Los diputados, aferrados a las dádivas

Por Alejandro Rubín de Celis

Los diputados del Congreso del Estado encontraron la fórmula perfecta para hacerse propaganda con cargo a la ciudadanía en la búsqueda de nuevos puestos públicos para seguir viviendo del presupuesto: entregar dádivas a la gente de sus distritos o emplear esos recursos destinados ilegalmente a apoyos sociales para lograr propósitos personales o de grupo. No es sólo una estrategia de los diputados en funciones, lo han hecho los de otras legislaturas y, en buena medida, bajo el manto de la opacidad.

Los legisladores han actuado permanentemente en la ilegalidad. Sí, los mismos que aprueban las leyes y las sanciones para quienes las violentan. No hay ninguna disposición legal que los faculte para entregar ayudas sociales y hay un principio jurídico que establece que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley expresamente le permite. La atribución de entregar apoyos a grupos vulnerables, que es algo legítimo y necesario en un país y un estado con tantas desigualdades, es de otras instancias como la Secretaría de Desarrollo Social (federal y local), los sistemas DIF (municipal y estatal) y los ayuntamientos (a través del Ramo 33 de carácter federal), entre otros, pero no del Poder Legislativo.     

La práctica del clientelismo de la actual legislatura por la vía de los apoyos sociales alcanzó en 20 meses, de septiembre de 2015 que empezó sus funciones hasta mayo de este año (ver aquí monto de cada cheque por mes y año. Hojas de Excel 1,2 y 3), la cantidad de 31 millones 471 mil pesos (tabla de abajo). El 29 de septiembre de 2015, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ese ente legislativo que maneja como mejor le parece una parte importante de los recursos del Congreso, aprobó los Lineamientos para la Comprobación de Apoyos para el Trabajo Legislativo que incluyen las partidas de Apoyo para Gestoría por la cantidad de 20 mil 132 pesos mensuales por cada uno de los 27 diputados, y Apoyo del Comité de Gestoría y Quejas por 16 mil 837 pesos por congresista, que en conjunto hacen un gasto mensual de 998 mil 163 pesos.

Gasto en apoyos sociales de la LXI Legislatura del Estado

      Fuente: elaboración propia con base en los cheques emitidos por el Congreso del Estado para  la entrega de apoyos sociales en distintas partidas presupuestales.

* Sólo la segunda quincena del mes. La LXI legislatura inició actividades el 14 de   septiembre   de 2015.

De acuerdo a los Lineamientos, la gestoría en estos dos tipos de apoyo legislativo se entiende como “cualquier apoyo otorgado para un beneficio social, público o personal” entre los que se encuentran gastos médicos diversos, despensas, gastos de estudio, fomento al deporte, viáticos, donativos para festividades, mobiliario, equipo tecnológico y “cualquier otro apoyo y/o beneficio que se solicite al diputado”. Otra instancia que decide y entrega dádivas es la propia Jucopo.

Los recursos públicos que otorgaban los diputados hasta julio pasado a través de las partidas de Apoyo para Gestoría y Apoyo del Comité de Gestoría y Quejas eran distribuidos de manera discrecional por cada legislador sin que se supiera a quiénes y bajo qué criterio se les entregaban. Incluso se ha especulado que hay diputados que los usaron para asuntos personales. De los únicos fondos que se ha conocido públicamente su destino son de los que aprueba la Jucopo a su arbitrio, sin que haya criterios o lineamientos claros para su entrega.

En el despilfarro con cargo a los potosinos ha habido ayudas de todo tipo: despensas, juguetes, medicamentos, aparatos ortopédicos, uniformes, trofeos, material para construcción; ayudas para colegiaturas, apoyos para posadas, útiles escolares, consultas médicas, viajes de estudio, viáticos para actividades diversas, artículos electrodomésticos, cobijas, mobiliario,  equipo tecnológico y un largo etcétera.

Con el antecedente de los abusos de otras legislaturas en el tema, desde septiembre de 2015 comenzó la presión ciudadana para acabar con estas prácticas que sólo han servido a los diputados para hacerse propaganda principalmente en busca de nuevos puestos dentro de la administración pública. El abogado José Mario de la Garza presentó una iniciativa para acabar con todo tipo de apoyos que usan y entregan los congresistas con fines particulares, aunque digan que lo hacen con propósitos altruistas. En el afán de mantener ese privilegio indebido para los legisladores, en marzo del año pasado la propuesta fue rechazada en comisiones bajo el argumento de que los apoyos estaban incluidos en la Ley; ni siquiera subió al pleno para ser votada. Al menos otra iniciativa que se presentó en el mismo sentido también fue desechada. Pero la presión social continuó hasta que los diputados dieron “la gran noticia” de que eliminarían las partidas para apoyos sociales y que se aprobarían un aumento en sus ingresos, de 95 mil pesos mensuales (sin incluir bonos y otras prestaciones) a 114 mil, con el cual sufragarían de su bolsillo esos incentivos a la población. Las partidas de Apoyo para Gestoría y Apoyo del Comité de Gestoría y Quejas se eliminaron a partir de agosto, pero las dádivas continuaron por conducto de la Junta de Coordinación Política, de manera más cuantiosa en meses con fechas especiales como el Día del Niño, el Día de la Madre y Navidad.

Con la cancelación de las dos partidas que usaban bajo absoluta discreción, los diputados sólo hicieron una pausa y en una engañosa jugada incorporaron en el Presupuesto de Egresos del Estado para 2017 un artículo transitorio que les permite este año decidir el destino de 80.5 millones de pesos. ¿Cómo iban a dejar pasar la oportunidad de seguir entregando dádivas en el año previo a las elecciones en las que muchos quieren participar, ya sea para reelegirse o para buscar una presidencia municipal, una senaduría o una diputación federal?

No se sabe si para su mala suerte o si sea un acto de mera simulación pero la Secretaría de Finanzas ha dicho que no cuenta con esos recursos etiquetados y que falta hacer algunas aclaraciones y cumplir algunos requisitos, pero no descarta la posibilidad de que los diputados influyan en la forma de ejercer esos fondos si finalmente se liberan. Aunque no serían ejercidos directamente por los diputados porque así lo establece el artículo transitorio, sí podrían decidir a dónde y a quiénes debe canalizarlos el gobierno del estado y decir luego a sus seguidores que ellos fueron los gestores de esos recursos, lo que les daría otro empujón en su búsqueda por mantenerse en la nómina pública.

No importa lo desprestigiados que estén, ni el repudio generalizado que perciben de la sociedad por sus bufonerías, su baja productividad legislativa y por escándalos como el de la “ecuación corrupta”, la mayoría de los diputados que buscará repetir o alcanzar otro cargo público sabe que con la entrega de dádivas aprovechándose de las necesidades y la ignorancia de mucha gente pueden alcanzar su sueño, pero para eso se necesita dinero, mucho dinero. Y por eso seguirán entregando indebidamente apoyos sociales con cargo al Congreso del Estado y tratarán de conseguir lo que puedan de esos jugosos  80.5 millones de pesos.

Y para el año entrante, año electoral, ¿qué harán nuestros productivos e incuestionables diputados?, ¿inventarán alguna otra estrategia, oculta o abierta, para repartir dinero ajeno como medio para alcanzar ese nuevo espacio que les permita seguir viviendo del presupuesto público?

La sociedad debe estar atenta y no permitir que siga el saqueo.