Las dudas y la desconfianza en la eliminación del fuero

Por Alejandro Rubín de Celis

El día esperado llegó. En la sesión extraordinaria de hoy en el Congreso del Estado se pone a consideración del pleno el proyecto de decreto elaborado por las comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales para la eliminación del fuero a funcionarios de los tres poderes del Estado, la Auditoría Superior del Estado, los ayuntamientos y los organismos constitucionales autónomos.

La sesión de este día ha generado una enorme expectación en virtud de que existe la sospecha entre organizaciones de la sociedad civil y empresariales, y entre activistas y ciudadanos de a pie, de que se busca proteger al gobernador del estado para que no lo alcance la aprobación de la reforma constitucional que quita ese privilegio indebido a altos funcionarios de la administración pública.

De acuerdo con la prensa, los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN y PRD han asegurado que la mayoría de los diputados está a favor de la desaparición del fuero y algunos legisladores en lo individual han sostenido que la reforma va para todos los servidores públicos de alto nivel, incluido el gobernador. Súbitamente, lo que ayer fueron resistencias de un buen número de diputados, ahora son “convicciones” por combatir esta figura porque -ahora sí lo admiten- fomenta la corrupción y la impunidad.

En semanas recientes el diputado Oscar Vera reconoció que había resistencias de varios de sus compañeros para eliminar el fuero y corrió con fuerza la versión de que el más ferviente oponente a su desaparición fue el gobernador Juan Manuel Carreras López, quien primero habría operado para evitarlo pero, dada la fuerte presión ciudadana, tuvo que ceder y finalmente dar línea para que se incluyera la figura del mandatario estatal en la reforma. Incluso, el dirigente estatal del PRI, Martín Juárez Córdova dijo que se ha instruido a los diputados de su partido -correligionarios del gobernador- para que voten a favor de la desaparición del fuero.

De acuerdo al proyecto de decreto publicado en la Gaceta Parlamentaria para este 28 de julio se amplían los delitos por los que se puede acusar penalmente al gobernador. El artículo 124 de la Constitución local vigente establece que “El Gobernador del Estado, mientras permanezca en el desempeño de su encargo, sólo podrá ser acusado por violaciones graves a la Constitución Política del Estado; por oponerse a la libertad electoral; por la comisión de delitos graves del orden común y por el manejo indebido de fondos y recursos públicos”. Mientras que en el dictamen que se someterá a votación está redactado así: “El Gobernador del Estado, mientras permanezca en el desempeño de su encargo, podrá ser acusado por actos u omisiones que perjudiquen el buen despacho, o los intereses públicos fundamentales -El catálogo de estas violaciones aparecen en el artículo 6o de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos-, ello mediante juicio político, e imponérsele las sanciones previstas por esta Constitución”.

Donde ahora surge la duda mayor es en el desafuero de los diputados y de integrantes de otros poderes e instancias públicas. Resulta que en el cuerpo del proyecto de decreto aparece una modificación al primer párrafo del artículo 127 constitucional, que a la letra dice. “Los secretarios de despacho, Procurador General de Justicia, diputados, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, presidentes municipales, Auditor Superior del Estado, y titulares de los organismos constitucionales autónomos, serán responsables por delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de sus funciones, por lo que cuando se proceda penalmente en su contra serán separados de sus cargos”. Sin embargo, en el resolutivo final del dictamen este párrafo ya no sólo no se reforma sino que desaparece. Queda así: “Artículo 127. Se deroga (párrafo primero)”. ¿Es con esta derogación con la que los diputados buscan engañar a la sociedad y evitar finalmente la eliminación del fuero para todos los cargos que prevé?

En el dictamen también se deroga el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado con el que aparentemente se elimina el fuero a los legisladores. ¿Con la eliminación del primer párrafo al artículo 127 constitucional los diputados buscan librar este escoyo y seguir gozando de inmunidad?  

La sociedad civil tiene razones de sobra para dudar de las declaraciones de diputados que afirman que la eliminación del fuero sí va, incluida la figura del gobernador. Y es que durante la gestión de la actual legislatura han dado amplias muestras de abusos, excesos, baja productividad legislativa y de escándalos como el de la llamada “ecuación corrupta” que no dan margen a otorgarles un mínimo de credibilidad y confianza. ¿Sería capaz la mayoría de diputados de modificar el dictamen aprobado por las comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales para dejar de lado al gobernador en la eliminación del fuero? ¿Explicarán por qué razón eliminaron el párrafo primero del artículo 127 de la Constitución local? ¿O se atreverán a regresar nuevamente el dictamen a comisiones para ganar más tiempo?

Ante los graves niveles de desconfianza hacia los diputados, las agrupaciones civiles y empresariales, los activistas y ciudadanos que han pugnado por la eliminación del fuero y por otros cambios de fondo para combatir la corrupción y la impunidad en el estado, han convocado a la ciudadanía para que asista  hoy a las 10 de la mañana al recinto legislativo ubicado en la Plaza de Armas para exigir a los legisladores que aprueben la eliminación total del fuero y que atiendan otras demandas como hacer que el diputado Manuel Barrera Guillén, el cuarto presuntamente implicado en la “ecuación corrupta”, solicité licencia. La fuerza ciudadana en el recinto será fundamental para que los diputados no se pasen de listos.

Veremos pues si en uno de sus escasos actos de congruencia y de compromiso con la sociedad -no por convicción sino por presión, en su mayoría-, los diputados eliminan totalmente el fuero, aunque sólo sea el primero de muchos pasos en el camino para erradicar la corrupción y la impunidad en San Luis Potosí.   

(Por vacaciones del autor, esta columna no aparecerá el viernes 4 de agosto).

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