Por Victoriano Martínez
Desde hace años, pero especialmente a partir de los incendios entre abril y mayo de 2018, que culminaron con la promesa presidencial de declararla Área Natural Protegida (ANP), la defensa contra depredación inmobiliaria de la Sierra de San Miguelito ha generado en los habitantes de la ciudad cada vez más apoyo, fundado en la comprensión de la importancia de su preservación.
No obstante, grandes empresarios del ramo inmobiliario con tal poder que pueden inclinar decisiones gubernamentales para favorecer sus intereses, no han cejado en sus intenciones por desarrollar proyectos de indudable depredación ecológica sobre la Sierra, sin importar el daño que le provocarían a la ciudad.
Cuando, el 12 de febrero, el Cabildo capitalino pretendió abrir el paso a la depredación con la aprobación de los programas de desarrollo urbano, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) puso un dique que los ediles tuvieron que aceptar y aprobaron parcialmente los programas para respetar las determinaciones sobre la preservación de la Sierra.
La historia sobre la disputa por la Sierra continúa con acciones desde ambos frentes.
Quienes tienen claro que preservar la Sierra de San Miguelito es lo mismo que preservar la Ciudad, aportaron cientos de participaciones en la Consulta Pública abierta por la SEMARNAT para definir el polígono a declarar ANP, con observaciones y propuestas precisas, con fundamentos legales y apoyados por estudios científicos.
Del lado de quienes ven a la depredación inmobiliaria como el destino obligado para la Sierra, comuneros y ejidatarios de nueve de los 37 núcleos agrarios identificados dentro de la propuesta de ANP, integraron el 25 de febrero un Frente para oponerse a la declaratoria sometida a Consulta.
Entregaron un escrito a la SEMARNAT –por vía distinta a la Consulta– con su postura y advirtieron que de no obtener respuesta este 2 de marzo, iniciarían acciones de resistencia civil.
No hubo respuesta, según declaró Rodolfo Valdés García, comisariado de San Juan de Guadalupe, quien anunció que a partir de hoy promoverán amparos y podrían adoptar otras alternativas, como tomas de carreteras y avenidas para hacerse escuchar por el Gobierno Federal.
En el ámbito de las autoridades, los movimientos a favor y en contra de la preservación de la Sierra tampoco se detienen. Tras la inacción de la Juez Octava de Distrito, Laura Coria Martínez, ante cuatro incidentes de violación a una suspensión de amparo por parte de integrantes del Cabildo, las autoridades ejidales de Guadalupe Victoria la denunciaron ante el Consejo de la Judicatura Federal.
Coria Martínez se excusó de continuar en el caso con el argumento de que le surgió enemistad con los quejosos que afectaría su imparcialidad en el juicio, como si al no dar trámite a los incidentes de violación y rechazar una ampliación de la demanda de amparo no hubieran sido en sí actos parciales, por los que precisamente la denunciaron ante el Consejo de la Judicatura.
Una denuncia que abre nuevamente la posibilidad de se valore de nueva cuenta los incidentes de violación al amparo, por lo que los integrantes de las comisiones que dictaminaron los programas de desarrollo urbano, y el Cabildo en pleno, podrían ser sancionados, dado que violar una suspensión de amparo se considera un delito.
Y si de la actuación del Cabildo se trata, las revelaciones sobre lo que pretendían aprobar surgen a cuentagotas y de manera indirecta. El regidor Daniel González Ayala, en una declaración publicada en Plano Informativo, dijo que la construcción de la Vía Alterna depende de la SEMARNAT porque esa dependencia no excluye de la ANP los terrenos por los que pasaría.
Se trata de una revelación indirecta de que con los programas de desarrollo urbano estaban dispuesto a aprobar que esa vía carretera cruzara la Sierra de San Miguelito, sin importarles que se considerara parte de la potencial zona a proteger como parte de la ANP.
Revelaciones que no llamarían la atención si el Ayuntamiento se hubiera esforzado por comunicar de mejor manera lo que pretendían realizar con los programas y las razones para hacerlo. Una omisión que derivó en que hoy sus propuestas estén aprobadas parcialmente, aunque sin validez.
La historia de la Sierra de San Miguelito aún es un estira y afloja entre quienes luchan por preservarla y quienes pretenden explotarla por la vía de la depredación inmobiliaria.
Una tensión a la que, en los próximos días, está por sumarse otra amenaza de explotación: la depredación electorera por parte de candidatos que se perfilan para tomar su defensa como bandera para obtener votos, cuando es claro que sus posturas valen lo que una moneda de tres pesos.
