La Triangulación

Por Edgardo Pérez Alvelais

Grupo Tecno, una empresa que obtuvo contratos millonarios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, transfirió al menos 65.8 millones de pesos a empresas fantasma administradas por César Adrián Gamboa Montejo, operador financiero del partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo para las campañas de la ahora gobernadora Mara Lezama y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), tal grupo obtuvo en julio de 2020 un contrato con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entonces a cargo de Marcelo Ebrard, para producir los Pasaportes en el periodo de 2021 a 2026 por 3 mil 800 millones de pesos.

El presente no es un caso aislado ni un error administrativo: es la radiografía de un perverso modelo que ahora todos los actores involucrados niegan y se lavan las manos como Pilatos: “No existe ningún vínculo con dicha persona y requerimos que se investigue a fondo”, sostuvo en un comunicado el PT encabezado por Alberto Anaya, quien ha liderado la organización desde su fundación en 1990 y que no es la primera vez que es cuestionado por el manejo de recursos públicos.

El caso, que cobró relevancia pública principalmente en 2017, involucró directamente a su esposa, María Guadalupe Rodríguez Martínez, quien fungía como directora de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) del Frente Popular Tierra y Libertad en Nuevo León.

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) investigó una presunta red de lavado de dinero por un monto de 100 millones de pesos. Los fondos provenían del Gobierno del Estado de Nuevo León y debían destinarse a la operación de 73 centros de educación inicial. La autoridad sostuvo que los recursos no se depositaron en cuentas oficiales de la organización, sino en cuentas bancarias personales de María Guadalupe Rodríguez y otros colaboradores, desde donde se habrían desviado a fondos de inversión privados.

En octubre de 2017, se emitió una orden de captura contra Rodríguez Martínez, quien permaneció en la clandestinidad durante varios meses. En septiembre de 2018, la PGR decidió retirar los cargos y cancelar la imputación por lavado de dinero contra la esposa de Alberto Anaya, argumentando falta de elementos para sostener la acusación. Como consecuencia, un juez federal ordenó el descongelamiento de sus cuentas bancarias. 

Posteriormente, en octubre de 2018, María Guadalupe Rodríguez reapareció públicamente y asumió una diputación local en el Congreso de Nuevo León. Ahora surge este otro nuevo caso y pretenden negar la relación entre Gamboa y Anaya a pesar de que aparecen en varias fotos durante reuniones de la organización partidista. Sin embargo, en noviembre pasado el PT registró ante el INE a Gamboa como su “Responsable de Finanzas” en Quintana Roo.

“No se tiene ningún vínculo, ni personal, ni profesional, ni administrativo o de cualquier otra índole, con el individuo (Gamboa). En relación con la imagen publicada, se trata de una fotografía tomada durante actividades de campaña, en la que la entonces candidata atendía y accedía a tomarse fotografías con la ciudadanía en general”, justificó el gobierno de Quintana Roo para tratar de desmarcar a la gobernadora Mara Lezama.

Lo que reveló la investigación MCCI que fue ampliamente difundida por Reforma la semana pasada es una inequívoca señal de alerta sobre lo que puede venir para las elecciones intermedias en México de 2027 que han sido calificadas por diversos analistas y actores políticos como “la Madre de todas las Batallas” debido a su magnitud y a lo que está en juego para el equilibrio de poder en el país. 

De ninguna manera es un caso aislado ni un error administrativo: es la peligrosa radiografía de un posible modelo. Un contratista del gobierno federal, beneficiado con más de 4 mil millones de pesos en contratos —incluido el de Pasaportes—, transfirió al menos 65.8 millones de pesos a una red de empresas fantasma vinculada directamente con quien maneja las finanzas del Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo.

Ese dinero no desaparece. Se mueve. Y lo hace dentro de estructuras que, por su diseño, buscan exactamente eso: perder el rastro. La ruta es conocida en México, pero no por eso deja de ser escandalosa. Empresas sin operación real, domicilios inexistentes, prestanombres reclutados entre secretarias, choferes o personas de zonas marginadas, identidades robadas, actas notariales que formalizan lo que en realidad es una simulación. Más de 250 facturas emitidas para justificar pagos que no corresponden a servicios reales. Una red de al menos 40 empresas que comparten socios, direcciones y operadores. Todo eso no es casualidad: es estructura.

Y en el centro de esa trama está un nombre clave cuya relación ahora dicen no conocer: César Adrián Gamboa Montejo, responsable financiero del PT en Quintana Roo, el mismo que ha operado recursos para campañas desde 2022 y que fue ratificado en su cargo ante el INE incluso después de haber negado su continuidad. No es un actor marginal. Es quien, en los hechos, administraba el flujo de dinero político en el estado para propósitos políticos de la 4T. Ahí es donde el caso deja de ser técnico y se vuelve profundamente político.

Porque ese operador financiero participó en la campaña que llevó al poder a Mara Lezama y en la movilización electoral que respaldó a Claudia Sheinbaum en 2024. Y cuando el dinero de contratos públicos termina en empresas fantasma vinculadas a quien maneja las finanzas de esas campañas, la pregunta ya no es si hubo irregularidades contables. La pregunta es si estamos frente a un mecanismo de financiamiento paralelo.

Las campañas no se sostienen solas. Requieren estructura permanente: operadores, brigadas, logística, movilización, presencia territorial. Todo eso cuesta dinero todos los días. Y si ese dinero proviene —aunque sea indirectamente— de contratos públicos que se triangulan a través de empresas de papel, entonces el problema no es solo de corrupción administrativa. Es de integridad democrática.

Aquí el PT no puede evadir responsabilidad. Su operador financiero está presuntamente vinculado directamente a la red de factureras. Y un partido que participa en el poder tiene la obligación de explicar con claridad cómo se financian sus estructuras. No basta con deslindes superficiales ni con negar vínculos en entrevistas. Los documentos, las actas y los registros fiscales cuentan otra historia.

Y en ese mismo contexto, la posición de Mara Lezama se vuelve inevitable. No porque exista hoy una imputación penal en su contra, sino porque su proyecto político está directamente conectado con la estructura que hoy aparece bajo cuestionamiento. Su campaña fue parte del ecosistema donde operaba ese flujo de dinero. Y ante eso, el silencio no es una postura neutra.

No ha habido una explicación detallada. No se ha exigido públicamente una investigación integral. No se ha marcado distancia clara con el operador que aparece en el centro del esquema. Y en política, cuando surgen evidencias de esta magnitud, no aclarar equivale a permitir que la duda se convierta en sospecha permanente.

Del lado institucional, el vacío es igual de preocupante. A pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había detectado triangulaciones similares en contratos vinculados a Grupo Tecno, no hay hasta ahora una reacción proporcional: ni investigaciones visibles, ni congelamiento de cuentas, ni acciones contundentes por parte de autoridades fiscales, financieras o electorales. El mensaje es claro: el sistema puede tolerar que el dinero público se desvíe hacia estructuras opacas sin consecuencias inmediatas. Eso es lo verdaderamente grave.

Porque cuando un esquema así no se investiga a fondo, deja de ser un caso y se convierte en precedente. Y los precedentes, en política, no se corrigen: se replican. Rumbo a los próximos procesos electorales, la señal es peligrosa. Indica que una campaña puede sostenerse en un entorno donde el origen del dinero es, cuando menos, cuestionable, y que el costo de esa opacidad es prácticamente nulo si el resultado favorece al oficialismo.

El punto central ya no es si alguien firmó una factura o autorizó una transferencia específica. El punto es si el poder político en Quintana Roo y en otras entidades del país se está construyendo sobre una estructura financiera que utiliza empresas fantasma para mover recursos sin control. Si esa estructura existe —y los indicios apuntan a que sí—, entonces la exigencia mínima es abrir los libros y seguir el dinero hasta el final. Porque cuando el dinero público se convierte en herramienta para construir poder político, lo que está en juego no es solo un gobierno: Es la credibilidad de todo el sistema democrático.

Simultáneas:

– “La moral es un árbol que da moras”. Esta frase con la que comienzo la presente columna es de de Gonzalo N. Santos que era frecuentemente citado por Andres Manuel López Obrador para hablar sobre la ética y la corrupción en la política mexicana que también lo ha manchado a él mismo, a sus hijos, colaboradores cercanos como Adán Augusto López Hernández y más miembros del oficialismo. “No somos iguales” se convirtió en uno de los lemas o “mantras” de AMLO más emblemáticos de la 4T. Por lo que hemos visto con la triangulación de recursos con propósitos electorales resultaron peores en relación a quienes criticaban. La expresión del “Alazán Tostado” se convirtió en un símbolo del cinismo político en México, sugiriendo que la moralidad no es un principio ético, sino un objeto sin valor práctico o que simplemente no tiene lugar en el ejercicio del poder. Gonzalo N. Santos fue un influyente cacique potosino y figura clave del sistema político del siglo XX (PRI), conocido por su estilo autoritario y sus sentencias directas. Otras de sus frases o conceptos asociados a su figura son: “La política es el arte de comer mierda sin hacer gestos”, refiriéndose a las humillaciones y sacrificios que, según él, implicaba la carrera política. También es de él la llamada “ley de las tres ‘íes’: Para sus enemigos, aplicaba el principio de “Encierro, Destierro o Entierro”. También se le atribuyen comentarios sobre cómo la Revolución le había “hecho justicia”, en referencia a su rancho “El Gargaleote” que en Tamuín abarcaba grandes extensiones de tierra que a partir de 1926 se convirtió en el símbolo del poder del General Santos. En su época de mayor esplendor llegó a abarcar miles de hectáreas -algunas fuentes mencionan hasta 87 mil en su máximo alcance, aunque otras citan expropiaciones posteriores de 11 mil-. Contaba con su propia pista aérea privada, plaza de toros, palenque, caballerizas y generadores eléctricos. Era utilizado como centro de operaciones donde se recibía a figuras poderosas de la política y el espectáculo, y se dice que contaba con prisiones secretas para sus rivales. Santos era vecino de Mario Moreno “Cantinflas”, quien tenía su propio rancho llamado “El Detalle”. Se cuenta que Cantinflas abandonó la región tras recibir amenazas de Santos después de ganarle una carrera de caballos.

– El Infierno II. Dos hechos que ocurrieron le dieron más peso a mi columna de la semana pasada titulada “El Infierno”. Primero, la nave espacial Orion, con cuatro astronautas a bordo, despegó con éxito desde el Centro Espacial Kennedy en Florida y orbita ya la Tierra llegando hoy lunes a la Luna. Este histórico evento es parte del programa Artemis II que es una misión espacial de sobrevuelo lunar bajo liderada por la NASA. Es el segundo vuelo del vehículo SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la primera misión tripulada de la nave espacial Orion. Lleva más de 50 ‘Tarjetas de Embarque’ con nombres de desaparecidos en México, informó el colectivo de búsqueda ‘Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Nuevo León’ (FUNDENL). La misión lunar contempló llevar una memoria USB con “Tarjetas de Embarque” y cada una contiene el nombre de las 5.6 millones de personas de todo el mundo que mandaron el suyo para volar simbólicamente a la Luna. Sobresalen los nombres de 50 personas desaparecidas en Nuevo León, de acuerdo con el colectivo: “Estas son las más de 50 ‘Tarjeta de Embarque’, con los nombres de nuestr@s #Desaparecidos que viajan hoy en la misión #ArtemisII alrededor de la Luna, junto con 5.6 millones de nombres más de Personas del mundo. En una de las tarjetas de embarque hacemos Presentes a las más de 130 mil Personas Desaparecidas en #México (sic)”, se lee en la publicación en Facebook.

– El oficialismo en la negación. El otro hecho fue que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que remita urgentemente a la Asamblea General la situación de desapariciones forzadas en México. El objetivo es que el plenario de la organización considere medidas destinadas a apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este tipo de crimen. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) emitió un comunicado en el que rechaza firmemente el informe, al que califica de “parcial y sesgado” por “omitir los esfuerzos institucionales”, mientras la crisis de desaparecidos en el país es de 132 mil 500 casos sin resolver. En su decisión, publicada el pasado jueves en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el comité concluye que la información que ha recibido “contiene indicios bien fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Su evaluación se basa en la información que ha proporcionado el Comité por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Diversas organizaciones y colectivos de buscadoras en México expresaron su respaldo y aplaudieron el informe del CED. Ven en el informe una validación internacional de la “crisis de desapariciones” que viven diariamente, enfrentando impunidad y falta de acciones estatales efectivas que evidencian una aquiescencia (consentimiento, asentimiento o aceptación de algo) por parte del Estado mexicano y genera un ambiente de impunidad y permisividad. El CED pone el foco en la crisis de desapariciones, la revictimización de los desaparecidos y sus familiares que incluso son perseguidos y asesinados como es el caso de aproximadamente 30 madres buscadoras que han sido ultimadas. Las organizaciones han expresado su preocupación ante lo que consideran un intento de las autoridades por “rasurar” o manipular las cifras oficiales de desaparecidos, señalando que los datos de la ONU reflejan mejor la realidad. A ver con qué sale hoy la presidenta Claudia Sheinbaum pero el gobierno de México sigue en la negación. El primer paso para resolver una crisis de esa magnitud es reconocerla pero el oficialismo se empeña en negarla.

¡Felices Pascuas!

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.