Estela Ambriz Delgado
Ante la situación de crisis hídrica permanente en diversas colonias de la zona metropolitana, causada en gran medida por una gestión deficiente del recurso y la desigualdad en el acceso al mismo, la participación de una ciudadanía informada y organizada es clave para lograr que hacer valer el derecho humano al agua, así lo consideró en entrevista el presidente del Consejo Hídrico Estatal (CHE), Jonathan Abraham Quintero García.
El también investigador del Programa en Ciencias Sociales de El Colegio de San Luis (Colsan) expresó que, el papel de la ciudadanía en el cumplimiento del derecho humano al agua es mucho más importante de lo que a veces se reconoce, y va más allá de ahorrar agua en sus casas o pagar puntualmente su recibo, con una participación activa en la vigilancia y defensa del recurso, así como en decisiones.
Reiteró que para convertir en una realidad el derecho al agua, se necesita una sociedad informada, organizada y con voz, para que su gestión deje de ser un asunto cerrado entre autoridades y grandes usuarios, y se convierta en un tema público donde entren en juego las necesidades de las comunidades, la protección de los ecosistemas y la equidad social.
En este sentido, recordó que desde el CHE se ha indicado en diversas ocasiones que la crisis hídrica, más que una escasez del recurso, es una desigualdad en su acceso porque no todos la padecen por igual.
Hay sectores socioeconómicamente privilegiados y/o industriales de alta extracción que no experimentan el desabasto, por el contrario de las clases vulnerables que la padecen desde hace décadas y por ello se ven obligados a pagar en el sector privado, carente de controles sanitarios.
Quintero García puntualizó que la participación ciudadana también es clave para hablar de justicia hídrica, pues las comunidades pueden hacer visibles las injusticias, y exigir que la gestión sea más equitativa, dando prioridad a quienes han sido sistemáticamente excluidos.
Asimismo, destacó que el conocimiento que tienen las personas que viven en los territorios —como la localización de donde falta el agua, dónde llega contaminada, qué colonias dependen de pipas, qué ríos reciben descargas o qué pozos se están secando—, es fundamental para tomar mejores decisiones, y en su mayoría no son consideradas por las autoridades.
Además de que la participación ciudadana funciona como un mecanismo de vigilancia, y ayuda a exigir transparencia sobre quién usa el agua, cuánta se extrae, cómo se distribuye, y en qué se invierten los recursos públicos.
“Sin esa mirada social, la gestión puede volverse opaca, favorecer a quienes tienen más poder económico o político, y dejar en segundo plano a las poblaciones más vulnerables. La ciudadanía organizada puede cuestionar concesiones excesivas, denunciar contaminación, exigir obras donde realmente se necesitan y presionar para que se respeten prioridades básicas, como el consumo humano y la conservación de los ecosistemas”.
Sin embargo, el investigador subrayó que es importante no caer en la idea de que toda la responsabilidad recae en la población, y que la participación ciudadana no sea una excusa para que el Estado se desentienda de su obligación de garantizar agua suficiente y de buena calidad.
El papel de la ciudadanía es acompañar, vigilar, proponer y defender, pero las autoridades son las principales responsables de planear, regular e invertir de manera justa y sostenible, de tal forma que pueda darse una corresponsabilidad con instituciones que escuchen, informen con claridad y abren espacios reales de incidencia.
“Una ciudadanía activa e informada ayuda a transformar la forma en que entendemos el agua: deja de verse como un simple recurso que se extrae, se usa y se desecha, y comienza a reconocerse como parte de un sistema del que dependemos todos. Esa mirada más amplia, que conecta el consumo diario con los acuíferos, los ríos, los bosques y las generaciones futuras, es esencial para avanzar hacia una gestión sostenible. Por eso, más que un complemento, la participación ciudadana es una condición básica para que el derecho humano al agua se cumpla de manera transparente, equitativa y justa”.
Quintero García concluyó que, en el Valle Metropolitano de San Luis Potosí, la presencia y acción de la ciudadanía se vuelve aún más urgente frente al acaparamiento del agua por sectores de alto consumo, la sobreexplotación del acuífero 2411, el mercado irregular del agua, la expansión urbana acelerada e invasiva, y las desigualdades en el acceso al agua potable.
Sin una sociedad organizada y vigilante, las decisiones sobre el agua corren el riesgo de priorizar beneficios económicos de unos pocos por encima del acceso universal y la protección ambiental, debilitando la legitimidad del Estado frente a un derecho fundamental.
