionada sobre la participación de mujeres como agresoras, la jueza señaló que en su experiencia no ha tenido casos en los que ellas sean las autoras principales.
“Generalmente el sujeto activo es del sexo masculino”, precisó.
Sobre los tiempos procesales, Olguín explicó que la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales marcan que un proceso de este tipo debería resolverse en un año. Sin embargo, factores como la inasistencia de las partes o la saturación de audiencias suelen alargar los juicios.
Finalmente, respecto a la reparación del daño, la jueza detalló que en la mayoría de los casos las sentencias incluyen atención psicológica para las víctimas, aunque la reparación debería ser integral.
“No solo hablamos de terapias, sino también de cubrir gastos médicos y todo lo que derive de las afectaciones físicas y emocionales”, subrayó.
La jueza reiteró que la violencia sexual contra la niñez y adolescencia en San Luis Potosí es un fenómeno alarmante, pero en la Huasteca se ha profundizado con mayor crudeza, por lo que urgió a reforzar la prevención, la denuncia y la atención integral a las víctimas.
