Por Victoriano Martínez
Para los jubilados del Poder Judicial del Estado, el actual sexenio trajo una modificación en sus condiciones de vida de la manera en la que menos se la esperaban: se han visto obligados a movilizaciones para protestar por incumplimientos en el pago de su pensión, del servicio médico, de retroactivos salariales pendientes desde el año 2021 y la aplicación del incremento salarial correspondiente al 2024.
La manifestación de este jueves 7 de agosto está lejos de poder se la última antes de que se normalice la situación y los jubilados puedan efectivamente disfrutar de su retiro luego de decenas de años al servicio de la administración de justicia, que hoy es a ellos a quienes se les niega.
“Presidente, exigimos su correcta interpretación del artículo 60 fracción II de la Ley de Pensiones. Su negligencia perjudica a los jubilados”, plantearon en una de sus pancartas con referencia a la falta de actualización del tabulador salarial del personal activo en la Dirección de Pensiones para que también se haga efectivo el incremento del 2.1 por ciento para ellos.
En su protesta, los manifestantes mencionaron que por parte de Luis Arturo Coronado Puente, director de Pensiones del Estado, tienen la información en el sentido de que no puede cumplir con el incremento mientras no se refleje formalmente ese aumento en la nómina del Poder Judicial.
El hecho es que durante la manifestación del pasado 7 de julio, apenas hace un mes Arturo Morales Silva, presidente del Poder Judicial del Estado, aseguró que el envío de los tabuladores actualizados a la Dirección de Pensiones para que esta pueda hacer los ajustes a las pensiones ya se había realizado.
Morales Silva declaró entonces que los pagos a jubilados ya no son responsabilidad directa del Poder Judicial, sino de la Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado.
El pasado 19 de noviembre, en otra de sus tantas acciones a las que se han visto obligados en su nueva condición de jubilados activos, o activistas, informaron que al menos 56 trabajadores jubilados denunciaron la falta de pago de sus pensiones, en tanto que la lista de afectados crecía considerablemente.
Para entonces, había demandas que llevaban dos meses de haber sido interpuestas, pero sin que los procesos avanzaran y se emitieran los fallos que ordenaran que se les realizaran los pagos pendientes.
El pasado 2 de octubre los jubilados del Poder Judicial realizaron una más de sus protestas porque, a pesar de haberse cumplido el plazo establecido en un acuerdo para realizarles los pagos pendientes, las autoridades no habían cumplido.
La movilización de los jubilados provocó en septiembre del año pasado que la Asociación de Abogados de San Luis Potosí A.C. exhortara a las autoridades del estado para que pagaran los adeudos con los jubilados para evitar que por las protestas se pudieran interrumpir las actividades de órganos jurisdiccionales.
La “buena noticia” para la Asociación de Abogados es que los jubilados son personas de la tercera edad a quienes se les dificulta realizar plantones permanentes, como lo han señalado en algunas de sus protestas. El reto para la Asociación de Abogados es efectivamente darles su apoyo a los jubilados para que se respeten sus derechos y no sólo pronunciarse en la parte que los puede afectar.
El hecho de que hace un mes Morales Silva haya afirmado que ya cumplió con el requisito de actualizar el tabulador salarial en la Dirección de Pensiones y que hoy el titular de esta dependencia se mantenga en la postura de que no se pueden hacer los ajustes hasta que no se refleje en la nómina indica un peloteo en perjuicio de los jubilados.
Si con esa seriedad se atienden las demandas de los jubilados, todo indica que por mucho tiempo retirarse del servicio activo en el Poder Judicial representará convertirse en activista frecuente para exigir lo que por derecho tendrían que recibir de manera cotidiana.
