La tierra no perdona el abandono: Buscadoras de Cerritos, entre rifas y ausencias del Estado

Foto: Buscadoras de Cerritos FB

María Ruiz

El sol en Cerritos no da tregua; baja sobre los hombros de su gente, con una fuerza seca, implacable. Sobre esa tierra dura que guarda huesos, secretos, nombres, y el eco de gritos que no fueron escuchados, caminan mujeres con picos, palas y machetes. No son funcionarias, no son policías. Son madres, hijas, esposas, hermanas.

Ellas son las Buscadoras de Cerritos, un colectivo que desde 2023 ha aprendido a escarbar donde antes caminaba. A reconocer la textura de un hueso, a leer el terreno, a distinguir olores. Y lo han hecho sin respaldo estatal, sin protección, sin herramientas adecuadas.

Lo han hecho con lo que tienen y con lo que la sociedad les dona porque el Estado, que debería encargarse de buscar a los desaparecidos, ha decidido mirar hacia otro lado.

“El objetivo es comprar herramientas para que las búsquedas sean más efectivas y menos cansadas”, explican ellas. En realidad, el objetivo es más amplio y más doloroso, persistir en la búsqueda sin ser víctimas de la misma violencia que denuncian.

Lo hacen vendiendo boletos de rifa, recolectando donativos, organizándose entre ellas. Rascando la tierra con una esperanza que no se agota, aunque el cuerpo sí.

Una rifa para encontrar a los suyos

Las Buscadoras han montado rifas para poder seguir buscando. Rifas con premios que ellas mismas consiguen: una dona un set de cosmetiqueras Guess, otra una pedicura en el “Salón Ana María”, otra más una tostadora o un paquete de productos Avon. La lista no es banal: es testimonio de lo que hay, de lo que se puede ofrecer.

“También necesitamos sobres de electrolitos, machetes, alimentos. Todo lo que nos sirve para ir a trabajo de campo”, explica una integrante. Las jornadas son largas, el calor es abrasador y los cuerpos se agotan con rapidez.

La solidaridad entre ellas sostiene lo que el Estado desmanteló.

Los boletos de la rifa son impresos y distribuidos por las mismas manos que, días después, abrirán tierra para buscar restos. El dinero recaudado se convierte en herramienta: una pala, un pico, una criba para tamizar la tierra luego de hacer excavaciones forenses.

Pero el gran objetivo sigue sin alcanzarse.

“Queremos un dron. Para poder ver desde el aire los terrenos que vamos a explorar. Para no arriesgarnos tanto. Para ahorrar esfuerzo”.

Un dron. Un equipo común en muchas tareas oficiales, pero que para ellas sigue siendo un lujo inalcanzable.

El Estado ausente, la deuda impaga

Las mujeres del colectivo han hecho todo lo que les han pedido. Han entregado facturas, han cumplido con los requisitos, han solicitado apoyo por los canales adecuados, pero las respuestas son siempre las mismas:

“No hay recurso. No se ha liberado. Vuelvan el mes que entra”.

Mientras del otro lado otros organismos también les dan la espalda, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) les debe el pago retroactivo de facturas desde hace más de un año. Apoyos que deberían cubrir gastos básicos como alimentos durante las búsquedas, atención a los hijos e hijas víctimas colaterales de la desaparición de sus padres, traslados, herramientas.

“Ni siquiera eso nos han pagado. Solo a una compañera le aprobaron un apoyo alimentario de 300 pesos a la semana, pero tampoco se lo han hecho retroactivo desde hace más de un año”.

Lo que debería ser un acompañamiento integral, como marca la Ley General de Víctimas, se ha convertido en una carrera de obstáculos, excusas y burocracia. Las Buscadoras no solo enfrentan el dolor de la ausencia, también deben cargar con el desgaste administrativo de una institución que se niega a reconocerlas como víctimas indirectas.

Y lo más indignante: “Curiosamente hay recurso para ferias, pero no para nosotras”.

El dinero existe, pero no llega

En abril de 2025, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas transfirió más de 20 millones 448 mil 262.18 pesos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí a través de un convenio, firmado por autoridades estatales y federales, el cual establece claramente que ese monto debe destinarse a acciones de búsqueda en la entidad. A esto se suma una coparticipación estatal de más de 6 millones de pesos.

El documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación, especifica los compromisos: adquisición de bienes, transparencia, rendición de cuentas, vigilancia. Pero en la práctica, ese dinero no ha tocado la tierra; no ha llegado al menos para las Buscadoras de Cerritos. No ha comprado ni una pala.

“Ni un litro de agua nos ha dado de ese presupuesto”, denuncian.

Hasta el momento la Secretaría de Finanzas aún no ha publicado en la Plataforma Estatal de Transparencia el desglose detallado correspondiente al primer mes de ejecución, que corresponde a mayo.

Aunado a esto, las autoridades de la CEBP, no han puesto a la disposición de este colectivo las herramientas que se hicieron entrega el pasado mes de abril.

Entre los principales recursos entregados se encuentran unidades vehiculares como camionetas y remolques, necesarias para las intervenciones en terreno. También se dotó a la Comisión de tecnología especializada, incluyendo tabletas, cámaras, baterías, drones, dispositivos GPS, binoculares y casas de campaña, con el fin de mejorar la documentación y rastreo en zonas rurales o de difícil acceso.

En el ámbito de análisis técnico y científico, se proporcionaron kits de criminalística y equipamiento de laboratorio, como termo mezcladores, centrífugas y sierras, además de insumos destinados al fortalecimiento del área de genética forense.

Las mujeres buscadoras, mientras tanto, siguen organizando rifas. Siguen caminando bajo el sol, siguen desenterrando la verdad con sus propias manos.

Buscar no es un favor. Es un derecho

La ley es clara. La Ley General de Víctimas y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada obligan al Estado a garantizar no solo la búsqueda, sino también el bienestar, la seguridad y el acompañamiento de las víctimas y sus familias.

Sin embargo, en Cerritos, San Luis Potosí, las cosas no ocurren como dice la ley. El Estado no busca; el Estado no acompaña; el Estado, simplemente, no está.

Son las propias víctimas colaterales —las madres, las hermanas, las esposas— quienes se han hecho cargo del trabajo que las instituciones han dejado botado. Y lo hacen con dignidad, sí, pero también con enojo.

“Nosotras no buscamos por gusto. Buscamos porque no nos queda de otra. Porque si nosotras no lo hacemos, nadie lo hará”.