Estela Ambriz Delgado
El Consejo Hídrico Estatal (CHE) hizo un llamado a las autoridades para adoptar un enfoque de justicia hídrica, que replantee el modelo de desarrollo, la planeación urbana y la gestión institucional del recurso, a fin de mirar el problema del desabasto de agua potable desde una perspectiva más amplia, para no solo resolverlo, sino además corregir las desigualdades estructurales que lo producen.
A través de un artículo científico, el consejo expresó que dicho enfoque cobra gran relevancia en el contexto actual de crisis hídrica que enfrenta el estado, ya que hablar de agua va más allá de su disponibilidad: implica analizar cómo se distribuye, quiénes toman las decisiones y quiénes quedan fuera.
Se indica que la justicia hídrica es una perspectiva fundamental para transformar la manera en que se administra este recurso vital, pues parte de la idea de que el agua no debe tratarse como una mercancía, sino como un derecho humano y un bien común, cuyo acceso, uso y control deben ser equitativos, democráticos y sostenibles para toda la población.
Esto implica reconocer que las desigualdades en el acceso al agua no son naturales, sino resultado de decisiones políticas, económicas y territoriales. Tanto en el estado como en otras entidades, esto forma parte de una “gestión tradicional” que favorece a ciertos sectores, como el industrial, inmobiliario o urbano, mientras que comunidades rurales, periurbanas y pueblos originarios enfrentan escasez, mala calidad o acceso intermitente.
“La literatura especializada señala que estas desigualdades generan conflictos y están vinculadas a procesos de acumulación y despojo hídrico, donde actores con mayor poder concentran el recurso”, precisan.
Por ello, el CHE señala que incorporar la justicia hídrica en la gobernanza del agua —entendida como el conjunto de decisiones, instituciones y actores que determinan quién y cómo accede al agua— es clave para construir soluciones sostenibles. Afirman que no basta con infraestructura o nuevas fuentes de abastecimiento; se requiere transformar las reglas.
Se detalla también que una gobernanza del agua con enfoque de justicia hídrica implica una distribución equitativa del recurso, que garantice agua suficiente y de calidad para todas las personas, priorizando el consumo humano y los ecosistemas.
Asimismo, requiere una participación ciudadana real, que incluya a comunidades, organizaciones y ciudadanía en la toma de decisiones, no solo como observadores, sino como actores clave; así como el reconocimiento de derechos colectivos, que respete los sistemas comunitarios de gestión del agua y los saberes locales.
Además, plantea la necesidad de transparencia y rendición de cuentas para asegurar que las decisiones sobre concesiones, usos y proyectos hídricos sean públicas y justificadas; así como la protección de los ecosistemas, al entender que sin acuíferos sanos, zonas de recarga y biodiversidad, no hay agua para nadie.
El Consejo puntualiza que el enfoque de justicia hídrica invita a mirar la problemática como parte de la justicia ambiental, donde los beneficios y las cargas derivadas del uso de los recursos naturales deben distribuirse de manera equitativa en la sociedad.
“Desde el Consejo Hídrico Estatal promovemos este enfoque como base para construir una gestión del agua más justa, incluyente y sostenible, donde el derecho humano al agua sea una realidad para todas y todos, y no un privilegio para unos cuantos”, concluyen.
