Fernanda Durán
Entre el estigma, la contaminación y los riesgos de salud para sus familias, los ladrilleros de la zona de Las Terceras en San Luis Potosí pidieron al Congreso del Estado apoyo para enfrentar la precariedad laboral y social que atraviesan, durante el foro Un escenario humanitario para las ladrilleras de Las Terceras, realizado con diputados y diputadas de Morena y del Partido Verde Ecologista de México.
El encuentro reunió a académicos, investigadores y representantes de la comunidad ladrillera, quienes coincidieron en que la problemática no puede reducirse únicamente a la contaminación, sino que también debe considerarse la dimensión social, económica y laboral.
Rudy Argenis Lieja Parra, posdoctorante en Antropología por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa, argumenta que su objetivo es “desmontar el estigma” y la imagen negativa de los ladrilleros como contaminantes, una percepción creada desde fuera de sus comunidades, pues los ladrilleros son individuos con aspiraciones y ética de trabajo que, en la medida de lo posible, han modificado sus procesos.
Sin embargo, señala que existen problemas más grandes como la precariedad laboral, que también contribuyen a la problemática de la producción de ladrillos.
El investigador enfatizó que cerrar las ladrilleras de manera unilateral sería inviable y socialmente riesgoso, debido a que existen cerca de 10 mil personas que se benefician o se mantiene de este trabajo y alrededor de 150 ladrilleros directamente, por lo que “cerrar de manera unilateral y rápida, eso implicaría un conflicto social”.
El foro también incluyó la presentación de estudios realizados por el académico Francisco Javier Pérez Vázquez, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quien advirtió que en la zona se han detectado niveles de metales pesados y contaminantes por encima de normas internacionales, lo que coloca a los trabajadores y a sus familias en riesgo de desarrollar enfermedades renales, pulmonares y cardiovasculares.
Testimonios de los ladrilleros
Los trabajadores que acudieron al Congreso narraron las difíciles condiciones en que se realiza la producción artesanal de ladrillos. Juan Gutiérrez, integrante de la Asociación de Ladrilleros, relató que desde los años setenta el oficio se realiza en contextos precarios.
“El ladrillo se horneaba con palma silvestre, nopal, leña de mezquite, huizache… había que partirlo con hacha, enfrentarse directamente al horno expuesto al calor y ahí, pues que surgían accidentes, una cortada, una quemada, inclusive salían víboras… gente llegó a tener mordeduras de víboras. Fue una forma de trabajo hasta la actualidad que es precaria”.
Agregó que con el paso de las décadas se introdujeron combustibles como el combustóleo o diésel, lo que generó incluso muertes por accidentes.
“Nuestro trabajo es artesanal, que no tenemos los métodos adecuados. Ahorita se está utilizando un soplador, que no es más de que un motor eléctrico con una turbina, pero nuestro trabajo es un autoempleo, no es un negocio. Somos atacados, pero nunca dicen ‘vamos a ayudarles’, nada más dicen que contaminamos”.
Otros representantes de la asociación coincidieron en que la falta de proyectos de reconversión tecnológica viables ha dejado truncos varios intentos.
“Estuvimos horneando también en los hornos CBK2 donde supuestamente nos iban a reubicar, que nunca llegó eso, que fue un elefante blanco… el programa quedó abandonado”, recordó Gutiérrez.
Durante las intervenciones, los ladrilleros recordaron que en el pasado se intentaron proyectos para reducir la contaminación como el uso de gas o combustibles reciclados, pero quedaron inconclusos por falta de recursos.
Genaro Sifuentes expuso que realizaron pruebas en un horno híbrido con aceite automotriz reciclado, el cual “pasó a las normas, pero no hubo el subsidio para el combustible, nos quedamos con el experimento nada más”.
Aseguró que la ausencia de apoyos económicos ha impedido consolidar alternativas más limpias, pese a la disposición de los trabajadores para adoptarlas.
Enrique Rodríguez añadió que la contaminación que se les atribuye no puede entenderse de manera aislada, pues la zona norte de la ciudad es también receptora de otras fuentes.
“Nosotros quemábamos y desde lejos no se veía nada (…) entonces nos empezamos a hacer visibles y a ser protagonistas de la contaminación cuando no es así. Porque la contaminación nosotros no la generamos, el plástico que se quema ahí no se genera, el acertín que se hace allí, aunque se hace manualmente, no se hace adecuadamente y es un residuo natural. Se queman los bosques y nadie dice nada”.
Los trabajadores añadieron que, aunque comprenden que las autoridades ambientales deben hacer cumplir la ley, las clausuras y multas golpean directamente su subsistencia.
“Muchas de las veces al querer frenar una actividad de trabajo dentro de nuestras ideas, como al frenar una quema, en esa quema prácticamente está en juego todo nuestro capital (…) una ladrillera mantiene alrededor de seis familias. Entonces no es tan sencillo nada más llegar, clausurar y prácticamente frenar un trabajo donde sobrevivimos muchos”, expusieron.
Los participantes expresaron también su escepticismo, pues recordaron que a lo largo de décadas han sido convocados a reuniones y foros donde se exponen sus problemáticas sin que existan resultados concretos.
“Siempre salimos como en las manos del cuento, porque al final… estamos mal físicamente, pero no es porque seamos ladrilleros, es porque es una zona de sacrificio”, expresó Enrique Rodríguez, al subrayar que esperan que esta vez el Congreso no repita la dinámica de escuchar sin ofrecer soluciones reales, ya que también no son los únicos afectados, pues en la zona de Las Terceras ya hay escuelas y hogares cercanos a las áreas de producción de ladrillo.
Los académicos insistieron en que los proyectos deben construirse con la participación activa de los propios ladrilleros.
“Si esa fuera, digamos, una alternativa —cambio gradual o tecnificación— lo podríamos ver en esas reuniones, pero es importante que las autoridades también le entren al diálogo y pensamos también en un apoyo político, pero también económico”, señaló Lieja Parra.
El foro concluyó con el compromiso de abrir mesas de trabajo que incluyan tanto a las comunidades como a autoridades, con el fin de evitar que la reubicación, la reconversión o la tecnificación se decidan de manera unilateral y sin recursos.