Por Victoriano Martínez
Cuando el 5 de febrero de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su paquete de 20 iniciativas de reformas constitucionales incluyó una modificación a la que se refirió en alguno de los documentos como “prohibición del fracking o fracturamiento hidráulico para la extracción de hidrocarburos” y se describió así:
“La reforma al párrafo séptimo del artículo 27° constitucional prohíbe el otorgamiento de contratos para la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos a través del fracking o fracturamiento hidráulico. También establece sanciones a las personas que realicen cualquier actividad relacionada.
“En esta técnica se usan hasta 750 diferentes productos químicos altamente tóxicos y cancerígenos, como metanol, benceno y tolueno. El uso excesivo de líquido provoca una gran cantidad de agua residual sin que existan tratamientos efectivos para poder reutilizarla”.
Cuando al inicio de la actual Legislatura Federal se dio la aprobación en cadena de aquellas 20 iniciativas, incluidos casos tan complejos como la reforma judicial, el ejercicio no les alcanzó para prohibir el fracking, a pesar de haber sido bandera de la campaña electoral de la hoy presidenta Claudia Sheimbaum Pardo.
Cuando el pasado mes de agosto se presentó el Plan Estratégico para el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos 2025-2035, para organizaciones civiles y autoridades comunitarias de la zona Huasteca y movimientos del ámbito nacional como la Alianza Contra el Fracking (ACF) el no haber aprobado la prohibición del fracking se volvió sospechoso.
Al haber detectado perforaciones sin restricción de profundidad en la región Huasteca que representan un indicio claro de la intención de identificar y explotar volúmenes de gas y petróleo con posibilidad de usar la técnica del fracking, la sospecha se transfiguró en alerta.
Aunque en el Plan Estratégico de PEMEX no se menciona la palabra fracking ni la expresión “fracturamiento hidráulico”, la ACF advirtió que se usa un lenguaje técnico en el que podría estar oculta la intención de autorizar esa técnica en conceptos como “yacimientos de geología compleja”, “nuevos esquemas de extracción” y “plays no convencionales”.
El hecho es que hay tres indicios de que pudiera autorizarse el uso del fracking no sólo en la Huasteca, sino en todo el país: (1) no haber aprobado su prohibición, (2) un Plan Estratégico de PEMEX que poco claro en la postura de no permitir esa técnica y (3) la detección perforaciones sin restricción de profundidad.
La movilización contra el fracking en la zona Huasteca por parte de las comunidades Tenek y Náhuatl no ha cesado desde entonces, incluso con una manifestación frente al Palacio Nacional el día del primer informe de Sheimbaum Pardo.
Un movimiento que cada vez requiere de la adhesión de más actores, especialmente con representación oficial, lo que explica por qué este 6 de diciembre durante el foro regional No al Fracking. En defensa del territorio, el agua, y la vida, acordaron solicitar formalmente al Congreso del Estado que exhorte al Congreso de la Unión a prohibir esa técnica extractiva.
Se trata de una deuda de Sheinbaum Pardo con el medio ambiente en la que no basta con declaraciones en contra del fracking, sino que su rechazo tendrá que estar en el texto constitucional en los términos de la propuesta que en su momento presentó López Obrador para el párrafo séptimo del artículo 27:
“No se otorgarán contratos ni se realizará ningún otro acto administrativo que permita la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos en yacimientos petroleros no convencionales mediante fracking o fracturamiento hidráulico”.
No hacerlo implica un riesgo sobre el que, especialmente en las comunidades indígenas, se conocen los efectos negativos que podrá tener.
