Estela Ambriz Delgado
El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) advirtió que los retrasos en la ministración del recurso del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM) lo han pagado las comunidades que dejaron a medias sus proyectos, además de que denunció actos de manipulación de los comités y criminalización hacia consejeros indígenas.
El integrante del OIM, Juan Felipe Cisneros Sánchez, señaló que la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) arrastran en su haber adeudos que les reclaman las comunidades indígenas en municipios como Matlapa, Tamazunchale, Aquismón, entre otros, que corresponden al ejercicio 2025.
Esto debido a que ambas instituciones, cada una en el ámbito de su responsabilidad, ministraron con un retraso de cinco meses los recursos del FAISPIAM, lo que ocasionó que a las comunidades les quedaron sólo dos meses para realmente aplicar su presupuesto programado, ejerciendo en promedio sólo la mitad en varios casos.
Precisó que el resultado del retraso gubernamental lo pagaron las comunidades, que dejaron a medias o inconclusos sus proyectos, y la respuesta de ambas instituciones es responsabilizar a la Tesorería de la Federación. Por ello las asambleas comunitarias a las que no llegó el recurso en tiempo y forma sienten que hubo malversación del mismo.
El activista destacó que hay casos más dramáticos, como los de las comunidades que se ampararon ante el recorte de recursos ocasionado por fallas administrativas de las dependencias y que, por medio de chantajes, presiones y falsas promesas, fueron obligadas a desistirse de sus juicios. Bienestar e INPI gestionaron su primera ministración y el resto hasta la fecha no se les ha proporcionado.
“Estas comunidades reclaman la falta de seriedad y la ineficiencia institucional, por no haber previsto el compromiso de los recursos para las obras que se estaban desarrollando, y que ahora les hacen falta para terminar”.
También hizo mención de los casos de las comunidades que se mantienen firmes en los amparos interpuestos, y que viven con la presión de Bienestar e INPI para que se desistan. De acuerdo con el OIM, ambas instituciones han hecho uso indebido de los recursos y de sus facultades al retenerlos injustificadamente, y que la sentencia del juicio 269/2025-V y sus acumulados ordenó liberar.
Dicha resolución emitida en enero de 2026 establece que se debía proceder al pago inmediato del FAISPIAM para el ejercicio fiscal 2025, y que no podría considerarse jurídicamente la vulneración a la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución, por el hecho de erogar el gasto público fuera de ese lapso de tiempo si ello obedece precisamente a una ejecutoria de amparo. Esto ya que el cumplimiento de las sentencias constitucionales no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal o si se encuentra dentro de la época señalada para ello.
No obstante, como menciona Cisneros Sánchez, Bienestar e INPI continúan litigando en contra de las comunidades, cuando se supone que son los que deben proteger sus derechos.
En este sentido, informó que los Servidores de la Nación y su coordinador en el municipio de Tancanhuitz, Bonifacio Martínez Hernández, en una asamblea de la comunidad de Tamaletón en el municipio de Tancanhuitz, criminalizaron e injuriaron al representante tének ante el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, Rafael Reyes Martínez.
Precisó que buscaron desacreditarlo al señalar falsamente que recibe dinero de las comunidades, cuando su cargo es honorífico. Esto debido a que el consejero mantiene una posición crítica y ha denunciado que el INPI no contaba con una oficina de representación para garantizar la atención y los derechos de las comunidades indígenas desde el pasado 20 de abril.
El activista hizo mención también de que Reyes Martínez, junto con sus las y los representantes tének y nahua ante el CNPI, Cenorina Bernal Fernández, Angelina Reyes Hernández, Marcos Alejo Torres y Hermelinda Vásquez Bautista, interpusieron y ganaron el amparo TESLP/JDC/04/2026 para que se armonice la reforma constitucional del artículo 2. ° con legislación local, en particular sobre el derecho de transitar del sistema de partidos a una elección municipal por usos y costumbres indígenas.
Esto ha motivado que, en el caso de la comunidad de San Pedro, del municipio de San Antonio y donde vive Bernal Fernández, se obligó el pasado 18 de mayo a cambiar a su comité del FAISPIAM para excluirla, así como para presionar a la comunidad a que se desista de su amparo. Los Servidores de la Nación les advirtieron que si no cambiaban el comité, no habría recursos para el 2026.
Asimismo, Cisneros Sánchez afirmó que en el mismo municipio la comunidad de Tanjasnec no convocó a la asamblea porque Bienestar e INPI la impusieron de un día para otro, lo cual sucede en varias comunidades. Mientras que en Tocoy, Xolol y Tanchahuil, no se reunió la asamblea debido a que ambas instituciones determinaron la fecha de forma unilateral y no las comunidades.
“INPI no está velando por el respeto de la personalidad que, como sujeto de derecho publico tienen las comunidades, al contrario, continúa violentándolo junto con Bienestar”.
