La relación tóxica entre Morena y el Verde rumbo a 2027

Fernanda Durán

Si algo caracteriza la relación entre Morena y el Partido Verde es que nunca es lineal, no es alianza estable, tampoco ruptura definitiva. Es una dinámica de tensión permanente: se confrontan, se mandan mensajes, se presionan públicamente y al final vuelven a sentarse juntos. Una relación de amor–odio que empieza a desgastarse y que, rumbo a 2027, podría convertirse en algo más complejo que una simple negociación electoral.

El episodio más reciente lo detonó el senador Manuel Velasco, quien en plena sesión del Senado destapó públicamente a Ruth González Silva como próxima gobernadora de San Luis Potosí. No fue un comentario aislado ni ambiguo. Levantó su mano y aseguró que “sin duda” será la próxima mandataria, “si ella quiere”, y además sostuvo que en las mediciones internas del partido ella “va dos arriba, con una amplia ventaja”, es decir, no sólo la colocó como candidata natural del Verde, sino que intentó legitimar el destape bajo el argumento de que encabeza las encuestas, adelantando un escenario electoral que formalmente aún ni siquiera ha comenzado.

Lo hizo pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la prohibición del nepotismo electoral como parte de una reforma constitucional, y en un contexto en el que Morena ha establecido reglas internas para evitar que familiares directos hereden candidaturas en 2027.

Y aunque el PVEM no está sujeto a los estatutos internos de Morena, el destape se leyó como un desafío directo a la narrativa nacional contra el nepotismo. Una especie de madruguete que obligó a la propia senadora a salir a “enfriar” el ambiente con un mensaje en redes sociales donde afirmó que está concentrada “al 100%” en su labor en el Senado y que “hoy no son los tiempos de las personas, hoy son los tiempos del pueblo”.

Lo interesante es que el episodio no sólo coloca al Verde potosino en una posición incómoda frente a la narrativa de Sheinbaum, sino que exhibe las contradicciones de la alianza nacional. Porque mientras Morena intenta imponer reglas internas para frenar dinastías políticas; el Verde parece operar bajo una lógica distinta: posicionar perfiles sin esperar acuerdos formales.

Ricardo Monreal —otro de los potencialmente afectados por el discurso antinepotismo en Zacatecas— lo dijo sin rodeos: los errores internos del partido “terminan afectando” a la presidenta. Cada conflicto, cada exceso, cada disputa por candidaturas es un embate que ella resiente. Y advirtió que, si no se fijan reglas claras rumbo a 2027, Morena puede enfrentar escenarios de ruptura, agregando otra presión en este contexto electoral.

En San Luis Potosí, la tensión tiene un matiz particular. Hace apenas unos días, Rita Rodríguez, dirigente estatal de Morena, sostuvo una reunión con el gobernador Ricardo Gallardo. Mientras desde Morena se insistía en que no había nada definido a nivel local y que sólo se habían revisado temas de la alianza legislativa federal, el propio gobernador salió a confirmar que la entidad “se perfila” para integrarse a la coalición Morena-PT-PVEM. “Totalmente, nosotros ya dialogamos, platicamos en trabajar de la mano”, declaró, y añadió que existe “una línea nacional de ir en coalición y vamos a acatar las instrucciones”. Incluso fue más allá: aseguró que sólo falta “ponernos de acuerdo en algunas posiciones” y que no ve “ningún problema” para concretar el acuerdo. Es decir, mientras Morena habla de prudencia y tiempos por definirse, el Ejecutivo estatal ya da por encaminada la coalición.

Lo que resulta políticamente revelador es que, casi en paralelo a ese mensaje de entendimiento, el discurso del PVEM potosino comenzó a endurecerse. Ignacio Segura Morquecho dejó claro que si hay alianza en el estado, el Verde debe encabezarla porque “en San Luis Potosí realmente el Verde es prácticamente líder en votación”.

No sólo planteó disposición a negociar, sino que estableció una condición: reconocer el liderazgo electoral del Verde en la entidad. Así, el mensaje se vuelve doble: sí a la coalición, pero bajo reglas que coloquen al Verde al frente.

Mientras Morena insiste en que no hay nada definido a nivel estatal, el Verde ya habla de encabezar la coalición.

La contradicción es evidente. Morena necesita al Verde para sostener mayorías legislativas y avanzar reformas constitucionales. El Verde necesita a Morena para legitimarse dentro del proyecto nacional. Pero en el terreno local, ambos compiten por el control político del 2027.

Y ahí es donde la relación se vuelve tóxica: se necesitan, pero no se confían.

A estas presiones políticas se suma otro elemento que no es menor: la llamada “Ley Esposa” en San Luis Potosí, que buscaba que en 2027 sólo mujeres compitieran por la gubernatura. Fue aprobada, pero el propio Gallardo la vetó y nunca se publicó. Hoy, con el destape anticipado de Ruth González, el tablero vuelve a moverse bajo una lógica distinta.

El Verde manda señales de fuerza. Morena manda señales de cautela. Y la presidenta Sheinbaum intenta sostener una narrativa de institucionalidad que choca con las dinámicas reales de poder en los estados.

La pregunta no es si irán juntos en 2027. Probablemente sí. La pregunta es en qué condiciones, con qué reglas y a qué costo político.

Porque el problema no es la alianza. El problema es que cada “madruguete”, cada destape anticipado, cada presión pública, erosiona la idea de que existe un proyecto común y ordenado. Y si las reglas contra el nepotismo se aplican sólo cuando conviene, entonces dejan de ser principios y se convierten en herramientas de negociación.

La historia reciente demuestra que Morena, PT y Verde siempre encuentran la manera de reconciliarse. Pero cada vez lo hacen con más fricciones visibles. Y en política, las fracturas no siempre rompen de inmediato. A veces sólo se acumulan.

Y como si eso no fuera suficiente, todo esto ocurre en medio de la negociación por la reforma electoral, particularmente por la propuesta de eliminar o reducir las diputaciones plurinominales. Aunque Luisa María Alcalde salió a negar que exista una ruptura con el Verde y el PT, la discusión sigue viva: desde Morena se insiste en que es necesario reducir el presupuesto de los partidos y “acabar con el dedazo” en las listas plurinominales.

Todo esto se dio apenas un día antes de que iniciaran las negociaciones formales en Gobernación, lo que evidencia que la alianza no sólo enfrenta tensiones por candidaturas, sino también por el diseño mismo del sistema electoral.

Y ya estando:

Caso Ciencias-UASLP: La separación precautoria del docente parece más una medida de contención que una decisión de fondo. Bajo el argumento de que los hechos ocurrieron fuera de la institución y amparado por la estructura sindical, todo apunta a que no habría destitución inmediata. Sin embargo, reducir el debate al lugar donde ocurrió la agresión es evadir el problema de fondo: independientemente de la relación previa entre las personas involucradas, un acto de violencia de esa magnitud no se vuelve menor por haberse cometido fuera del campus. La conducta violenta no cambia de naturaleza según el escenario. Y cuando alguien es señalado por una agresión grave, el riesgo no desaparece simplemente porque la puerta tenga otro domicilio.

Mientras tanto los alumnos aún no definen si el paro continuará hasta el cierre de la semana.

CONSULTAS: En el Ceepac no hay un entusiasmo automático frente a la posibilidad de asumir las consultas pendientes del Congreso. El organismo no ha asumido de entrada esa carga, pero tampoco la descarta: si el marco legal finalmente les otorga facultades para hacerlo y existe una determinación de los poderes del Estado, el Consejo tendría que actuar en consecuencia. Entre la cautela técnica y la presión política, el árbitro electoral podría terminar ejecutando una tarea que originalmente no le correspondía.

Las consultas y dicha facultad sigue siendo una de las justificaciones por la que la “ley gobernadora” no ha pasado del veto del gobernador en el legislativo.

SIN OPOSICIÓN QUE INCOMODE NI TRANSFORMACIÓN QUE CUMPLA: El aumento a la tarifa del transporte en medio de irregularidades documentadas a nivel local y la aprobación “gradual” de las 40 horas que no garantizan dos días de descanso y amplían las horas extras a nivel federal dejan una sensación incómoda: los partidos hablan en nombre de la ciudadanía, pero deciden pensando en sus acuerdos.

En San Luis Potosí se autorizó un incremento que supera la inflación mientras siguen circulando unidades fuera de norma. A nivel federal, se celebra una reforma laboral que posterga beneficios y flexibiliza más el trabajo. Todo votado sin grandes resistencias. Cuando las decisiones que afectan el bolsillo y el tiempo de la gente se aprueban con tanta facilidad la prioridad no es el ciudadano, sino la negociación política. Y eso es lo que termina desgastando más que cualquier tarifa o reforma.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.