Gabriela Aguirre García
En la Huasteca Potosina se libra hoy una disputa silenciosa pero decisiva: la defensa del agua y del territorio frente a la amenaza del fracking. En municipios como Tamuín, San Vicente, Ébano, Ciudad Valles, Tanlajás, Tancanhuitz, Huehuetlán, Coxcatlán, Matlapa, Axtla de Terrazas, Aquismón, Tamazunchale y Xilitla, donde habitan históricamente pueblos originarios teenek y nahuas, la posible implementación de la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos representa un riesgo real y profundo. No se trata de una alarma infundada, sino de una preocupación sustentada en evidencias científicas, experiencias internacionales y en el conocimiento territorial de las propias comunidades.
El fracking, o fractura hidráulica, es una técnica utilizada para extraer gas o petróleo atrapado en formaciones rocosas de baja porosidad, como las lutitas. Para ello se perforan pozos que primero descienden de forma vertical y luego se extienden horizontalmente. Posteriormente, se inyectan millones de litros de agua a muy alta presión, mezclados con arena y un cóctel de sustancias químicas, con el objetivo de fracturar la roca y liberar los hidrocarburos. Estos recursos se denominan no convencionales porque no pueden extraerse mediante métodos tradicionales.
Fuente: Modificado de Alianza Mexicana contra el fracking
Los impactos de esta técnica están ampliamente documentados. No es casualidad que el fracking haya sido prohibido o severamente restringido en diversas partes del mundo. Sin embargo, en México, y particularmente en la Huasteca Potosina, la amenaza persiste, envuelta en una preocupante opacidad institucional.
Uno de los impactos más graves es el relacionado con el agua. Cada pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros, un volumen descomunal en regiones donde el acceso al agua ya es desigual y vulnerable. Este uso intensivo incrementa el riesgo de agotamiento de acuíferos y de cuerpos de agua superficial que abastecen a comunidades enteras. Pero el problema no es solo la cantidad, sino la calidad, el fracking implica la inyección de sustancias altamente tóxicas como benceno, tolueno, xileno, etilbenceno y metano, además de metales pesados y elementos radiactivos como el Radio-226. El resultado es la contaminación irreversible de enormes volúmenes de agua, inutilizables para el consumo humano, la agricultura y la vida comunitaria.
A ello se suman los riesgos para la salud humana. Diversos estudios han señalado que cientos de sustancias utilizadas en el fracking son nocivas. Una proporción significativa es cancerígena, mutagénica o afecta el sistema endocrino y nervioso. Hablar de fracking es hablar, entonces, de un modelo energético que externaliza sus costos sobre los cuerpos y los territorios de las comunidades más vulnerables.
Los impactos tampoco se limitan al ámbito ambiental o sanitario. El fracking transforma el territorio de manera profunda. La instalación de ductos, pozos, carreteras, presas de residuos y plataformas industriales rompe las dinámicas sociales, culturales y espirituales de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas. En distintos contextos, estos proyectos han venido acompañados de criminalización de la protesta, represión y violencia contra personas defensoras del territorio. No es exagerado afirmar que el fracking amenaza no solo los bienes naturales, sino también la cohesión social y la autonomía comunitaria.
En la Huasteca Potosina, la situación actual es particularmente preocupante. La información oficial sobre la exploración y eventual explotación de hidrocarburos mediante fracking es fragmentaria, contradictoria y poco transparente. Esta falta de claridad institucional vulnera el derecho de las comunidades a estar informadas y a decidir sobre su territorio. Sin embargo, lejos de permanecer pasivas, las comunidades han respondido con organización, conciencia y acción colectiva.
Desde la reforma energética de 2013, que abrió el sector energético a la participación privada, los pueblos de la Huasteca comenzaron a organizarse ante la posibilidad de que esta técnica se implementara a gran escala. La respuesta ha sido articulada desde abajo. Organizaciones como la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP), la Alianza Mexicana contra el Fracking y la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida han sido fundamentales en la defensa del territorio frente a estos proyectos.
Desde 2015 se han realizado encuentros regionales que han reunido a autoridades agrarias, investigadores, autoridades municipales, productores agrícolas, estudiantes, amas de casa y habitantes de distintas comunidades. Estos espacios han permitido construir una organización sólida, basada en la articulación de saberes científicos y conocimientos locales. Lejos de tratarse de una resistencia improvisada, es un proceso colectivo informado que comprende los alcances técnicos, legales y políticos del fracking.
Entre los conocimientos compartidos destaca el reconocimiento de que los planes gubernamentales contemplan la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales en amplias zonas del país, lo que podría afectar a miles de localidades en estados como Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Puebla, Hidalgo y Coahuila. También se ha documentado la presencia de empresas transnacionales de servicios petroleros interesadas en la región, principalmente Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford, compañías de origen estadounidense y europeo que han participado activamente en proyectos de fractura hidráulica en otras regiones del país y del mundo. Su interés en la Huasteca Potosina confirma que la amenaza del fracking no es una especulación, sino parte de una lógica extractiva transnacional que ve al territorio como una zona de sacrificio.
Este proceso organizativo ha tenido un componente central, la politización del conocimiento. Las comunidades han hecho efectivo, en la práctica, el Derecho Humano a la Ciencia, reconocido en el artículo 4° de la Constitución mexicana. Informarse, debatir y decidir colectivamente se ha convertido en una herramienta de defensa territorial y de afirmación de la autonomía comunitaria.
Hoy, más que nunca, el agua y la vida misma de la Huasteca Potosina están en juego. No podemos permitir que decisiones tomadas desde la opacidad institucional y al servicio de intereses económicos externos comprometan el futuro de la región. No bastan declaraciones oficiales que niegan la existencia del fracking mientras se otorgan permisos, se realizan mediciones o se instala infraestructura preparatoria. La ambigüedad no protege a las comunidades; por el contrario, las deja en estado de vulnerabilidad.
Por ello, es indispensable que la sociedad potosina en su conjunto no baje la guardia. Este no es un tema exclusivo de comunidades indígenas o rurales: es un asunto de interés público, de justicia ambiental y de responsabilidad histórica. Defender el agua es defender la vida, y toda autoridad que no asuma esta prioridad está incumpliendo su mandato.
La Huasteca Potosina no se vende, no se renta ni se entrega. Que quede claro: aquí el agua y el territorio se defienden con organización, con información y con dignidad. La lucha sigue, y seguirá, porque el futuro no se fractura.
Referencias
Ledesma Domínguez, F., Campero Arena, C., Jiménez Ramírez, A., & González González, M. (2021). La lucha contra el fracking en México: Voces desde los territorios. Alianza Mexicana contra el Fracking.
Salvatierra Escobar, A. (2019). El fracking en la huasteca poblana y potosina. La implicación del estado neoliberal en las disputas territoriales locales. Tesis Maestría en análisis regional. Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Núñez Terrones, E. (2021). Luchas jurídicas contrahegemónicas frente al despojo global: territorios en resistencia en la huasteca potosina, México. Tesis Doctorado en Ciencias Ambientales. Universidad Autónoma de Chapingo.
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