Por Oswaldo Ríos Medrano
El retiro del fuero a Enrique Flores parecería ser el punto final al penoso espectáculo de la ecuación corrupta, pero no es así. Es evidente que, votación tras votación, decisión tras decisión, el Congreso sigue actuando en la misma lógica de perversidad y complicidad que simula cambios, para que todo siga igual. La explicación, es que detrás de los “cuatro cuatreros” expuestos en el famoso video que destapó la cloaca, hay otros prominentes diputados que integran, dirigen, se beneficiaron y siguen obteniendo lucro económico y político de la ecuación corrupta, gracias a la ventaja que les da el permanecer bajo las sombras, aprovechando la falta de memoria y la confusión que intencionalmente generan.
Su plan parecía inalterable, pero la publicación del reciente reportaje de Carlos Loret sobre Ricardo Gallardo en Televisa y la posterior revelación en su columna, de que “la mano que dirige” a la “gallardía” pertenece al misterioso ocupante de la dirección G-217 (la curul que ocupa el diputado federal por el Verde Cándido Ochoa Rojas), obligó a muchos actores a cuestionarse seriamente, ¿cómo hizo la dupla Gallardo-Cándido para apoderarse del Congreso y desde ahí, fraguar las tenebras que fuerzan al gobernador Carreras a negociar cada asunto con ellos, aún cuando eso ha implicado despedazar la vida interna de los grupos parlamentarios, y sobre todo, la imagen del Poder Legislativo?
La respuesta es una sola, el binomio político que conforman Ricardo Gallardo y Cándido Ochoa tiene su propio grupo parlamentario con coordinador incluido: Héctor Mendizábal Pérez, la incógnita oculta, detrás de la ecuación corrupta.
Para nadie es un secreto que Héctor Mendizábal es el principal operador político de Cándido Ochoa. Desde los tiempos en los que el hoy diputado federal era súper-secretario general de Gobierno en la corrupta administración torancista y Héctor Mendizábal era dirigente estatal del PAN, se documentó una abierta y descarada cohabitación que convirtió a la que debió ser la principal oposición en San Luis Potosí, en un partido sometido a las decisiones del gobierno priísta. La derrota de Mendizábal al interior del PAN y su desencajada reacción, le impidió cumplir su compromiso de seguir manteniendo a ese partido como dócil ejecutor de las instrucciones de Cándido Ochoa, eso y nada más que eso, explica lo que algunos desinformados llaman “división interna”.
Gracias a ese pernicioso contubernio entre Ochoa y Mendizábal, fue posible que Cándido se quedara con prácticamente la totalidad de magistraturas en el Supremo Tribunal de Justicia, que hasta la fecha manipulan y exprimen a contentillo. En amasiato, también pudieron colocar en la titularidad de la Auditoría Superior del Estado a un ex socio del despacho de Cándido Ochoa, José de Jesús Martínez Loredo, hoy defenestrado por las revelaciones de la ecuación corrupta, pero quien durante todo el tiempo que estuvo al frente del órgano auditor, accedió puntualmente a los esquemas de dirección política de la dupla Mendizábal-Ochoa: calificar con cero observaciones a los ayuntamientos de Soledad y San Luis Potosí (ambos cuando fueron gobernados por Ricardo Gallardo); o garantizar la impunidad de la cuenta pública de Fernando Toranzo (jefe de Ochoa) y en cuya votación Héctor Mendizábal se abstuvo a pesar de ser “oposición”, por poner solo dos ejemplos.
Con el mismo esquema, Ochoa y Mendizábal pudieron apoderarse de dos magistraturas en el Tribunal Electoral del Estado (Rigoberto Garza y Yolanda Pedroza); de la presidencia de la CEGAIP; de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (con Jorge Vega, el mejor amigo en la etapa universitaria de Ochoa); y del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (colocando ahí a Guadalupe Cervantes, síndico durante la administración de Gallardo en Soledad).
Así como Cándido Ochoa tiene en Manuel Barrera, a su principal socio y mano izquierda para los trabajos más impresentables, de la misma manera, Héctor Mendizábal mantuvo y usó a Enrique Flores. Que nadie se llame a sorpresa: el empoderamiento, encumbramiento y caída de Enrique Flores solo puede explicarse por las necesidades y la ambición de Mendizábal.
La llegada de Enrique Flores al Congreso como tercer diputado plurinominal por el PAN fue por la decisión de Héctor Mendizábal como presidente estatal de ese partido. No fue ese, el único testimonio del nivel de complicidad entre uno y otro. Además, la suegra de Enrique Flores, María Leticia Loera fue habilitada en la cuarta diputación de representación proporcional (estuvo a punto de ser legisladora gracias a la impugnación que promovió el PRI), y por si fuera poco, intercambiaron suplentes, el de Flores es Jorge Luis Miranda, operador de todas las confianzas de Mendizábal y el de Mendizábal es Armando Martínez, chofer de Enrique Flores.
Un poco de historia. Al principio de la Legislatura, a Cándido y Mendizábal se les ocurrió inventar un adefesio llamado “Los broncos”, grupo que integró a los peores legisladores de varios partidos (Enrique Flores, Jorge Luis Salinas, Mariano Niño y Héctor Mendizábal del PAN; José Luis Romero, Gerardo Limón y Rebeca Terán del PRI; Sergio Desfassiux y Guadalupe Torres del PRD; y Manuel Barrera del Verde), su primer propósito fue destrozar toda operación política del Ejecutivo en el Congreso para lograr la caída de Esther Angélica Martínez del PRI y llevar a la coordinación de ese grupo parlamentario a Fernando Chávez, quien al igual que Ochoa, es un torancista declarado y con quien podrían repartirse mejor la administración de los recursos del Congreso.
Una vez que llevaron a Chávez a la coordinación del PRI, exigieron su apoyo para aprobar una reforma que permitía que los diputados eligieran a su coordinador. Al único partido que le afectaba era al PAN, pues solo ese instituto reconoce en sus documentos básicos la atribución del dirigente estatal de nombrar al jefe de bancada. Pisoteando los estatutos que juraron defender, aprobaron la reforma y acto seguido, eligieron a Flores como su pastor parlamentario para hacerlo presidente de la Junta de Coordinación Política. Gracias a esa decisión, Enrique Flores se convirtió en el diputado más poderoso e insaciable del Congreso, a sus impulsores no pudo sorprenderlos el video de la ecuación corrupta porque fue algo que ellos mismos construyeron. Solo que se les salió de las manos.
Pero una vez que cayó Flores, gracias a la “oportuna” filtración del video en que se autoexhibe como voraz, ¿quiénes fueron los ganones del “cagadero” del que hablaba el hoy desaforado diputado y que, como puede verse, sigue vertiendo excremento a granel? Dos datos: Héctor Mendizábal se quedó con la presidencia de la Comisión de Vigilancia, entidad responsable de elegir al nuevo auditor superior del estado; y Fernando Chávez, con la presidencia de la Directiva, esa que dejó apestando Manuel Barrera y que en teoría iba a ser para Guadalupe Torres, quien hoy, al igual que Óscar Bautista, está fuera del Congreso gracias a una delación en la que los vencedores han sido quienes los utilizaron para encumbrarse.
Todo claro.
Acaso sea preciso mencionar el papel de Manuel Barrera Guillén en este asunto. El dueño del Verde no dejó la presidencia del Congreso porque contó con la protección y el respaldo de Juan Manuel Carreras, pero también de Héctor Mendizábal y de Cándido Ochoa.
Es mucho lo que Cándido les debe a Barrera y a Mendizábal. Al del Verde, haberlo designado por dedazo como candidato a diputado federal por Ciudad Valles, y al todavía blanquiazul, imponer como candidato “del PAN” en ese distrito, al primo de Manuel Barrera, Alfonso Díaz de León Guillén, quien, a pesar de haber ganado la diputación local con el Verde, perdió “inexplicablemente” con el ahora famoso ocupante de la curul G-217. Afortunadamente la vida es bondadosa y la patética campaña que realizó Alfonso Díaz de León contra Ochoa fue bien recompensada: lo nombraron director del Instituto de Planeación. ¿En Ciudad Valles? No, por supuesto. Aquí, en el ayuntamiento capitalino que encabeza el socio de Mendizábal y Ochoa, Ricardo Gallardo. ¡Vaya sorpresa!
Ahora, la Comisión de Vigilancia que encabeza el “diputado de oposición” Héctor Mendizábal, ha definido la terna de la que saldrá el nuevo auditor. Jesús Motilla, Rocío Cervantes y José Mejía conforman tres opciones que garantizan que el órgano fiscalizador más importante del estado seguirá siendo el brazo “ajusticiador” con el que los autores intelectuales de la ecuación corrupta seguirán haciendo de las cuentas públicas el principal instrumento para amenazar alcaldes, financiar campañas y operar políticamente en 2018.
La incógnita de la ecuación corrupta ha sido despejada y conocemos los componentes que faltaban: el factor H y el factor G-217. La fórmula perfecta de una ecuación corrupta químicamente pura.
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