Por Victoriano Martínez
Hace 29 días inició formalmente el proceso electoral 2020-2021 y los siempre candidatos, con sus ansias que los empujan a realizar campañas prematuras, cuentan los días para poder continuar con sus actos de proselitismo –ahora sí– con un ligero toque de legalidad: el próximo arranque de las precampañas.
La Ley Electoral de 2014, vigente para las elecciones del 6 de junio de 2021, define las precampañas como “el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos, sus militantes, las y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular, debidamente registrados por cada partido”.
Quienes desde hace meses, e incluso años, ya andan en campaña desde el cargo que ocupan, todavía tendrían que limitarse durante ese periodo de precampañas a realizar sus actividades de proselitismo a involucrar sólo a los militantes de su partido. Es sólo un decir, porque ya llevan meses, e incluso años, que no respetan los límites constitucionales a su promoción personalizada.
Las precampañas, no obstante, serán el pretexto ideal para justificar sus actividades proselitistas en las próximas semanas. Dos situaciones harían prever que no existieran actos multitudinarios en esas acciones de proselitismo: son actos limitados a partidos, militantes y precandidatos, y las medidas sanitarias por la pandemia del Covid-19 exigen evitar reuniones masivas.
Una previsión que difícilmente puede esperarse que se cumpla porque es larga la lista de aspirantes que si no han tenido el menor respeto a las medidas sanitarias, mucho menos lo tendrán sobre la limitación de las actividades a los militantes de sus partidos.
Desde antes de las esperadas precampañas, los aspirantes precoces se revelaron como un riesgo sanitario, unos con reuniones discretas pero que rompían todos los protocolos sanitarios, otro tan abierto, como el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, que llegó a retar al Instituto Nacional Electoral (INE) a que lo sancionara porque él no dejaría de “ayudar” con su reparto de dádivas.
Gallardo Cardona ha sido hasta ahora el politiquero que ha representado el mayor riesgo sanitario, y ya amenaza con incrementar sus actividades potencialmente contagiosas de Covid-19 a partir del 10 de noviembre, para cuando anuncia el inicio de una precampaña “inolvidable”, aparentemente sin contrincante dentro del PVEM.
La precampañas, limitadas legalmente a actividades sólo entre partidos, militantes y precandidatos, tienen en el número de afiliados de cada partido la cifra que representa el nivel de riesgo de contagios que podrían provocar con las movilizaciones, si efectivamente cumplieran con esa disposición de la Ley Electoral.
El activismo de promoción precoz de Gallardo Cardona, quien a partir de la llegada de la pandemia se convirtió en una virtual fuerza de contagio Covid, lo catapultó para –con las afiliaciones masivas al PVEM logradas con su movilización– encabezar el nivel de riesgo de contagios que podría provocar en precampañas limitadas a los militantes verdes: 46 mil 967 personas.
Si los precandidatos de cada partido se limitaran a hacer campaña entre sus compañeros de filiación, el nivel de riesgo lo representaría el número militantes a los que tendrían que llegar. El PCP a 2 mil 762; el PANAL a 2 mil 27, el PT a mil 619, el PAN a mil 406, el PRD a mil 339, MORENA a mil 58, el PMC a 778 y el PRI a 696.
De los 58 mil 652 afiliados a algún partido político en el estado, quienes serían los involucrados en actos proselitistas inter partidistas y por tanto potenciales convocados a reuniones con riesgo de contagio, el 80.08 por ciento los acapara el PVEM, cuyo aspirante, quien ya anuncia una precampaña “inolvidable”, ha dado reiteradas muestras de poco respeto a las medidas sanitarias.
Si algo va a caracterizar a las precampañas y campañas para las elecciones del 2021, será la demostración del grado de respeto que tendrán los candidatos hacia la protección de la salud de los ciudadanos, que para ellos son simples votantes.
La pandemia por el Covid-19 pondrá a prueba a los candidatos: mientras más actos masivos organicen más demostrarán que poco les importa la seguridad y la salud de los electores, y en consecuencia, menos merecen el voto.
Una prueba que vuelve obligatoria una mayor coordinación entre autoridades electorales y de salud para proteger a la población de esos politiqueros que en los últimos siete meses han acreditado que representan un riesgo sanitario.
