Texto: Marcela Del Muro
Foto: Narrativas Dignas
Las noticias nacionales estuvieron dominadas durante toda la semana pasada por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Se habla de su papel como líder de una de las organizaciones criminales más poderosas, expansivas y agresivas de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y de la ola de violencia e incertidumbre que generó la confirmación de su muerte. Verónica Vargas mira esas noticias con ansiedad. “Me entró la angustia de imaginarme si traerán ahí a mi hijo”.
Alan Michel Martínez Vargas fue desaparecido en Lagos de Moreno, Jalisco, el 26 de julio de 2021 por integrantes del crimen organizado en colusión con la policía municipal. Las investigaciones señalan que el joven de 23 años fue entregado a la organización criminal junto a otros tres compañeros de trabajo que viajaban de San Luis Potosí a Tonalá: Calep Adonai Maldonado Moncivais, Jorge Rodríguez Ortiz e Israel Andrade Hernández.
Las familias de los cuatro muchachos sienten que sus hijos y hermanos siguen con vida y que, quizá, fueron víctimas de reclutamiento forzado. A inicios de la primavera de 2023, medios nacionales informaron sobre la detención de una célula delictiva. En una nota de El Universal se difundió una fotografía de los presuntos detenidos posando con armas largas; en ella aparece un joven que, por su complexión y postura, doña Vero pensó que podía ser su hijo. Sin embargo, la fiscal encargada del caso desestimó la información y aseguró que Alan no se encuentra detenido.
La estructura jerárquica del cártel se sostiene, en gran medida, sobre miles de personas desaparecidas que han sido reclutadas de forma forzada para ocupar los eslabones más bajos de la organización.
“Su éxito y nuestra desgracia es que se han dedicado a construir mercenarios”, dice Alejandra Guillén González. La académica y periodista jalisciense explica que los jóvenes son llevados a centros de entrenamiento, tortura y exterminio ubicados en Jalisco –como los predios en Teuchitlán– y en otros estados del país. “Después de estar meses en estas ‘escuelitas’, en estado de sobrevivencia, en ese horror, logran pasar a nómina”, apunta. Es decir, pasan a trabajar como halcones –vigilantes–, pistoleros o comandantes de los “muchachos de choque”, como los denomina el cártel.
Guillén González menciona los documentos de ganancias, gastos y nóminas del CJNG, obtenidos por El Universal en una de las cabañas de Tapalpa, donde se llevó a cabo el operativo contra El Mencho. En estos registros aparecen pagos a integrantes de los grupos de choque que van de los 2 mil a 7 mil pesos semanales. “Esos pagos coinciden con los salarios que sabemos quetienen desde hace 10 años, y seguimos viendo una precarización absoluta de ese trabajo”, agrega.
Esa precarización ha generado reacciones en redes sociales: “Gana más un wey en la maquila haciendo tiempos extra que un pobre incauto (…) estando de pistolero de las 4 letras. ¿Por 4 mil varos arriesgan su vida?”, se lee en un tuit viral. Sin embargo, la realidad es más compleja. Muchos de esos jóvenes no eligieron ese destino, provenían de contextos igualmente precarizados y buscaban una forma de salir adelante.
Una forma recurrente de enganchar a los jóvenes es mediante ofertas de trabajo falsas o son desaparecidos durante traslados, como ocurrió con Alan, Calep, Jorge e Israel, quienes atravesaban Lagos de Moreno rumbo a la obra donde trabajaban en Tonalá, a bordo de una camioneta de la compañía potosina MYSI Mantenimiento y Soluciones Industriales, junto a otros tres compañeros.
Ninguno de los cuatro tenía contrato ni prestaciones de ley, su salario les llegaba incompleto y tampoco contaban con condiciones dignas de vida, de trabajo ni de seguridad. “No se hicieron responsables de nada, ni de aceptar que ellos estaban trabajando ahí. Debieron de haber puesto de su parte para la búsqueda”, dice la señora Vero.
Desde su ingreso a los campos de entrenamiento, los jóvenes son privados de la libertad y aislados de sus redes de apoyo; su identidad les es arrebatada y son sometidos a procesos brutales de deshumanización. Los apodos que aparecen en los documentos de nómina forman parte de esa estrategia del cártel para despersonalizar a los reclutados, explica la académica y periodista Alejandra Guillén.
La colusión y protección policiaca: una estrategia de control territorial
Entre los reportes de pagos también aparecen presuntos sobornos a corporaciones policiacas y a militares de Tapalpa y nueve municipios cercanos. “Tienen el control total. Realmente es muy difícil escapar porque tienen ojos en todos lados, no solo es la estructura criminal, también las autoridades que están ahí trabajando para ellos, obligadas o no”, señala Alejandra Guillén.
El 13 de noviembre de 2025, cuatro policías municipales de Lagos de Moreno fueron sentenciados a 40 años de prisión por la desaparición forzada de Alan, Calep, Jorge e Israel.
“Óscar ‘A’, Erick ‘H’, Seyed ‘M’ y Juan ‘M’, en su calidad de policías municipales participaron como coautores en la desaparición de cuatro jóvenes procedentes del estado de San Luis Potosí. Los ahora sentenciados fueron detenidos en mayo de 2022”, manifiesta el comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR).
Los cuatro potosinos viajaban cada lunes de San Luis Potosí a Tonalá, donde trabajaban en la construcción de un motel. Aquel 26 de julio de 2021, en la camioneta también iban el chofer, un electricista y un albañil. La investigación indica que, antes de salir de Lagos de Moreno, se detuvieron en un Oxxo, donde se reportó un robo que fue atendido por la policía municipal. Al salir del establecimiento, un auto comenzó a perseguirlos y los impactó, en ese momento los trabajadores fueron separados y se perdió el rastro de Calep, Israel, Jorge y Alan.
“En el tema de las desapariciones múltiples, algo que he podido documentar es que casi siempre las van a vincular a robos, aunque no tenga nada que ver, ese suele ser su argumento. Me he dado cuenta de que sucede aquí, en Lagos, y en municipios de la región”, explica Celia Espinoza, periodista que se ha dedicado a la cobertura de personas desaparecidas en los Altos de Jalisco.
Después de separar a los trabajadores, ya pasado el mediodía, obligaron al chofer a continuar manejando, mientras que el electricista y el albañil fueron cubiertos con una cobija en la parte trasera del vehículo y, así, recorrieron distintas bodegas y rancherías de la zona.
Alrededor de las ocho de la noche, integrantes del crimen organizado los entregaron a los cuatro policías municipales. “Les dieron a los tres chicos que quedaron y les dijeron que se declararan culpables del robo, de la marihuana y del arma que les pusieron”, explica Vero.
Celia Espinoza recuerda que el CJNG entró a Lagos de Moreno durante el primer año de la administración de Enrique Alfaro Ramírez (2018-2024), momento en el que comenzaron a detectar la participación de policías estatales y municipales en casos de desapariciones. “A ‘los negros’, que son la policía estatal y tienen uniforme negro, le llamamos ‘el otro cártel’”.
La detención de los tres potosinos fue difundida en algunos portales locales, donde se informó que se les había encontrado marihuana y armas. Así se enteraron las familias que Alan, Israel, Calep y Jorge habían sido desaparecidos.
Doña Vero esperaba que el juicio oral contra los policías permitiera conocer el paradero de sus hijos, pero los municipales se declararon inocentes y se abstuvieron de testificar. Aún así, las pruebas, como la sábana de llamadas, y las declaraciones fueron suficientemente contundentes y abrumadoras para sentenciarlos.
“Me duele mucho. Por una parte se está haciendo justicia, estoy alzando la voz por mi hijo; pero 40 años no son nada comparados con la vida de mi hijo. Por lo menos van a estar ahí dentro y no volverán a cometer algo como lo que les hicieron a nuestros hijos, pero desgraciadamente aún no sabemos nada de ellos”, dice Vero.
