Estela Ambriz Delgado
Luego de permanecer encarcelado poco más de tres meses, el catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), y activista defensor de los derechos de los pueblos indígenas, Miguel Ángel Guzmán Michel, fue liberado durante la noche del pasado domingo 21 de septiembre.
Las organizaciones y los movimientos sociales en los que participa como Movimiento de Liberación Nacional – Nuevo País, El Movimiento Magisterial hacia la Convención Nacional para Democratizar el SNTE, la Central Continental de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, el Frente Popular Francisco Villa, el Congreso Popular y la Convención de la Ciudad de México, entre otras, informaron del hecho.
Mediante un comunicado publicado el lunes 22, agradecieron a quienes se solidarizaron para exigir la liberación del activista, inclusive representantes del gobierno mexicano y de otros gobiernos de Latinoamérica.
Expresaron que su libertad es un triunfo de todas y todos en contra de un intento de criminalización por parte de la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Hertz Manero, quien aseguran mantiene, junto con buena parte del gobierno, una campaña de acoso, criminalización, persecución e incluso asesinato de líderes como el caso del padre Marcelo Pérez, en Chiapas.
“Los movimientos sociales celebramos la liberación del compañero como una victoria contra la política de criminalización con la convicción de que luchamos por causas justas, que buscamos impulsar la Unidad Nacional Popular para la liberación de México y que junto al pueblo y sus organizaciones democráticas”.
La detención del catedrático acontecida el 20 de junio; se especula pudo derivarse de su participación en la defensa de la comunidad xi’ui de La Palma municipio de Tamasopo, quienes han sido acosados debido al descubrimiento de una veta de oro en sus tierras; así como por acciones legales que planeaba presentar contra Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por usurpación de funciones.
En su momento, las organizaciones que lo respaldan denunciaron que la acusación que se le hizo por supuesto terrorismo por colocar bombas en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) de diversos estados, y de pertenecer a una organización armada, fue sustentada en una acusación de 2007 formulada por un testigo protegido.
