Por Antonio González Vázquez
A través de un oficio formal dirigido al Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, personas con discapacidad exigen que la institución inicie las acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, por no cumplir con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En el oficio firmado por un grupo de personas de distintas organizaciones civiles no gubernamentales, afirman que debió consultar a los colectivos y personas con discapacidad antes de promulgar Ley de Asistencia Social.
Incluso, advierten que el Estado podría enfrentar situación similar al conflicto legal por Plan Estatal de Desarrollo, cuando no consultó a los pueblos indígenas.
Previo a la promulgación de la Ley de Asistencia Social, publicada el 20 de junio del presente año en el Periódico Oficial del Estado, el citado ordenamiento legal debió someterse a consulta, ya que en él se incluyen artículos como el 3, 5, 6, 14, 16, 18, 21, 47, 50 y 61 que afectan de manera directa a las personas que vivimos con alguna discapacidad en San Luis Potosí.
La solicitud formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que preside Jorge Andrés López Espinosa, la presentamos desde el 30 de junio del presente año, una vez que se publicó el decreto con el que cobra vigencia de citada ley, sin embargo, queremos denunciar que al día de hoy seguimos esperando que ese organismo autónomo haga valer sus facultades legales e inicie la acción de inconstitucionalidad.
La entrada en vigor de la Ley de Asistencia Social viola la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que en su artículo cuarto señala:
“En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes deberán realizar consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan”.
Pero ese requisito no se cumplió y al conocer el decreto 661 del Periódico Oficial del Estado, que contiene la citada legislación encontramos que se incluyeron ordenamientos que afectarán de manera cotidiana nuestro desarrollo y vida en sociedad.
