Adriana Ochoa
En el Poder Judicial, tanto federal como en San Luis Potosí, las urnas han dejado nuevas realidades que asumir. Cuestionada, desacreditada por el oficialismo que la creó, despreciada por la mayoría de los ciudadanos con derecho a voto y ejemplificada por la Organización de Estados Americanos como lo que no se deje hacer, la reciente elección de jueces y magistrados ha reconfigurado el mapa de la justicia.
La más destacada de las interrogantes la resolverán, más temprano que tarde, los hechos de quienes hoy son juzgadores electos: su autonomía. A nivel federal, la elección judicial ha consolidado el control de Morena sobre los principales tribunales. Los nueve aspirantes propuestos por el partido oficialista han accedido a la Suprema Corte.
En San Luis, por niveles de militancia abierta de los candidatos, adhesión de supervivencia, negociación mercantil o salvoconducto conveniente, el Poder Judicial es para Ricardo Gallardo Cardona. Se viera como se viera, la incomparecencia ciudadana le permitió a su estructura hacer y deshacer, a ojos vistos. También la ciudadanía que decidió no a votar obtuvo lo que quería: hacer notar su desacuerdo desde el origen.
Curioso que una voz del partido gobernante e impulsor de la elección judicial, la del diputado local Carlos Arreola Mallol, señale perfiles electos como magistrados que podrían ser impugnados por posibles violaciones al artículo 92 de la Constitución local, entre ellos el exfiscal y ex secretario de Seguridad, José Luis Ruiz Contreras. No le falta razón, Ruiz Contreras entró en último lugar de la votación y pese a su clara inelegibilidad por no separarse de la Fiscalía Estatal antes del año previo a la convocatoria.
El joven diputado Arreola Mallol no lo dijo antes de la elección, lo dice ahora, cuando ya está se sabe que el proceso local controlado por el gobernador no dejó pasar un solo perfil ligado a Morena al reparto de las magistraturas locales.
La ocasión lo confirma: al arrasador partido gobernante de este país, Morena, su aliado y dueño del PVEM en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, le tiene pisado el jorongo. Va a ser de antología si este poder local, ariete del senador Velasco, tampoco deja ir muy lejos a la presidenta Sheinbaum con la cláusula antinepotismo para 2027, una amarga salida de consolación para la jefa política de este país, después de la rebelión en el Senado para aplazar ese transitorio de la reforma hasta 2030.
A nivel federal, la elección judicial ha consolidado una tendencia innegable: perfiles afines a Morena han accedido a posiciones clave, incluyendo la Suprema Corte. El exfuncionario indigenista Hugo Aguilar, con la mayor votación, encabeza esta nueva configuración de la justicia mexicana. Es esta la nueva realidad: por gracia del “acordeón”, el arribo legaloide, que no legal, de cuadros con vínculos políticos que difuminan las fronteras entre el poder ejecutivo y el judicial.
La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su Misión de Observación Electoral, ya ha emitido una voz de alerta. Su informe preliminar subraya una preocupante baja participación ciudadana, apenas un 13%, cifra que cuestiona la legitimidad del proceso.
La Misión de Observadores de la OEA, en las consideraciones finales de su informe, concluye que por las fallas, trácalas abiertas en la selección de candidatos y complejidad del modelito, “no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”. De manera elegante, dice que “esta primera experiencia deja en evidencia que existen múltiples oportunidades de mejora”. Por si necesitaban que se los pusieran por escrito: a nivel global, la reforma judicial de López Obrador ha sido un infecto cochinero cuyos efectos habremos de padecer en tanto no hagan algo creíble, transparente, serio, imparcial y aceptable con la selección de juzgadores.
Por lo pronto, la narrativa del “nuevo Benito Juárez” indígena que encabezará la Suprema Corte, por la mayor votación para el abogado oaxaqueño Hugo Aguilar, es eso, narrativa. Es casi poética, si se quiere, pero da un poco de desazón que teniendo los rezagos que este país tiene en materia de justicia, las prioridades se atasquen en texturas: el debatito sobre si el señor ministro presidente de la Corte prescinde de la toga, como dijo en su primer anuncio, y si lleva o no gala indígena a las sesiones. Cuando los que llegan al poder se quedan estacionados en sus viejos discursos de resistencia al poder que ahora ostentan, la ineficacia lo va invadiendo todo.
En San Luis Potosí, la dinámica de la elección adquiere algunos rasgos distintos. La cosecha de votos para las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado es notablemente mayor para las candidatas femeninas. Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, con carrera judicial federal, alcanza en el conteo 191,373 votos. Será presidenta del STJE, pero sólo porque la suma de votos nulos, arriba de 300 mil, no tiene quién la represente con nombre, cara y apellido.
Zelandia Bórquez Estrada, una abogada de larga trayectoria en Derecho Electoral, lidera en la votación para el Tribunal de Disciplina Judicial. Languidecía en la sindicatura del nuevo municipio de Villa de Pozos, gobernador por el PVEM del gobernador cuando la elección judicial local tocó a las puertas.
El magistrado electo más votado, Jairo Hernández Garibay, no logra la cantidad de sufragios de la última magistrada electa, Mónica Kemp Zamudio: entre con 135 mil 199 y Kemp con 165 mil 019. El magistrado menos votado, José Luis Ruiz Contreras, alcanza a entrar con 115 mil 450. La suma de votos nulos en la elección de magistrados es también significativa: 243 mil 720 en el conteo previo total.
La mayoría de las magistradas electas provienen de la carrera judicial, lo que, en teoría, debería garantizar un profundo conocimiento técnico y apego a los principios del derecho. No obstante, esta experiencia no exime de escrutinio. Se han planteado impugnaciones sobre algunos perfiles electos, como el exfiscal José Luis Ruiz Contreras o la propia Zelandia Bórquez, por presuntas violaciones constitucionales relativas a sus cargos previos y tiempos de separación.
En definitiva, la nueva realidad judicial ya lo es. Hoy definen su rostro afinidades partidistas. Lo saben y el primer acto de los magistrados electos en SLP fue una presentación con solemne promesa de independencia. Otra vez narrativas. Ya hablarán sus hechos.
Si por ahí conservan un “acordeón” oficialista, no lo pierdan, quizá hasta sirvan para reclamar a quienes los ordenaron.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
