María Ruiz
Minutos antes de que iniciara la marcha del 8 de marzo en el centro de la capital potosina, las madres de víctimas de feminicidio se reunieron frente al punto de salida con fotografías, mantas y nombres escritos en cartulinas.
Antes de avanzar, hablaron. No solo para recordar a sus hijas, sino para cuestionar lo que consideran un discurso oficial que intenta reducir la violencia contra las mujeres a estadísticas cada vez más bajas.
Para ellas, el problema no es solo la impunidad, sino también la forma en que el Estado mide —y comunica— la violencia feminicida.
“Las cifras que presentan no reflejan lo que vivimos las familias”, dijo Susana Cruz González al ser consultada sobre la reducción de feminicidios que autoridades estatales y federales han señalado en sus informes.
Pues hasta el momento la Fiscal General del Estado Manuela García Cázares, ha confirmado dos muertes violentas de mujeres en lo que va del 2026 que se investigan como feminicidio. La activista y madre de una víctima afirmó que las investigaciones inconclusas y la reclasificación de delitos siguen siendo una constante.
“Muchas muertes violentas de mujeres terminan registradas como otra cosa. Ahí es donde las cifras empiezan a cambiar en el papel, pero no en la realidad”, señaló.
Cruz González también cuestionó que se discuta la posibilidad de retirar la Alerta de Violencia de Género en el estado cuando, asegura, existen casos que llevan más de una década sin justicia.
“Antes de pensar en levantar una alerta, tendrían que resolver los casos pendientes. Hay feminicidios de hace más de diez años que siguen sin sentencia”, dijo.
Las madres consideran que la estadística oficial tampoco refleja otro fenómeno que, advierten, está creciendo: la desaparición de mujeres.
Mientras la Unidad de Búsqueda de Personas de la Fiscalía General del Estado registra apenas cinco fichas de desaparición de mujeres en febrero, la Comisión Estatal de Búsqueda mantiene 11 fichas activas en el mismo periodo, entre ellas tres de adolescentes de entre 12 y 15 años.
Para Jazmín Mejía, madre de Fernanda Morán —víctima de feminicidio en 2020—, esa diferencia evidencia que el problema puede estar cambiando de forma.
“Cuando una mujer desaparece, el caso ya no entra inmediatamente en las estadísticas de feminicidio”, explicó. “Pero eso no significa que la violencia haya disminuido”.
Mejía señaló que la percepción entre las familias y colectivos es distinta a la narrativa institucional.
“Nos dicen que los números van bajando, pero en las calles lo que vemos es más violencia y más miedo”, afirmó.
La madre también recordó que su hija fue asesinada hace casi 6 años y que, desde entonces, el contexto de violencia contra las mujeres no ha mejorado.
“Nosotras seguimos aquí porque sabemos lo que significa perder una hija. Y cuando vemos nuevos casos, entendemos que esto no se ha detenido”, dijo.
Entre quienes acompañaban la concentración también se encontraba Esperanza Lucciotto, madre de Karla Pontigo, cuyo caso se convirtió en uno de los más emblemáticos de feminicidio en San Luis Potosí.
Su lucha, que inició hace más de una década, derivó en recomendaciones internacionales y en cambios en la manera en que se investigan las muertes violentas de mujeres.
“Ha habido avances en leyes y protocolos, pero eso no significa que la justicia llegue de forma automática”, comentó.
Lucciotto reconoció que cada año más jóvenes se suman a la movilización del 8 de marzo, lo que considera una señal de que la violencia contra las mujeres sigue siendo una preocupación vigente.
“Las niñas y las jóvenes están saliendo a manifestarse, porque saben que el problema sigue ahí”, dijo.
