Alejandro Rubín de Celis

Los despreciados, los ninguneados, los humillados, los discriminados; los utilizados por organismos oficiales para hablar de nuestras raíces y nuestra riqueza cultural, pero los olvidados en los programas de gobierno… sí, son ellos, los indígenas.

Quienes desde tiempos inmemoriales han logrado mantener, contra la depredadora modernidad y el progreso, sus costumbres, sus tradiciones, su lengua, su manera de ver e interpretar el mundo, ahora enfrentan, en pleno siglo XXI, la negligencia y el menosprecio de parte de gobiernos insensibles.

Tuvo que emitirse una orden judicial para que el Ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezado por el alcalde Xavier Nava Palacios, reaccionara y anunciara la próxima apertura de una Dirección o Unidad de Asuntos Indígenas. El juzgado octavo de distrito resolvió en favor de la comunidad Mazahua un juicio de amparo para hacer valer el derecho de los integrantes de ese grupo étnico de tener una representación política en el ayuntamiento, y ordenó a la autoridad municipal la creación de una instancia que vele por los intereses y la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones.

Ya en enero de este año, integrantes de la comunidad Mixteca presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por no haber sido considerados en la consulta para la creación del Plan Municipal de Desarrollo.

A principios de 2016, autoridades tradicionales, con el apoyo del abogado Guillermo Luévano, de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la UASLP, tramitaron dos amparos contra el Plan Estatal de Desarrollo (PED), debido a que no se consultó a los pueblos originarios para que presentaran sus propuestas y necesidades, tal como lo establece la Ley de Consulta Indígena del Estado de San Luis Potosí, y demandaron que se repusiera todo el proceso.

Los agraviados denunciaron simulación del gobierno estatal y hostigamiento por parte de la entonces titular del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Indepi), Margarita Viñas Orta, quien finalmente fue destituida.

Como de costumbre, el gobernador, Juan Manuel Carreras López, se justificó y adujo que el PED no estaba terminado  ̶ no obstante que ya lo había dado a conocer con bombo y platillo ̶  e instruyó al sucesor de Viñas Orta, Raúl González Vega, para que llevara a cabo la omitida consulta, que inició hasta septiembre de 2016 y concluyó en diciembre de ese mismo año.

La discriminación y el desprecio de que han sido objeto los pueblos originarios tan sólo en estos dos casos  ̶ por no mencionar la que a diario ejercen miembros de la sociedad civil, desde niños hasta adultos mayores en plazas y otros espacios donde los indígenas venden sus mercancías o piden limosna para sobrevivir ̶  y por parte de instancias de representación de los grupos étnicos en la entidad, dan cuenta de cómo las autoridades acostumbran actuar de manera reactiva y no proactiva, como debería de ser.

Tienen que ser representantes de esos grupos multiculturales los que alcen la voz para ser escuchados, no obstante que La Constitución y las leyes obligan a los gobiernos estatal y municipal a tomarlos en cuenta en los planes de desarrollo como a cualquier otro grupo social.

Pero, ¿qué tal se comportan los gobiernos con los empresarios? Esos sí que son ciudadanos de primera: blancos, bien vestidos y con chequera dispuesta para invertir en el progreso de la ciudad y del estado. Por supuesto que ellos están considerados en el Plan Municipal de Desarrollo y en el Plan Estatal de Desarrollo, faltaba más.

¿Hasta cuándo entenderán los gobiernos  ̶ y también los ciudadanos ̶, que los indígenas no son personas de segunda o de tercera, como muchos los ven, sobre todo por el hecho de ser pobres? ¿Hasta cuándo les daremos su lugar como ciudadanos de primera ­ ̶ igual que cualquiera debe serlo­ ̶  y lejos de despreciarlos y humillarlos les tendemos la mano?

A pesar de su histórico estado de marginación y olvido, los indígenas siempre están atentos a exigir sus derechos, y en adelante deben tenerlo bien claro el gobernador y el alcalde de la capital si no quieren volver a pasar episodios vergonzosos por dejar de cumplir sus responsabilidades, y que se vuelva a poner en duda ese discurso desgastado de que ellos gobiernan para todos.

De interés público

Por fin, después de una ardua labor de presión social, seis funcionarios de la Auditoría Superior del Estado y un exdiputado están vinculados a proceso, los primeros por presunto peculado en el caso de la llamada Fiesta Fantasma, y el segundo, también por posible peculado, por falsificación de firmas para desviar recursos públicos.

Pero todavía queda mucho camino por recorrer y existen serios riesgos de que estos y otros implicados en presumibles actos de corrupción libren la acción de la justicia. No hay que olvidar que al menos otros 15 exdiputados estarían involucrados en un fraude con fondos de la extinta partida de Gestoría Institucional.

Por más que se hable de separación de poderes, de contrapesos y de autonomía de la Fiscalía General del Estado, está presente el peligro de que se tomen decisiones políticas para que, uno, los ministerios públicos, con toda premeditación y dolo, no integren adecuadamente las carpetas de investigación durante los juicios  a efecto de que se caigan las acusaciones, o, dos, que haya línea directamente del gobierno estatal para que los jueces fallen a favor de los inculpados, aun cuando se presenten pruebas sólidas de su culpabilidad.

De eso tienen que estar muy pendientes las organizaciones civiles y los activistas que han logrado las primeras siete consignaciones, pero también la sociedad si es que los ciudadanos verdaderamente quieren que se haga justicia, como con vehemencia lo exigen en el café  o en la sobremesa.