Por Victoriano Martínez
El caso de violación de una menor de edad en las instalaciones del Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario, al interior del Parque Tangamanga II, dista mucho de ser uno más en el casi medio millar de violaciones denunciadas en el Estado en lo que va del año: es una auténtica luz que alerta sobre el riesgo de los infantes en instituciones que deben formarlos y protegerlos.
En los casos de delitos contra la libertad y la seguridad sexual, de los cuales se han denunciado mil 125 en los primeros nueve meses de este año (478 son violaciones), las víctimas suelen verse sometidas a procesos en los que las re victimizan en las instituciones obligadas a procurarles justicia, como una vez más quedó expuesto en esta caso del Pentathlón.
Lo ocurrido el fin de semana con una menor en el Pentathlón se suma a lo que derivó en la aprehensión, el pasado 23 de octubre, de Alejandro N., quien era titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social (PDPAM) del DIF estatal.
En aquel caso un menor de edad denunció la agresión sexual por parte de quien encabezaba la institución que debía protegerlo; ahora se trata de una menor que padece una violación en las instalaciones de la institución que ofrece formar a los jóvenes en los valores del deber y la disciplina.
En ambas instituciones, la reacción re victimizante de quienes las encabezan se deja guiar por una mal entendida institucionalidad en la que, por proteger la imagen pública del organismo, se atenta contra la dignidad de los menores agraviados.
Tan mal entendida está la institucionalidad, que al re victimizar a los agredidos lo que resulta es un mayor descrédito para la institución que defienden, al exhibirlas como incapaces de atender un principio básico: el interés superior del niño, niñas y adolescentes.
Se trata de crímenes que no deben ser ocultados porque muestran situaciones en las que la niñez corre peligro. Independientemente de la presunción de inocencia para los inculpados, los casos están ahí y a las instancias de procuración de justicia les corresponde aplicar la sanción que corresponda para evitar una impunidad que aliente su repetición.
Si hace muchos años había campañas para prevenir que los menores fueran víctimas de algún delito con el cuestionamiento ¿Y usted… sabe dónde y con quién están sus hijos?, estos casos comienzan a colocar a las instituciones que deben formar y proteger a los menores en la lista de lo que antaño se consideraba lugares no recomendables o de malas compañías.
El hecho de que ocurran violaciones al interior de instituciones que deben formar y proteger a los menores es aberrante, pero lo es más que quienes las encabezan re victimicen a los afectados en detrimento de la confiabilidad de las propias instituciones.
