Por Alejandro Rubín de Celis
El video en el que el diputado panista Enrique Flores presuntamente pretende extorsionar a un alcalde y en el que el legislador despliega una red de tráfico de influencias y actos ilegales en el manejo de las cuentas públicas entre el Congreso local y la Auditoría Superior del Estado (ASE), pone de manifiesto que la opacidad en el manejo de los recursos públicos es una de las causas estructurales que generan la corrupción en San Luis Potosí.
En los meses de enero y febrero de cada año, los poderes del Estado, los ayuntamientos, los órganos autónomos y otros entes que reciben fondos públicos, entregan al Congreso los estados financieros del año inmediato anterior y el Poder Legislativo los envía a su vez a la ASE para que realicen las auditorías correspondientes. En los cuatro o cinco meses en que se realiza el proceso de fiscalización de las cuentas públicas los únicos que deberían saber -en teoría- de las revisiones contables son los auditores y el titular de la ASE, aunque algunos episodios han dado muestras de que la autonomía del organismo fiscalizador está sólo en el papel, pues se ha documentado la intervención de algunos diputados, no únicamente en las cuentas de este año, sino también en las de otros.
Si los auditores encuentran irregularidades durante las revisiones, las hacen saber a los entes obligados, los cuales cuentan con un período de gracia para solventar las inconsistencias. Una vez concluidas las revisiones, la ASE procede a elaborar los informes finales de las auditorías y los entrega al Congreso para su aprobación o rechazo.
Lo que sucede en los cuatro o cinco meses de la revisión y mientras los diputados revisan los informes finales, sólo lo saben los integrantes de la auditoría, los servidores públicos involucrados y los legisladores. Un periodo propicio para la corrupción, un espacio en el que los ciudadanos desconocen por completo lo que sucede con el manejo del dinero que ellos mismos aportan a través de sus impuestos y contribuciones. Esta situación equivaldría a que el dueño de un negocio hiciera un largo viaje y al regresar sus empleados no le dieran cuentas, sino que únicamente le dijeran cuánto quedó en caja.
La injerencia del Congreso en los asuntos de la Auditoría es definitiva, no obstante que de acuerdo a la ley este último es un organismo autónomo. El Congreso es el que nombra al titular de la ASE, por lo tanto es a ese poder al que le debe la chamba. Para colmo, los diputados reformaron en abril pasado la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado para dejar en manos del Congreso la facultad de nombrar al contralor de la auditoría (antes la tenía el auditor superior sobre sus subalternos, se supone que para cuidarles las manos), lo que permitió que el diputado José Guadalupe Torres interviniera para que su amiga, Rosa María Ruiz Medellín, ocupara ese cargo.
La red de corrupción para limpiar cuentas públicas y para favorecer intereses particulares no es exactamente un secreto a voces como se ha dicho. En la revisión de la Cuenta Pública 2015 del Ayuntamiento de San Luis Potosí, la ASE hizo observaciones a los primeros tres meses de la gestión del alcalde Ricardo Gallardo Juárez (octubre-diciembre de ese año) debido a inconsistencias en la documentación presentada, pero gracias a una charla entre los diputados José Luis Romero Calzada, J. Guadalupe Torres y Manuel Barrera (los dos últimos señalados también por Enrique Flores como parte de la red de corrupción para limpiar cuentas públicas) y el auditor superior, José de Jesús Martínez Loredo, las observaciones se redujeron prácticamente en 34 millones de pesos, monto al que ascendía la compra de medicamentos que la administración gallardista nunca pudo comprobar (aquí la información).
Un año antes, la ASE hizo observaciones financieras a la Cuenta Pública 2014 del gobierno del estado por apenas 10.9 millones de pesos, el 0.03 por ciento del presupuesto ejercido que fue de 36 mil 356 millones de pesos. Por su parte, y aunque parezca increíble, los poderes Legislativo y Judicial prácticamente salieron limpios, sin observaciones. Y lo mejor: quien ha aprobado finalmente estas cuentas públicas es el Congreso del Estado, no sólo esta legislatura, también la anterior.
Y para 2016, la Cuenta Pública del Ayuntamiento de San Luis Potosí aparece en ceros, bajo el argumento de la ASE de que en esta ocasión los recursos serán fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y los mil 67 millones de pesos de ingresos propios que obtuvo la administración gallardista y que no son sujetos de revisión por parte del órgano de fiscalización federal? ¿Alguna duda del contubernio entre diputados e integrantes de la Auditoría Superior del Estado? Un dato adicional: la ASE de San Luis Potosí salió reprobada en un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a causa de su falta de autonomía respecto de otros órganos de gobierno.
Está claro: o se deslinda por completo la Auditoría Superior del Estado del Congreso para erigirse en un organismo auténticamente autónomo que no sólo fiscalice a los entes obligados sino que también apruebe oficialmente las cuentas públicas, o seguiremos padeciendo esa red de corrupción que daña profundamente a la sociedad, a menos que el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción cuente con los sistemas y mecanismos necesarios para desmantelar las prácticas de la extorsión, el abuso de poder, el tráfico de influencias y otros problemas de fondo que evitan que se transparente el uso y destino de los recursos públicos, para lo cual será indispensable la participación de la sociedad en la composición del comité seleccionador y en la integración del Comité de Participación Ciudadana del sistema, a fin de evitar imposiciones del propio Congreso o de otros grupos de poder.
Otra alternativa en la que habría que pensar es en desaparecer la ASE y promover la creación de un nuevo órgano fiscalizador, integrado por académicos, especialistas y miembros de la sociedad civil, elegidos bajo un mecanismo abierto y transparente, con perfiles bien definidos y con autonomía presupuestal y de decisión, que sea financiado por el Estado. Algo similar a lo que fue el Consejo Estatal Electoral ciudadanizado en sus inicios.
El video del encuentro entre el diputado Enrique Flores y el alcalde Crispín Ordaz no ha hecho más que poner al descubierto una red de complicidades para la limpieza de cuentas públicas, que también incluye otros actos ilegales e inmorales como la venta de votos en el Congreso para aprobar la modificación al convenio original del ayuntamiento de la capital con Panavi, promovida por el alcalde Ricardo Gallardo, como quedó documentado por Astrolabio Diario Digital. Les faltaron dos votos pero, antes de que se consumara el atropello, la presión social consiguió que el dictamen regresara a comisiones. Pero ¿a cuántos legisladores ya les habían llegado al precio? ¿Quiénes ya habían aceptado el soborno? A punto estuvo de consumarse uno de los más grandes abusos de poder en años recientes que se caracterizó por la opacidad en el manejo de la información. Si la sociedad no actúa a tiempo, las instituciones hubieran permitido el atraco.
