Por Victoriano Martínez

Poner orden implica, necesariamente, contar con una preconcepción de lo que éste representa.

Desde que el 21 de junio pasado se nombró a Rocío Zavala como coordinadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) se dijo que sería un organismo municipal de proximidad para la revisión y planeación de las acciones de la zona centro de la ciudad.

Cuando el 6 de agosto se desalojó a un grupo de comerciantes informales del pasaje Iturbide, en la Plaza del Carmen, se aseguró que esa acción formaba parte de las medidas relacionadas con el plan de reordenamiento del Centro Histórico.

Se entendía la existencia de un plan –a 55 días del nombramiento de Zavala– que tenía claro que en ese lugar no podrían estar esos comerciantes. No obstante, la estrategia no arrojó más reacomodos de comerciantes informales, aunque sí, unos días después, un operativo para impedir que los vendedores retomaran los lugares de los que fueron desalojados.

Ante el hermetismo del Ayuntamiento al no hacer público el plan de ordenamiento, desalojar y después impedir el regreso de los comerciantes no dejaba lugar a dudas sobre la imposibilidad de que en ese pasaje se instalaran vendedores.

Aunque ahora resulta que, a 85 días del desalojo y tras la existencia de una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), los comerciantes han retomado sus lugares tras el pago del derecho de piso.

El alcalde Xavier Nava Palacios asegura que el regreso de los comerciantes se debió al plan de reordenamiento y no a la recomendación de la CEDH porque ésta todavía se encuentra en revisión para determinar si se acepta y bajo qué condiciones.

Si el 6 de agosto fueron desalojados conforme al plan de reordenamiento y ahora retoman sus lugares debido al mismo plan, no sólo resurgen las dudas sobre el uso que la autoridad municipal prevé sobre los espacios públicos en el Centro Histórico para el comercio informal, sino que la duda –a 130 días del nombramiento de la titular de la UGCH– es si existe realmente un plan.

Tras el desalojo en agosto, en este espacio se advirtió sobre la necesidad de que, de existir el plan de reordenamiento, debía hacerse público con un esfuerzo suficiente para que la ciudadanía lo conociera, como una medida para prevenir acciones que pudieran resultar caprichosas y, por tanto, sospechosas de tratos de conveniencia para fines distintos al interés común.

Que un día desalojen a un grupo de comerciantes informales y 85 días después les permitan retomar los lugares es más indicador del desorden con que se emprende el reordenamiento, por mucho que se asegure que se tiene un plan.

Sin duda, poner orden implica contar con una preconcepción de la manera en que éste debe darse y, sobre todo, de la forma en que todos los actores involucrados directa e indirectamente deben participar.

El plan de reordenamiento del comercio informal en el Centro Histórico no puede ser sólo una alusión en declaraciones para salir del paso, sino un verdadero instrumento al que todos los involucrados puedan recurrir como guía para entender los pasos que se dan para lograr el fin propuesto.