Astrolabio

Por Alejandro Rubín de Celis

La sociedad potosina ganó parcialmente otras dos batallas al régimen en menos de un mes (la primera fue la de lograr que se diera marcha atrás al contrato del ayuntamiento de la capital con Panavi y la segunda la de rechazar las cuentas públicas 2016 y la licencia de tres diputados) al lograr que en comisiones del Congreso del Estado se aprobara la eliminación del fuero para los tres poderes del Estado y la creación de la Fiscalía General del Estado.

Ambos asuntos constituyen añejas demandas ciudadanas que el sistema político, tanto a nivel federal como estatal, se habían negado a atender en virtud de que la figura del fuero y una Procuraduría General de la República o de Justicia (en el ámbito estatal) dependientes del Poder Ejecutivo, constituían poderosos escudos para proteger a políticos y funcionarios de ser sancionados por la comisión de delitos de carácter penal que ameritan cárcel.

La figura del fuero surge a principios del siglo XIX con la Constitución de Cádiz que establecía la protección para que los diputados no fueran sancionados a causa de sus ideas y opiniones expresadas en espacios públicos, pero con el paso del tiempo se fue desvirtuando hasta dejar a ciertos servidores públicos en una condición de inmunidad que ha causado cualquier clase de abusos y comisión de delitos de la clase política sin que haya consecuencias.          

La vieja demanda social de eliminar el fuero en San Luis Potosí fue retomada a principios del año pasado por los diputados Gerardo Serrano, Fernando Chávez, Héctor Mendizábal y el hoy legislador con licencia Enrique Flores (que paradójicamente puede ser desaforado o hasta juzgado directamente ya habiéndose eliminado el fuero) que presentaron una iniciativa de reforma constitucional para anular esa figura jurídica únicamente entre los legisladores, la cual enfrentó la resistencia de la mayoría de sus compañeros que buscaban mantener el privilegio de la inmunidad y que, junto con otras propuestas de reforma que se presentaron posteriormente, ya llevaba meses en la congeladora legislativa.

El ingrediente que aceleró el descongelamiento de las iniciativas y la elaboración del dictamen en comisiones fue la revelación de un presunta red de complicidades entre diputados y funcionarios de la Auditoría Superior del Estado para limpiar cuentas públicas que enardeció a distintos sectores de la sociedad civil que de manera creciente comenzaron a demandar, entre otras exigencias, la eliminación inmediata del fuero.

La sociedad civil empezó a hacer marca personal a los diputados y gracias a la presión que ejercieron grupos ciudadanos haciendo acto de presencia en las más recientes sesiones legislativas se logró que las comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales aprobaran la eliminación del fuero para los tres poderes del Estado, a pesar de que querían dejar fuera de la norma al gobernador.                    

No fue una concesión de los diputados, ni del gobernador, ni de los magistrados del Poder Judicial. Si por ellos hubiera sido las cosas quedarían igual y ellos seguirían gozando de un privilegio indebido que violenta el principio de igualdad jurídica para todos.

En lo que toca a la mayoría de los diputados, quedó clara su falta de un mínimo sentido de justicia y equidad al tratar de evitar la aprobación del dictamen casi hasta el último momento. Pero pudo más la indignación ciudadana. El presidente de la Comisión de Gobernación, Oscar Vera,  lo reconoció: “El pueblo tiene en todo momento el derecho de imponer las modalidades que juzgue de interés público. Yo, sí quiero reconocer que esto se logra, no exactamente por la voluntad de los diputados, sino por la presión ciudadana”. Y su compañero Alejandro Segovia lo secundó: “Esto se dio por ustedes, por el voto ciudadano, por el robo y por el mal trabajo de nosotros los funcionarios”.

Pero falta la prueba de fuego que es la votación en el pleno legislativo donde todos o la mayoría de los diputados ratificarán o rechazarán el dictamen de las comisiones que ya lo aprobaron. A sabiendas de que la política en el estado y en el país es impredecible en algunos casos como éste y que como dice el refrán “del plato a la boca se cae la sopa”,  no sería de sorprender que por negociaciones o en un albazo los legisladores rechacen el dictamen. La ciudadanía debe estar muy atenta y presente para evitarlo.

No se debe perder de vista que el fuero que se elimina es para delitos estatales o del fuero común como robo, homicidio, lesiones, daños en propiedad ajena, fraude o abuso de confianza, pero no por delitos federales como delincuencia organizada (en sus distintas modalidades) o delitos contra la salud, por lo que un siguiente paso debe ser exigir la eliminación del fuero federal.

La otra victoria parcial de la sociedad la representa la aprobación para que se transforme la Procuraduría de Justicia del Estado en Fiscalía General, lo que en el papel le da autonomía absoluta más no necesariamente en la práctica. La terna de candidatos al cargo de fiscal general la propone el gobernador del estado, lo que de entrada genera suspicacias y riesgos respecto de la imparcialidad con que actuaría cualquiera de ellos si es elegido. Le debería el cargo al mandatario estatal. Ya hay varias experiencias en órganos autónomos que no actúan en favor de la sociedad porque le deben el puesto al político que los puso ahí.  

Peor aún, de acuerdo al dictamen aprobado por las comisiones de Gobernación y de Justicia, el procurador en funciones, en este caso Federico Garza Herrera, no queda impedido para formar parte de la terna que proponga el gobernador, para quien hoy en día es hombre de todas sus confianzas.       

Por eso es que, hasta ahora, la victoria en estas dos batallas es parcial, porque la clase política es capaz de cualquier cosa con tal de mantener sus canonjías y los mecanismos que les permitan seguir violentando la ley y gozar de impunidad.

La ciudadanía debe estar muy atenta cuando estos asuntos se sometan al pleno legislativo para evitar que se rechace o se modifique el dictamen que elimina el fuero a los tres poderes y que, en su momento, quede en la Fiscalía General del Estado un incondicional del gobernador que le cuide las espaldas a él y a otros funcionarios y servidores públicos que puedan incurrir en delitos.   

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