Los estados con alta incidencia de trata de personas en México

 

Ciudad de México (18 de agosto de 2016).- Con información originada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se mapeó las rutas de alta incidencia de la trata de personas y del trabajo forzado en México.

Las principales ciudades donde hay un registro de alta incidencia delictiva, son: Tijuana y Mexicali en Baja California; Nogales en Sonora; Ciudad Juárez en Chihuahua; Acapulco en Guerrero y Cancún en Quintana Roo.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que de 3.6 millones de personas que sufren de trata en el país: 31 por ciento son menores de edad (de entre 5 y 17 años), mientras que el 70 por ciento son personas migrantes e indígenas a quienes se explota para realizar trabajos peligrosos para su seguridad, salud y dignidad.

La información estadística, documental y de campo disponible en el Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México indica que la principal modalidad es la trata de personas es con fines de explotación sexual o al menos es la que más se ha estudiado, perseguido o cubierto en los medios de comunicación.

Le siguen en importancia la trata de personas con fines de trabajos forzados, la venta de niños y niñas, y el trabajo forzado en actividades relacionadas con la delincuencia organizada.

Entre el universo de posibles víctimas de trata de personas, los grupos e individuos en mayor riesgo son aquellos que sufren exclusión y discriminación, que viven condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de carácter sistemático y/o que sufren de carencias afectivas o emocionales.

En este sentido, el perfil de las víctimas identificadas y rescatadas hasta el momento, en conjunto con distintos indicadores económicos y sociodemográficos, confirman que las mujeres, particularmente las niñas, adolescentes y jóvenes, son las más susceptibles a ser víctimas de este delito.

Foco rojo.

Un foco rojo de particular preocupación es el caso de niñas y mujeres indígenas en todo el país, particularmente en la región sur-sureste donde las condiciones de empleo, migración y acceso a la educación son más precarias y desfavorables que para el resto de la población femenina en general.

También preocupa algunas prácticas culturales que promueven la venta y explotación de las mujeres, pues contribuyen a la vulnerabilidad de este grupo al delito de trata de personas.

Los varones también están en riesgo de ser víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, sobre todo en el caso de menores de edad, pero la evidencia explica que son relativamente más vulnerables a la trata de personas con fines de trabajos forzados.

Bajo esta lógica, se determinó que en México la trata de personas representa la tercera fuente de ingresos para la delincuencia organizada, después de la venta de armas.

Esta información recopilada por la ONU sirvió para que la Comisión Permanente promueva un punto de acuerdo para pedir a las autoridades federales, estatales y municipales a que, de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalezcan las acciones necesarias para combatir, reducir y sancionar la trata de personas con fines de explotación sexual y de trabajos forzados en México; así como para proporcionar atención y reparación integral a las víctimas de estos delitos.

El documento legislativo sostiene que en este tema hay un avance considerables de las distintas autoridades, pero se reconoce que aún faltan accione conjuntas que permitan un combate más efectivo.

Este diagnóstico de la ONU muestra que sólo siete entidades (Baja California, Colima, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Veracruz) cumplen con la mayoría de los principios establecidos por el Protocolo de Palermo y 17 los atienden parcialmente. El resto de los estados atiende dichos principios de manera limitada.

Sobre el grado de vinculación que el tipo penal de trata de personas tiene con otros ordenamientos y su operatividad, los resultados muestran que sólo cuatro estados (Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Sonora) cuentan con reformas integrales que eviten contradicciones, duplicidad o problemas operativos en el combate a la trata de personas como la existencia de tipos penales relacionados.

El mismo estudio indica hay una escasez de estadísticas sobre la incidencia del delito de trata de personas en México, pues entre el año 2009 y el 2011 se registraron sólo 629 averiguaciones previas por el delito de trata de personas en el fuero común y en el fuero federal. El 32 por ciento de estas investigaciones correspondieron a actuaciones del gobierno federal.

También destaca que ocho estados (Aguascalientes, Tlaxcala, Chihuahua, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo) y el Distrito Federal concentran 81 por ciento del total de averiguaciones previas sobre trata de personas del fuero común. En el fuero federal se observa mayor dispersión, aunque también sobresalen los estados de Chiapas, Veracruz y Tlaxcala.

Fuente: Excélsior.

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