Iraís Valenciano
En época de informes, la seguridad siempre es motivo de foco especial, sobre todo porque es uno de los problemas que más aquejan y, por lo tanto, preocupan a la ciudadanía.
En el caso de San Luis Potosí, después de su “informe de resultados”, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona recalcó que durante agosto solo ocho personas fallecieron en todo el estado, aun cuando el reporte oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirma nueve homicidios dolosos durante ese mes. Una vida es una vida, y un dato inexacto hace una gran diferencia.
Sí, se agradece la disminución en los asesinatos dolosos, pero que esa cifra baja se mantenga es todo un reto; además, hay otros delitos que también afectan a la sociedad y que no se deben menospreciar.
La más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que en 2024 se contabilizaron en San Luis Potosí 38 mil 336 delitos por cada 100 mil habitantes en la capital potosina, la tercera cifra más alta desde 2010.
También en 2024, el fraude en la entidad potosina se disparó hasta llegar a los 8 mil 854 casos por cada 100 mil habitantes y se convirtió, por mucho, en la cifra más elevada en los últimos 14 años.
Robos, lesiones, extorsiones y amenazas son algunos otros delitos que tampoco registraron disminuciones significativas durante 2024, en algunos casos incluso subieron respecto al año anterior.
Si bien es cierto que las cosas materiales se pueden recuperar pero una vida no, ninguna persona desea ser víctima de algún atraco, extorsión o trato fraudulento, y eso también pega en las estadísticas de incidencia delictiva que pueden, por ejemplo, influir en la toma de decisiones de nuevos inversionistas.
Un indicador que no deja bien parado al estado potosino, es el costo promedio del delito, en cuyo caso, San Luis Potosí ocupa el quinto lugar nacional, con 7 mil 388 pesos por persona afectada durante 2024, solo debajo de Jalisco (9 mil 100 pesos), Puebla, Baja California Sur y Michoacán.
Y aquí viene lo peor: la entidad potosina fue la que más incremento tuvo en el costo por delito, pues en 2023, era de tan solo 4 mil 578 pesos, es decir: un aumento de 61.4 %.
En todo el estado, el 76 de cada 100 potosinos mayores de 18 años se siente inseguro, ¿y cómo no hacerlo? Si en poco más de dos meses, dos antros de Lomas fueron baleados por jóvenes que protagonizaron pleitos y después de ser desalojados, consideraron que la mejor forma de desquitarse era disparar contra los establecimientos.
¿Cómo pedirle a la ciudadanía que se sienta segura, si las ejecuciones, los robos, las violaciones y los fraudes aún son lo suficientemente numerosos como para rellenar planas policiacas de medios impresos?
¿Es posible cantar victoria cuando el 77 % de los encuestados por el Inegi en San Luis Potosí reconoció que ya no permite a menores de edad salir solos a las calles?
Atrás, muy atrás quedaron los tiempos en los que era relativamente seguro jugar “bote pateado”, “bebeleche” o “congelados” con los amigos de la cuadra.
Un buen número de ciudadanos a nivel estatal decidió no solo en 2024, sino en todo el lapso revisado por el Inegi, adoptar medidas preventivas que incluyeron desde el cambio de cerraduras, candados, puertas o ventanas, hasta colocar rejas, realizar acciones conjuntas con sus vecinos o comprar un perro guardián.
Los recursos gastados en esas estrategias bien pudieron haberse destinado a otras actividades, pero la situación en San Luis Potosí -y en muchos otros estados del país- obliga a priorizar la seguridad.
¿Y qué tanto se denuncian los delitos? De acuerdo con el Inegi, durante el 2024 solo 9.4 % de los casos llegó al Ministerio Público o la Fiscalía Estatal, y no todos consiguieron que se iniciara un proceso. En resumen: el 92.9 % de los delitos se quedó sin denuncia o no hubo carpeta de investigación.
La mayoría de las personas decide no recurrir a la justicia porque lo considera una pérdida de tiempo. Eso de lidiar con la burocracia después de sufrir un delito, requiere tenacidad y una gran dosis de paciencia.
Y si a todo eso se le agrega que instituciones como la Guardia Nacional tienen un desprestigio en ascenso, la situación no pinta para mejor: de 2020 a 2025, la percepción de corrupción respecto a esa corporación aumentó de 15.1 a 35 %. Habrá que investigar los motivos de tan marcado incremento.
Mucho hay por hacer en materia de seguridad en el estado potosino. Ojalá que las autoridades le den la misma prioridad que a otros asuntos y que cuando los potosinos consideren adquirir un perro sea para que les haga compañía, no para que les cuide su patrimonio. La tranquilidad de la ciudadanía importa más que el aplauso facilón.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra en Diseño Multimedia por la Universidad del Valle de México. Ha ejercido el periodismo desde 2004 en medios de comunicación impresos y digitales. A partir del 2017 se incorporó a la plantilla docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
