Por Victoriano Martínez
Por cada delito que se denunció en enero de 2016, el primer inicio de un año durante el anterior sexenio, el mes pasado se denunciaron 3.12, es decir, en seis años la incidencia delictiva en el primer mes del año se multiplicó por tres.
Desde que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publica cada día 20 de mes las cifras de delitos denunciados y registrados en el mes anterior, los datos se vuelven instrumento para asegurar que se tienen avances en el combate a la delincuencia, aunque también pueden ser utilizados para lo contrario.
Se puede comparar el número de delitos denunciados en diciembre de 2021, 4 mil 514, con los denunciados en enero de 2022, 3 mil 628, para una afirmación triunfalista que presuma una reducción del 19.62 por ciento en el número de delitos. Digno de un boletín y hasta del pago de gacetillas al por mayor. Lástima que está la veda por la revocación de mandato.
Pero si se compara la cifra de delitos denunciados en enero de 2021, 3 mil 630, con los denunciados el mes pasado, 3 mil 628, es decir, en una comparación de enero contra enero, el número de delitos se mantiene prácticamente igual.
Si esa misma comparación, enero contra enero, se remonta unos años más atrás, por ejemplo, al primer enero del sexenio pasado, la diferencia se vuelve preocupante: en enero de 2016, el primero con Juan Manuel Carreras como gobernador, se reportaron mil 162 delitos; para enero de 2022, el primero con Ricardo Gallardo Cardona como gobernador, se reportan 3 mil 628.
Una diferencia de escándalo que —desde la perspectiva gubernamental— más vale que no se conozca y, de ser posible, que quede oculta muy debajo de la comparación entre este enero con el pasado diciembre.
Lo cierto es que por más que se acomoden los periodos comparativos desde el ámbito oficial para dar una visión optimista, o desde fuera de la propaganda gubernamental para lo opuesto, lo que prevalece es una tendencia creciente de la incidencia delictiva que, por muchas mesas para la construcción de la paz y la seguridad que se den, no para.
El propio SESNSP presenta un índice que vuelve comparable la incidencia delictiva entre un periodo determinado y otro: el número de casos por cada 100 mil habitantes de cada uno de los delitos. Unos datos que dan cuenta de una manera más real de la tendencia de la ola delictiva.
De siete tipos de delitos seleccionados para comparar ese índice del año 2015 con el 2021, tres presentan una ligera tendencia a la baja en tanto que el resto un crecimiento que, en tres casos, supera el 100 por ciento de aumento.
El delito de secuestro presenta un mayor decremento al pasar de 0.76 a 0.49 casos por cada 100 mil habitantes. Un 35.53 por ciento menos. La extorsión pasó de 5.11 a 4.23 casos por cada 100 mil habitantes de 2015 a 2021, una baja del 17.22 por ciento; en tanto que los robos a casa habitación pasaron de 45.32 a 41.93 por cada 100 mil habitantes, una reducción del 7.48 por ciento.
En cambio, el delito con mayor incremento fue el feminicidio, que pasó de 0.5 a 1.62 casos por cada 100 mil habitantes, es decir, creció un 224 por ciento; le sigue el homicidio doloso, que pasó de 9.32 a 25.64 por cada 100 mil habitantes, un aumento del 175.11 por ciento.
El robo de vehículos pasó de 32.74 a 69.9 casos por cada 100 mil habitantes de 2015 a 2021, un aumento del 113.5 por ciento, en tanto que el robo a transeúntes de 22.33 a 29.18, un incremento del 30.68 por ciento.
Quizá la cifra que más refleja la gravedad del problema que representa el incremento de la delincuencia es que en 2015, año de cambio de gobierno, se registró un total de 21 mil 419 delitos denunciados, en tanto que el año pasado fueron 51 mil 70, un aumento del 138 por ciento en el global.
De ese tamaño es el reto que las acciones del actual gobierno en los últimos cuatro meses dan muy pocas señales de avanzar hacia un clima en el que se comience a recuperar la seguridad pública, por mucho que se manejen cifras que puedan utilizarse para aparentar avances.
