Alejandro Rubín de Celis

Un nuevo acto de simulación se cocina en el Congreso del Estado con la trayectoria que sigue el proyecto de decreto para crear una nueva Ley de Comunicación Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, al que se le han quitado dos disposiciones fundamentales para evitar el dispendio en el gasto de los entes públicos en materia de medios y propaganda personalizada, y la posibilidad de contar con un  órgano de vigilancia con capacidad de presentar denuncias ante las autoridades por el uso indebido de recursos públicos.

El proyecto de marras, que responde a la obligación de los estados de armonizar su normatividad a la Ley General de Comunicación Social ─denominada por académicos y especialistas como Ley Chayote porque sólo legaliza las peores prácticas de corrupción en la relación prensa-gobierno─ y cuyo periodo para su aprobación incluso ya ha caducado, surge de dos iniciativas presentadas, una en mayo del año pasado por el diputado Mauricio Ramírez Konishi, y la otra al mes siguiente por la diputada Martha Barajas García.

En el artículo 18 de la iniciativa de Ramírez Konishi se establece que “el gasto anual en propaganda gubernamental contenida en el programa no deberá exceder el cero punto cinco por ciento (0.5%) del Presupuesto de Egresos del ente obligado para el ejercicio correspondiente”, mientras que el artículo 15 de la iniciativa que presentó Barajas García incluye un párrafo que señala: “El gasto anual en comunicación social, no podrá exceder del cero punto cinco por ciento del Presupuesto asignado al Ente Público, para el Ejercicio fiscal correspondiente, sin embargo, de manera extraordinaria podrá considerar una ampliación en los casos del capítulo V del presente título.”

Pero resulta que en la versión del proyecto de decreto que acaba de aprobar por mayoría la Comisión de Vigilancia el martes pasado no se incluye esa disposición. La diputada Marite Hernández lo hizo notar en la sesión ─trasmitida en vivo en la página web del Congreso─ pero el asesor de la comisión, Carlos Alberto Salazar, dijo que no se había incluido porque la comisión dictaminadora lo elaboró bajo la idea de armonizarla con la Ley General, “la que no maneja límites en ese sentido como lo proponían los sustentantes en sus iniciativas”. Es decir, no se vale mejorarla, preferible que se quede igual de deficiente y simuladora que la Ley Chayote ya que de lo que se trata es de proteger los intereses de la clase política, y el gasto en medios y la propaganda personalizada son dos de ellos.

Establecer como límite un 0.5% por ciento al gasto anual de los entes públicos no es la propuesta deseable ni mucho menos la ideal para evitar el escandaloso gasto que hacen algunas entidades en medios y propaganda, con énfasis en la promoción personalizada de sus titulares, sobre todo si se toma en cuenta que el colectivo  #Medios Libres, que hizo una propuesta a nivel federal para regular la publicidad oficial con base en estándares internacionales, propuso que el límite fuese de cero punto cero cinco por ciento ─0.05%─.

Sin embargo, medio punto porcentual hubiese permitido al menos limitar un gasto que en este momento está fuera de todo control y que permite que cada entidad pública incluya en su presupuesto anual la cantidad que mejor le convenga sobre todo para la promoción de imagen de quien la encabeza, y para beneplácito y ganancia de centenares de medios de comunicación, la mayoría de los cuales carecen de calidad, alcance y cobertura.

Si pudiera quedar el 0.5% ─todavía hay tiempo de incluirlo en la minuta─ El Ayuntamiento de San Luis Potosí, con un presupuesto para este año de  3 mil 64 millones 543 pesos, tendría como tope de gasto en comunicación social y publicidad  la cantidad de 15 millones 322 mil 715 pesos, y no 65 millones 762 mil 410 presupuestados originalmente, que representa el 2.1% sobre su presupuesto anual.

Con un presupuesto para este 2020 de 323 millones 148 mil 355 pesos, el Poder Legislativo tendría un límite de gasto de un millón 615 mil 741 pesos, y no de 10 millones de pesos que presupuestó, que representan el 3.09%  sobre su presupuesto anual.

El único que estaría por debajo de ese 0.5 por ciento es el Poder Ejecutivo, al que con un presupuesto de 23 mil 78 millones 417 mil 294 pesos, le tocarían 115 millones 392 mil 86 pesos para comunicación social. Sin embargo, se asignó una partida de 82 millones 972 mil 858 pesos, es decir  el 0.35% sobre su presupuesto anual, que aún es muy alto.

En la sesión del 8 de septiembre, el diputado Martín Juárez Córdova quiso aclarar a la diputada Marite Hernández que el tope para el gasto en comunicación social y publicidad lo están discutiendo en las comisiones que analizan la Ley de Austeridad, en razón de un dos por ciento sobre el presupuesto anual de los entes públicos ─que sería aún mejor─. Esto fue lo que dijo: “Donde hace referencia precisamente la diputada Marite que lo hemos estado viendo por ahí es en la Ley de Austeridad, diputada, creo que es ahí donde usted se estaba refiriendo, donde ha habido estos topes (…) en este caso estamos hablando máximo creo… dos por ciento, si mal no recuerdo”.

Pero en la versión más reciente del proyecto de decreto de la Ley de Austeridad en poder de esta columna no aparece ese dos por ciento del que habla el legislador. El Capítulo IV, titulado Austeridad en Comunicación Social, contiene un solo artículo, el 17, que a la letra dice: “El gasto neto total anual asignado a la propaganda y publicidad oficial por los entes públicos, se restringirá a lo estrictamente indispensable para dar cumplimiento a los fines informativos, educativos o de orientación social cuya difusión se determine necesaria. La difusión de propaganda oficial deberá realizarse por conducto de la dependencia, departamento o área que señalen sus leyes respectivas”. Y es todo.

Del proyecto de decreto para crear una nueva Ley de Comunicación Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, que ha sido aprobado por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Vigilancia, y que falta por ser votada en la de Hacienda y la de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tampoco aparece una disposición contenida en la propuesta de la diputada Martha Barajas para crear un Consejo Consultivo que vigile el cumplimiento de la ley y una de cuyas funciones sería la de “presentar las denuncias o querellas correspondientes ante la autoridad penal o la Auditoría Superior del Estado, en cuanto se detecten irregularidades en el uso de recursos públicos destinados a la comunicación social”.

En resumidas cuentas, si las propuestas de ley de Ramírez Konishi y Martha Barajas adolecían de varias inconsistencias ─por estar hechas a imagen y semejanza de la Ley Chayote─ pero al menos incluían estas dos importantes disposiciones para controlar el gasto en medios y la propaganda personalizada, la que acaba de aprobar la Comisión de Vigilancia es un engendro que sólo servirá para convalidar el sistema de corrupción y privilegios de los que se favorecen altos funcionarios y medios de comunicación.

A menos que los diputados de las comisiones de Hacienda y de Transparencia y Acceso a la Información Pública muestren un mínimo de honestidad y decoro y rechacen el  proyecto para que la Comisión Dictaminadora analice los argumentos del rechazo y eventualmente rectifique.

Pero aun si no fuera así, hay todavía una tercera vía, el pleno del Congreso, que tendrá la oportunidad de demostrar en la votación final que al menos por esta ocasión se pondrá del lado de la sociedad y rechazará la iniciativa de ley si no contiene al menos estos dos importantes mecanismos de control para el combate al dispendio y la inconstitucional promoción personalizada de la que se valen altos funcionarios y servidores públicos.

Veremos si ahora si se portan a la altura de sus responsabilidades o si nuevamente nos decepcionan, como suelen hacerlo.