Marcela del Muro
Este mes se cumplieron dos años de la sentencia contra el feminicida de las señoras Rosa María Santander y Luisa Balderas: cinco años de internamiento, la pena máxima para un adolescente de 16 años. Por la brutalidad del ataque, ocurrido en abril de 2022 en Tamuín, “la jueza fue contundente en la sentencia”, explica Araceli Martinez, hija de Rosa María. Sin embargo, la defensa apeló y el adolescente fue liberado mientras esperaba la resolución judicial, que sigue pendiente y, según explican los asesores victimales, tardará más porque el proceso se detuvo.
El muchacho, ya mayor de edad, enfrenta otra acusación por homicidio: mientras esperaba la ratificación de la primera sentencia, presuntamente asesinó a un hombre junto con su padre, en el municipio huasteco.
“No tengo certeza. Sé que los agarraron y creo está en el penal de Ciudad Valles, pero por otro delito”, dice Araceli.
El asesor victimal explicó a la familia que “no puede darse ejecución [a la sentencia del delito de feminicidio en concurso real con robo] hasta que ellos estén en otra etapa del juicio [por homicidio]”. Para Araceli, resulta “absurdo e injusto” que su familia siga esperando para acceder a la justicia y que las autoridades continúen postergando el cumplimiento de su derecho, especialmente el de su padre ―quien se encuentra enfermo― a recibir una reparación integral.
Araceli denuncia omisiones del Poder Judicial y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) donde, en más de tres años, ha tenido tres asesores victimales que le dan información del proceso a cuentagotas.
La sentencia sin ratificar que impide que Rosa María, Luisa y sus familias accedan plenamente a la justicia, fue clave en el “Informe sobre incidencia delictiva cometida en contra de las niñas, adolescentes y mujeres en San Luis Potosí, 2017-2024”, que asegura la baja de muertes violentas de mujeres y feminicidios en Tamuín, Tamazunchale y Matehuala.
Ese análisis estadístico permitió el levantamiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los tres municipios, el 7 de agosto de 2024.
Un informe que cuenta solo parte de la historia
“En Tamuín, en el periodo de julio 2017 a junio de 2024 se ha registrado solo una carpeta de investigación por doble feminicidio, sobre el cual, de acuerdo con información de las autoridades estatales y municipales, hubo acción inmediata y se cuenta con sentencia condenatoria para el agresor”, indica el informe realizado por la extinta Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Lo que no cuenta el informe es que esa sentencia condenatoria, sin ratificar, solo ha retrasado el proceso judicial y desgastado a las familias.
“Es como si no existiera la sentencia. Estamos como al principio, sin justicia, por la burocracia”, dice Araceli.
El levantamiento de la AVGM muestra que esa burocracia ―que las familias de víctimas asocian con papeleo interminable, bloqueo informativo y una lentitud exasperante― puede llegar a ser diligente y eficiente cuando se trata de intereses del Estado.
La actualización de la resolución de la AVGM indica que el 26 de julio, una semana antes de decretar el levantamiento en los tres municipios, “la Conavim presentó el análisis sobre los registros de defunciones de mujeres por homicidio y el delito de feminicidio a nivel municipal para el estado de San Luis potosí y se remitió el documento de modificación de declaratoria de AVGM para consideración de integrantes del GIM (Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario)”.
Una exintegrante del GIM ―órgano consultivo que analiza y recomienda mejoras en las acciones de la alerta y propone los cambios en las medidas― recuerda que el análisis les fue enviado por correo. Entre los comentarios de la exintegrante se advirtió que no puede hablarse de disminución de la violencia feminicida cuando la violencia familiar ha aumentado un 33 por ciento y los casos de abuso sexual un 78 por ciento. Además, el análisis no incluyó estadísticas que dieran cuenta de la desaparición de mujeres en los tres territorios.
Pero esos comentarios importaron poco. La decisión de levantar las AVGM en Tamuín, Matehuala y Tamazunchale estaba tomada, pese a que los municipios y el Estado no cumplieron con los indicadores de la alerta, y se sustentó en ese análisis basado en datos del SESNSP.
Los datos del Secretariado
“Los datos que se suben al Secretariado están mal”, señala la abogada Sandra Gallegos, exintegrante de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, y agrega que en esa información existe la cifra negra, la subclasificación y la mala clasificación inicial de los delitos.
Explica que en la Fiscalía de Feminicidios se envía cada seis meses al SESNSP la información de carpetas abiertas como feminicidios. Esa clasificación la da la titular o los ministerios públicos, pero los datos no se actualizan conforme avanza la investigación y el juicio. Así, los datos del Secretariado no reflejan la incidencia real: no se sabe cuántos casos son reclasificados ni cuántas muertes violentas de mujeres finalmente se clasifican como feminicidios.
“Eso no lo cuenta el secretariado. Ellos nada más toman como referencia la clasificación otorgada durante la investigación inicial”, señala Gallegos, e insiste en la necesidad de revisar la metodología utilizada para contabilizar los feminicidios, pues de ello depende la veracidad de los informes de la Secretaría de las Mujeres y del extinto Instituto de las Mujeres (IMES).
Las familias de víctimas de feminicidio de la colectiva Por ellas, por nosotras y por todas han señalado desde hace tiempo un posible subregistro de casos de feminicidio en San Luis Potosí. También advierten que el levantamiento de las AVGM en Tamuín, Matehuala y Tamazunchale no representa un avance real frente a las causas estructurales de las violencias de género ni una reducción de los feminicidios ni otros tipos de violencia contra la mujer.
Para Araceli y su familia, una sentencia sin ejecución es una promesa de justicia rota, una sentencia que, en los hechos, no existe. Mientras el Estado siga administrando las muertes de mujeres como número y pasando por encima de los derechos de las víctimas, San Luis Potosí seguirá siendo un estado donde la justicia avanza a paso lento, pese al levantamiento de la AVGM.
